CapturaDe igual manera, la paz y la corrupción son incompatibles y ésta puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para avanzar en la construcción de una paz sostenible y duradera. Por esta razón, la lucha contra la corrupción debe ser un componente central y transversal a las reformas, políticas y programas que se diseñen en el marco del posacuerdo y el posconflicto, en especial en las zonas y municipios considerados prioritarios para su implementación. Estos territorios históricamente han sido más vulnerables por su debilidad institucional, la fragilidad del tejido social, la presencia de actores y actividades ilegales, prácticas políticas marcadas por el clientelismo, el nepotismo y una débil presencia del Estado, que facilitan su captura, la sustitución de funciones que le son propias y el desvío y apropiación indebida de recursos para favorecer intereses particulares.

Una política anticorrupción debe contemplar reformas al sistema electoral en temas que afectan las formas de acceder al poder y de hacer política en Colombia. Estas han creado condiciones favorables para que la corrupción eche raíces y sea más difícil combatirla, porque permite su reproducción en diversas esferas de la gestión estatal. Se debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a elegir y ser elegido a todos los que reúnan los requisitos para hacerlo, incluyendo, si así se desprende de los acuerdos de La Habana, a los desmovilizados de las Farc. Uno de los asuntos más críticos es la financiación de las campañas y los partidos políticos. Esta no solo se ha convertido en un obstáculo para participar en elecciones en condiciones de igualdad, sino en un factor de corrupción y de reproducción de la ilegalidad y la criminalidad. Por ejemplo, cuando esta condiciona la entrega de contratos de obras, de cargos burocráticos, de licencias de construcción o de exploración, extracción o uso de recursos naturales y mineros.

Experiencias nacionales e internacionales también indican riesgos relacionados con el blindaje de los recursos que se destinan a la construcción de paz y al posconflicto. Ya varios países han anunciado su intención de hacer aportes considerables para este propósito. También lo han manifestado el presidente de la República y varios de sus ministros. Y seguramente el sector privado hará lo propio. Como lo señala María Victoria Llorente, se debe evitar que estos se conviertan en “un nuevo botín para para los poderes locales que tradicionalmente han visto en la administración de lo público una alcancía y no en un medio para construir Estado” (ibid., pág.112). De no hacerlo se ponen en riesgo los programas y políticas necesarios para mejorar las condiciones de vida de miles de personas, incluyendo la seguridad. Además se profundiza la desconfianza de los ciudadanos en el Estado, condición indispensable para la reconstrucción del tejido social y político y para generar un sentimiento colectivo del cuidado de lo público, sin los cuales la paz no es posible.

La lucha contra la corrupción es un camino para afianzar la confianza y la integridad del proceso de construcción de una paz estable y de largo plazo. Es uno de los pilares para fortalecer nuestra democracia y para garantizar un desarrollo social, político y económico incluyente y equitativo, condiciones sin las cuales la paz será esquiva y frágil.

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