Transparencia por Colombia apoya el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) para que las investigaciones de aportes ilegales de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos de 2010 y 2014, y de Oscar Ivan Zuluaga de 2014, no queden cobijadas por el silencio de una caducidad y, por el contrario, lleguen a conclusiones claras para la sociedad.

Es importante que la ciudadanía recuerde que los aportes de cualquier empresa  extranjera están totalmente prohibidos, e igualmente que no reportar contribuciones a las campañas políticas, en especie o en efectivo, es contrario a la normatividad vigente. Para Transparencia por Colombia resulta verdaderamente grave que se violaran las normas para la financiación de las campañas, irregularidad que también se ha venido observando en otros procesos electorales.

No toda contribución privada a campañas genera corrupción, salvo si se hace violando la norma y/o ofreciendo sobornos. Los aportes privados a las campañas políticas, lícitos o ilícitos, se entregan en muchas ocasiones a manera de soborno, con la finalidad de obtener favores futuros, contratos y/o incidir indebidamente en la formulación de políticas y normas.

A menos que se apliquen sanciones ejemplares, este tipo de situaciones seguirán ocurriendo y siendo un grave y silencioso factor de corrupción en Colombia.

Ya desde 2010 Transparencia por Colombia y la Universidad de Estocolmo, en una encuesta a 300 altos empresarios de todo el país, señaló que el 55 por ciento de los encuestados consideró los aportes a campañas electorales como un medio ideal para obtener beneficios particulares a futuro. Además, la encuesta sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, desarrollada en el 2014 por la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia, mostró que para el 50 por ciento de los empresarios encuestados la segunda modalidad más utilizada para sobornar, son las contribuciones políticas.

En otras palabras, la captura del Estado a través de la financiación privada de las campañas se da tanto por el ingreso de recursos de origen ilícito como por el ingreso de recursos lícitos con intereses ilícitos y es muy peligrosa para la democracia y para la lucha contra la corrupción en Colombia. Investigarla, sancionarla e informarle al respecto a todo el país es un deber ético ineludible.