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Todos los días, en todos los medios de comunicación, aparecen noticias sobre escándalos de corrupción en el país. Desde la malversación de recursos destinados a los programas de alimentación escolar, el cartel de las ambulancias, cobros a través del SOAT por accidentes que nunca ocurrieron, la “captura” de delincuentes para entregarlos a bandas criminales a cambio de dinero, la financiación con las regalías de obras que nunca se terminan y miles de hectáreas de tierras adquiridas ilegalmente a costa de los propietarios legítimos, hasta el intercambio de puestos en órganos de control y altas cortes a cambio de votos para ser elegido, para mencionar solamente algunos de los más sonados.

Igualmente, todos los días se les escucha a servidores públicos de todos los niveles del estado decir que su meta es luchar contra la corrupción y anuncian políticas y programas que se van a poner en marcha para lograrlo. Para no ir muy lejos, en su discurso de posesión, el nuevo Fiscal General Martínez Neira le dedicó un aparte especial al tema, anunciando que “la lucha contra la corrupción necesita que los responsables de este oprobioso delito sean objeto de pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por un término codigno al daño causado”. Y el Presidente Santos le dedicó a la corrupción una parte importante de sus palabras en este acto, señalando que ésta debe enfrentarse con la mayor decisión y que es el enemigo número uno de los colombianos, especialmente para la consolidación del postconflicto.

No es con promesas y con discursos como ésta se va a derrotar. Colombia tiene una institucionalidad y marcos normativos bastante adecuados luchar contra este flagelo, aunque siempre se pueden fortalecer y mejorar. El problema es que las normas no se cumplen y no se sanciona a los corruptos, convirtiendo la impunidad en su mejor aliado, porque la relación costo beneficio siempre les será favorable. Mientras las sanciones no sean proporcionales al daño social y económico causado, difícilmente avanzará el país en este propósito. Como tampoco es con expresiones de indignación por parte de la ciudadanía, que si bien están plenamente justificadas, no conducen a resolver el problema. La indignación debe traducirse en exigencias a las autoridades para que cumplan con su deber y al sector privado, como copartícipe de la corrupción, a que asuma sus responsabilidades y aporte a sus soluciones.

Efectivamente, la corrupción es el principal problema del país y sin duda puede convertirse en el mayor obstáculo para alcanzar la paz. Prevenirla y atacarla es un deber inaplazable del estado, el empresariado y la sociedad civil. Y esto debe comenzar ya. Por ejemplo, es necesario poner en marcha mecanismos para monitorear la financiación de las campañas por el si y por el no del plebiscito, para garantizar que estos provengan de fuentes legítimas y legales, y para que su origen y su destino sean rastreables. La máxima publicidad debe ser la norma. De otra parte, es un imperativo hacerle seguimiento a todos los recursos, nacionales e internacionales, públicos y privados que se destinen al post acuerdo y el post conflicto. Si la construcción de paz se fundamenta en la recuperación de confianza, éste debe ser el primer paso para lograrlo.