CapturaComo en el pasado, la reciente elección de algunos contralores y personeros ha estado rodeada de cuestionamientos y denuncias.

Cerca de 150 indagaciones preliminares de la Procuraduría General por presuntas irregularidades en los procesos de selección de contralores departamentales y municipales y de personeros; diez contralores departamentales que a la fecha no han podido posesionarse, porque sus procesos de elección han sido demandados o suspendidos, o porque el proceso se ha dilatado sin justificaciones aparentes; denuncias sobre potenciales conflictos de intereses de los elegidos, como haber sido gerentes o haber realizado aportes significativos a las campañas de los alcaldes y gobernadores a quienes van a vigilar, o haber ocupado cargos en previas administraciones de los mandatarios recientemente elegidos, o haber ocupado cargos directivos en las entidades encargadas de realizar los concursos de méritos; numerosas entidades–empresas de vigilancia y de aseo por ejemplo- que no son idóneas para realizar estos de selección de los candidatos; irregularidades en la escogencia de los aspirantes, como desconocer los puntajes recibidos en los concursos, o preguntas mal formuladas o filtradas con anticipación a algunos aspirantes; y contralores elegidos a pesar de tener investigaciones disciplinarias en curso por actuaciones durante el ejercicio previo de cargos públicos, son algunos de los casos que se han conocido.

Mientras estos hechos han sido denunciados por medios de comunicación, en redes sociales, por veedurías y ciudadanos, y mientras el Ministerio Público avanza en las indagaciones, contralores y personeros cuestionados se defienden con argumentos que aún si tienen sustento legal, pueden ser cuestionadas desde el punto de vista ético. Por ejemplo, si bien la ley no prohíbe expresamente que quien haya financiado a un candidato, o sido gerente de su campaña o trabajado en una administración previa del mandatario recientemente elegido no puede aspirar a ser contralor en la misma jurisdicción, por lo menos si se puede generar un dilema ético sobre su independencia. De otra parte, son evidentes los vacios normativos con relación a la forma de elección de los personeros y contralores, entre otras razones porque no se ha expedido la ley que reglamenta los concursos de méritos, a pesar de lo dispuesto en el Acto Legislativo sobre equilibrio de poderes aprobado en julio de 2015. Vale recordar que uno de los propósitos de esta ley fue modificar la forma de elección de estos funcionarios, con el propósito de garantizar la transparencia y blindarla de interferencias políticas.

Igualmente cuestionable es el silencio que han guardado los directivos de los partidos políticos que apoyaron candidatos cuestionados y que militan en sus filas. Como en el caso anterior, no hay impedimentos legales, pero sí surgen dudas sobre su compromiso de que quienes están llamados a fiscalizarlos sean personas calificadas y puedan actuar con independencia. Los partidos tienen responsabilidades políticas que van más allá de las normas. Como dice el dicho, no basta con ser honesto, sino parecerlo.

Ver columna en El Espectador