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- De acuerdo con informe de Transparencia Internacional, Colombia hace parte de la categoría de cumplimiento escaso o nulo en la eficacia de su lucha contra el soborno transnacional.
- Fortalecer la investigación y sanción del soborno transnacional, avanzar en temas como la responsabilidad penal de personas jurídicas y una ley integral de protección a denunciantes, son la clave para disminuir el riesgo de Exportar Corrupción.
Transparencia Internacional hace pública la edición 2018 de su informe Exportación de corrupción[1], en la que califica a 44 países según la eficacia de su lucha contra el soborno transnacional bajo la Convención Anti-Soborno de la OCDE[2]. Según el informe, Colombia con un 0,2% de las exportaciones globales y con el inicio de una única investigación en el 2017, hace parte de los 22 países de la categoría de cumplimiento escaso o nulo, donde se concentra el 39,6% de las exportaciones mundiales.
En Colombia, aunque se han anunciado varias investigaciones en curso, la primera sanción por soborno transnacional se da en 2018 por el caso de Inassa, filial de la empresa española Canal de Isabel II, multada por la Superintendencia de Sociedades por la suma de $5.078.073.000, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.
Para Transparencia por Colombia existen tres recomendaciones principales para el país:
- Se debe avanzar en las investigaciones de presuntos casos de soborno transnacional, para lo cual resulta necesario continuar fortaleciendo las capacidades tanto de la Superintendencia de Sociedades como de la Fiscalía General de la Nación en los ámbitos de competencia de cada una de estas entidades.
- Colombia debe avanzar en el desarrollo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, teniendo en cuenta la discusión pública que se pueda generar alrededor del proyecto de ley anticorrupción radicado el mes pasado por el Gobierno Nacional y el Procurador General, Fernando Carrillo, sobre probidad y ética pública.
- Urge una Ley integral de protección a denunciantes que motive la denuncia y que mejore las garantías para quienes se atreven a denunciar hechos de corrupción, de tal manera que se eviten represalias para el denunciante y su familia.
A pesar de que los proyectos de ley anticorrupción presentado por la Procuraduría y la Fiscalía incluyen algunos elementos al respecto, es necesario tener una discusión más profunda para incentivar la denuncia y evitar criminalizar a los denunciantes, así como permitir la participación y aporte de diferentes sectores en la formulación de estos proyectos de ley.
Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, afirma que “es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las autoridades competentes en esta materia y en la sensibilización sobre las repercusiones del soborno transnacional en las empresas colombianas, pero sobre todo, se deben fortalecer las medidas y mecanismos prácticos para favorecer la denuncia efectiva en este tema”.
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[1] De 2014 a 2017.
[2] Colombia ratificó la Convención Anti Soborno de la OCDE en el 2013.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
