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Junio 9 de 2016

Cada cierto tiempo, y como si fueran excluyentes, resurge el debate sobre la relación entre la democracia participativa y la democracia representativa y sobre el equilibrio entre estas formas de participación. Esto sucede no solamente en Colombia, sino en muchos países, donde con frecuencia las crecientes protestas y las demandas por una mayor participación ciudadana son criticadas, acalladas e incluso reprimidas. Para no ir muy lejos, a finales de marzo la policía francesa arremetió de manera violenta contra miles de trabajadores y estudiantes que se reunían en la Plaza de la República en Paris para protestar contra medidas económicas y laborales adoptadas por el gobierno, dando origen a lo que algunos llaman los indignados de Nuit Debout. Igualmente, hace varias semanas el gobierno del presidente Nicolás Maduro viene reprimiendo a cientos de manifestantes que exigen que se respete la constitución y el derecho a que se convoque un referendo. Y más recientemente, en Colombia se presentaron choques violentos entre la policía e indígenas del sur del país que participaban en las marchas de protesta por el aparente incumplimiento por parte del gobierno de compromisos adquiridos por hace unos años, los cuales dejaron varios muertos y heridos.

Los argumentos que esgrimen las autoridades para justificar estas acciones son diversos. Desde los que afirman que este tipo de acciones atentan contra la institucionalidad democrática y ponen en riesgo la estabilidad del país, hasta los que dicen que los manifestantes están siendo utilizados por fuerzas e intereses ajenos que quieren generar el caos, pasando por los que sostienen que se está abusando del derecho a la participación, el cual consideran un derivado de la democracia representativa y no un derecho en si mismo. Y no faltan quienes justifican sus acciones en el hecho de haber sido elegidos en comicios “democráticos” y cumpliendo las formalidades que estos conllevan, como si esto fuera suficiente para amañar la constitución y las leyes a sus necesidades.

No obstante, ganar unas elecciones no puede convertirse en una patente de corso para extralimitarse y abusar del poder, como tampoco la participación social puede transgredir los marcos normativos y los principios éticos que la regulan.

La representación y la participación política y ciudadana son complementarias y esenciales para la supervivencia de los regímenes democráticos. El punto dos del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” contiene los lineamientos para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos. Solamente si éstos y los deberes que ellos conllevan son plenamente acatados y respetados, el uso indebido de la fuerza podrá ser reemplazado un diálogo constructivo, público y democrático.


* Directora Ejecutiva Transparencia por Colombia

@eungar1