El IPC es el indicador global más importante de corrupción en el sector público.
El IPC evalúa 182 países sobre la base de la percepción de la corrupción en el sector público y refleja las opiniones de expertos y encuestas de empresarios,
por lo que se basa en dichas percepciones y no en experiencias directas.
El IPC es el indicador global más importante de corrupción en el sector público.
El IPC evalúa 182 países sobre la base de la percepción de la corrupción en el sector público y refleja las opiniones de expertos y encuestas de empresarios,
por lo que se basa en dichas percepciones y no en experiencias directas.
El país se percibe como muy corrupto.
El país enfrenta serios problemás de corrupción.
El país se percibe como muy transparente.
El país se percibe como muy corrupto.
El país enfrenta serios problemás de corrupción.
El país se percibe como muy transparente.
El gobierno de Gustavo Petro
deja un balance desfavorable
en materia de percepción de
la corrupción, evidenciando
una brecha entre las
expectativas de cambio y los
resultados percibidos. Los
escándalos de corrupción y la
ausencia de una política
pública anticorrupción han
profundizado el escepticismo
y la desconfianza frente a la
capacidad del Estado para
enfrentar este fenómeno.
En actual contexto electoral, el IPC se consolida como un referente que le permite a la ciudadanía exigir propuestas serias, coherentes y acordes con la gravedad del problema, a quienes aspiran a la Presidencia y al Congreso de la República.
El país no puede seguir
apostando por respuestas
fragmentadas, reactivas o
basadas únicamente en
discursos de campaña. El
próximo gobierno deberá
asumir la lucha contra la
corrupción como una prioridad
estratégica, con liderazgo ético
desde el más alto nivel, una
política pública anticorrupción
integral y sostenida, y un
énfasis claro en la prevención
que complemente la acción
sancionatoria.
El gobierno de Gustavo Petro deja un balance desfavorable en materia de percepción de la corrupción, evidenciando una brecha entre las expectativas de cambio y los resultados percibidos. Los escándalos de corrupción y la ausencia de una política pública anticorrupción han profundizado el escepticismo y la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno.
En actual contexto electoral, el IPC se consolida como un referente que le permite a la ciudadanía exigir propuestas serias, coherentes y acordes con la gravedad del problema, a quienes aspiran a la Presidencia y al Congreso de la República.
El país no puede seguir apostando por respuestas fragmentadas, reactivas o basadas únicamente en discursos de campaña. El próximo gobierno deberá asumir la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica, con liderazgo ético desde el más alto nivel, una política pública anticorrupción integral y sostenida, y un énfasis claro en la prevención que complemente la acción sancionatoria.
Andrés Hernández,
Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia
“Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos y una oportunidad histórica para exigir cambios de fondo. El próximo gobierno deberá demostrar, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real, con acciones concretas, liderazgo ético y una visión de largo plazo que permita recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un país más justo y transparente”
Andrés Hernández,
Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia
“Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos y una oportunidad histórica para exigir cambios de fondo. El próximo gobierno deberá demostrar, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real, con acciones concretas, liderazgo ético y una visión de largo plazo que permita recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un país más justo y transparente”
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