CapturaVeintisiete veces aparece mencionada la palabra corrupción en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno y las FARC.  Si bien los números no garantizan que los compromisos para luchar contra la corrupción en el proceso de implementación  de los acuerdos se cumplan,  sí muestran que el tema estuvo presente en las discusiones y que es una preocupación para los negociadores de las dos partes.   A esto se suman las numerosas menciones a temas relacionados con la transparencia, la cultura de la integridad y la participación ciudadana, elementos centrales para combatir uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz.

La corrupción ha sido uno de los motores de la pobreza, la desigualdad,  la exclusión, la violación de derechos fundamentales, y éstas, a su vez, de la violencia y la guerra que ha vivido el país en los últimos cincuenta años.  Pero además, de no atacarse, puede convertirse en uno de los principales obstáculos para cumplir con lo pactado y por ende para construir una paz estable y duradera.   A manera de ejemplo, el punto  2.2.5 reconoce que “la participación y el control por parte de ciudadanos y ciudadanas son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos, y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas. El control por parte de ciudadanos y ciudadanas es aún más necesario en un escenario de fin del conflicto y construcción de la paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos del presente Acuerdo en todo el territorio nacional y en especial en las zonas priorizadas”.

De otra parte, el punto 6.1.4 contempla la promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los acuerdos y el 6.1.5, un “Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación”, con instrumentos como mapas interactivos de seguimiento, mecanismos de rendición de cuentas periódicos, veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, mecanismos para la denuncia ciudadana, entre otros.

Estos son apenas unos pocos ejemplos de los compromisos para luchar contra la corrupción y por la transparencia que quedaron plasmados en el Acuerdo Final.  Estos son una gran oportunidad para que los empresarios, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general nos involucremos activamente en su seguimiento y monitoreo.   No solamente para vigilar los recursos y las obras que con ellos se ejecuten, sino para exigir el cumplimento de los acuerdos.

Muchas de estas medidas son inéditas en Colombia.  Por eso también son una oportunidad para que el gobierno y el estado en su conjunto pongan en marcha una verdadera estrategia integral anti corrupción para el post acuerdo.  Especial atención merece la institucionalidad en los territorios, donde las prácticas de gestión de lo público son frágiles y propensas a ser cooptadas por intereses particulares. Esta estrategia debe ser liderada directamente por el Presidente de la República en coordinación con los órganos de control, investigación y sanción y con las instancias encargadas de la implementación de los acuerdos.  Cuando la paz está en juego, la lucha contra la corrupción se convierte en una prioridad.

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