Extrayendo Transparencia

El grupo FARO “Ciudadaniza” la información sobre la industria minera y petrolera en Ecuador.

Autora Mélany Flórez D’La Hoz 26/04/2016

“Extrayendo Transparencia” es un proyecto de seguimiento y cualificación de los procesos internos y mecanismos de apertura de la información de la industria extractiva en Ecuador con el fin de generar mayor transparencia en su gestión. Surgió en 2008 como una iniciativa de la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidad (FARO) y han logrado identificar y hacer visibles unos estándares que constituyen la mínima información que debería hacer pública este sector, así como monitorear la renta de esta industria y estimular la participación activa de actores sociales, públicos y privados en la vigilancia de estos.

“Extrayendo Transparencia” nació en 2008 como un esfuerzo para hacer más entendible y accesible al ciudadano la información difundida por el sector minero y petrolero que se produce en Ecuador. En efecto, según Juan José Herrera, del Grupo FARO, la información propiciada por la industria extractiva se queda muchas veces en un lenguaje técnico cuando sus repercusiones sobre el desarrollo territorial y los ciudadanos son realmente importantes.

Este trabajo pedagógico está inscrito en el programa “Industrias Extractivas” que promueve la transparencia en la información producida por el sector minero y petrolero, mediante la implementación de estándares mínimos de transparencia orientados a mejorar la calidad de los datos que presentan las empresas del sector minero y petrolero a la ciudadanía. El sitio web de “Extrayendo Transparencia” menciona que estos estándares constituyen la información pública mínima que debe ser reportada por los diferentes actores involucrados en el sector de los hidrocarburos, y son estándares técnicos (frecuencia, fecha de medición, comparación temporal, unidad de medida en la que se expresa el indicador); de estilos (información principal, secundaria y particularidades del uso del lenguaje); de contenidos (principales usuarios, información principal) y de fuente (quien lo elabora) Por otro lado, en el programa se realiza un monitoreo y seguimiento de la generación de la renta de las industrias  extractivas y se busca también estimular la participación activa de actores sociales, públicos y privados, vinculados a las industrias extractivas, a fin de generar mayor incidencia en la gestión de estas.

Para estos propósitos, el Grupo FARO usó estrategias comunicacionales como caricaturas y cartillas con el fin de convertir la información técnica en un lenguaje más sencillo y detallado. Gracias a ello el programa tuvo un alcance tanto para alcaldes de provincias petroleras que pedían la información del monitoreo y seguimiento de la renta de la industria extractiva, como para grupos indígenas que carecían de información sobre la extracción de petróleo realizada por empresas privadas en áreas cercanas a sus comunidades.

Por ejemplo, una experiencia positiva en 2011 lo representa la firma de un “Acuerdo de compromiso por la transparencia”, entre Grupo FARO y Repsol YPF, en el que el primer colectivo se comprometió a ayudar a esta empresa energética multinacional en la implementación de estándares de información y a su difusión en instituciones públicas y privadas del sector de los hidrocarburos; mientras que Repsol YPF tuvo la responsabilidad de difundir información y datos referentes a los estándares de información técnica, económica, ambiental y social de su industria.

En cuanto al monitoreo y seguimiento de la renta de las industrias extractivas, FARO ha publicado cinco informes denominados Lupa Fiscal. En el primero de ellos, se detalló cómo se ha generado,  administrado y distribuido la renta petrolera en el periodo 2003 – 2007 en Ecuador. En el segundo informe se presentó el sector petrolero a partir de la evaluación de la administración por parte del estado de la renta generada por la extracción de los recursos del subsuelo. En el tercer informe, el Grupo FARO realizó un análisis del registro de los ingresos que resultaron de las actividades petroleras y un análisis de la administración y destino de los ingresos petroleros.

El cuarto y quinto informe tuvieron como propósito servir de insumo para entender las principales implicaciones de la reforma petrolera de 2010, sobre los ingresos petroleros, y sintetizar información sobre las estadísticas que se generan en la cadena de valor del petróleo en Ecuador, respectivamente.

Por último, para estimular la participación activa de actores públicos y privados vinculados a las industrias extractivas, Grupo FARO ha participado en foros sobre industrias extractivas organizados por la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE). Uno de ellos, realizado el 11 y 12 de julio de 2015 en Quito, Ecuador, estuvo enfocado en los desafíos de la gobernanza en la extracción, el cambio climático y el rol de la sociedad civil en la transformación de la matriz energética-productiva de la región.

Como complemento a estos esfuerzos, actualmente el Grupo FARO forma parte de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, lo cual le ha permitido incrementar su incidencia e impacto, sobre todo en las provincias petroleras.Hoy en día, cinco personas forman parte de este programa en FARO y se encuentran en constante capacitación, sobre todo en instituciones internacionales. Asisten a diplomaturas, cursos, espacios de formación y procuran mantener y ampliar los contactos en esta materia. Esta suma de aprendizajes les ha permitido tener un alcance más efectivo a las autoridades locales.

En general, “Extrayendo Transparencia” es una experiencia innovadora en Ecuador. En palabras de Juan José Herrera, solo tres ONG en el país trabajan en el tema: dos de ellas lo hacen desde la perspectiva del activismo y Grupo FARO lo realiza desde el monitoreo y la verificación de la información que publica el sector. Además, para cumplir con los objetivos planteados, la FARO debió acudir a mecanismos oficiales, como la solicitud de información a las entidades, y en algunos casos, se valió de la presencia de contactos en el sector minero-petrolero y en el gobierno para obtener información extraoficial.

En cuanto al financiamiento de la experiencia, entre 2008 y 2015 “Extrayendo Transparencia” fue financiada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un aporte de aproximadamente medio millón de dólares durante tres años. También recibió el apoyo del Natural Resource Governance Institute (NRGI), con un aporte aproximado anual de US$80.000 durante cinco años, además de colaboraciones conjuntas en proyectos e investigaciones más específicas. En la actualidad, la iniciativa no cuenta con los mismos recursos, debido a la reducción de los aportes de la cooperación internacional para este aspecto en Ecuador.

Otros de los resultados obtenidos en esta experiencia han sido: estudios fiscales relacionados con el uso de la renta petrolera; divulgaciones de análisis de política pública sobre aspectos puntuales como los costos asociados a la falta de transparencia en la industria petrolera; análisis contractuales; la aplicación del consentimiento previo, y el estudio del marco institucional de las industrias extractivas en el país.

Además, gracias a la labor del Grupo FARO, alguna información presupuestaria de las empresas del sector extractivo ahora es pública. También, el colectivo tuvo una experiencia positiva cuando, a través de la alcaldesa de la Municipalidad Francisco de Orellana, Anita Carolina Rivas Párraga, logró llegar al Gobierno nacional con sugerencias y recomendaciones para incluir en el reglamento la asignación de recursos generados por el sector extractivo a proyectos de inversión social.

De la misma manera, en la Municipalidad Francisco de Orellana se firmó un convenio marco de cooperación entre Grupo FARO y el Gobierno municipal para la elaboración de estándares mínimos de transparencia en la información de las industrias extractivas, que coadyuvara al fortalecimiento en la gestión pública.

Sin embargo, persisten algunas dificultades. En primer lugar, estos temas tienen más acogida en el ámbito local, donde las empresas privadas realizan actividades de extracción de recursos naturales no renovables, que en el ámbito nacional. Por ejemplo, fue necesario abrir una oficina del Grupo FARO en la provincia de Napo (región centro norte de Ecuador) para fortalecer las capacidades del equipo de FARO en las provincias.

En segundo lugar, debido a la reducción del apoyo de la cooperación internacional para estos temas en Ecuador –pues la atención internacional se encuentra prioritariamente enfocada en África por la gravedad de la problemática del sector extractivo en ese continente–, ha sido necesario dar prioridad a un enfoque más investigativo mediante el cual se pretende generar evidencia que contribuya a impulsar propuestas de políticas públicas, y a la vez promover el desarrollo de capacidades que permitan la participación activa de los diferentes actores de la industria en el sector estratégico de mayor importancia para el país.

Como conclusión, de esta experiencia es importante resaltar que cuando los gobiernos se comprometen con sus ciudadanos a entregar información básica sobre el sector extractivo de su país (licencias concedidas, cantidades de producción, entre otros aspectos), es posible favorecer el financiamiento de proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental de las zonas en las que se explotan estos recursos.

Por lo general cuando se habla de transparencia en el sector extractivo, las empresas y asociaciones la relacionan con mayor control de sus recursos financieros, y prescinden de la oportunidad que les ofrece para optimizar recursos y mejorar su propia reputación.

En este caso, la labor del Grupo FARO i) demuestra que el seguimiento y monitoreo desde la sociedad civil a la información pública del sector extractivo tiene incidencia en el logro de reportes más verídicos, por parte de las empresas, sobre la extracción de recursos naturales no renovables, y ii) evidencia que el control ciudadano a la gestión pública contribuye a fomentar mayor consciencia sobre la necesidad de una cultura de la transparencia y mejores grados de formación, sensibilización y generación de capacidades en la ciudadanía y autoridades locales con respecto al aspecto minero-petrolero.

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