CapturaLas elecciones son la forma más reconocida y aceptada de participación de la ciudadanía en los regímenes democráticos. Sin embargo, la democracia prevé otros mecanismos e instancias para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos, organizarse, defender sus derechos, tener incidencia en las decisiones que los afectan, hacer control social, acceder a la información pública y expresarse libremente, entre otros. Todas estas actividades y actuaciones requieren de condiciones  políticas e institucionales para promoverlas y cualificarlas, así como garantías para su pleno ejercicio y para proteger a quienes las desempeñan, algunas de las cuales están establecidas en las leyes y en la Constitución e incluso en normas internacionales.  Sin embargo, la participación también conlleva deberes, obligaciones y responsabilidades para impedir que acabe contrariando el espíritu y los propósitos que subyacen a una sociedad respetuosa de lo que significa una democracia donde la representación y la participación, antes que antagónicas, son complementarias.

Las ONG se rigen por unas normas, y como cualquier entidad, deben someterse a ellas.  Sin embargo, algunas no las acatan o las violan abiertamente.  Por ejemplo, muchas se utilizan de fachada para recibir o canalizar recursos para propósitos diferentes a los que manifiestan tener.  Así, en la última campaña electoral un número importante de candidatos crearon o utilizaron fundaciones pre existentes, presuntamente con el único propósito de recibir aportes para sus campañas o las de otros aspirantes y servir de intermediarias para este fin.  Si bien esto no está expresamente prohibido, sí se ha prestado para violar los topes que establece la ley.  Además, dificulta rastrear  el origen del dinero, abriendo así compuertas para que ingrese dinero de origen ilegal.  También en el pasado se crearon organizaciones ficticias, algunas de ellas con pomposos nombres de defensa de derechos humanos, para ocultar actividades criminales.

Si pretenden ser reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, sus actividades y los recursos que reciben y manejan, deben responder a esta condición y no utilizarse para obtener beneficios tributarios a los que no tienen derecho.  Este tipo de hechos son los que, según se ha conocido, han motivado al gobierno nacional a proponer, en el proyecto de reforma tributaria que presentará próximamente al Congreso, medidas para “poner en cintura” a las entidades que caen bajo esta denominación, y así frenar millonarias evasiones en las que aparentemente están incurriendo muchas de ellas.

Si bien la justificación parece razonable, es importante evitar que paguen justos por pecadores.  Es decir, que las decisiones que se adopten para combatir la evasión terminen por afectar de manera negativa a las organizaciones de la sociedad civil que si son sin ánimo de lucro, imponiéndoles unas restricciones y cargas tributarias que pueden poner en riesgo su supervivencia.   No sobra recordar que en muchos países del mundo, incluyendo a América Latina,  medidas como estas fueron el primer paso y la disculpa para limitar el espacio de actuación a la sociedad civil organizada.  Y para desatar una cacería de brujas que terminó con muchos líderes sociales encarcelados o en el exilio.

Ver columna en El Espectador