CapturaLa evolución de la corrupción en los últimos años requiere de aproximaciones y miradas diferentes a las tradicionales. No solamente son cada vez más evidentes las relaciones entre los ámbitos nacionales, regionales y globales, lo que demuestra la creciente internacionalización del fenómeno, sino la articulación en complejas redes de actores públicos y privados, nacionales e internacionales que les imponen grandes desafíos a todos los países. Esto requiere fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a nivel de cada nación, así como de mecanismos transnacionales capaces de enfrentar a redes criminales complejas y los desafíos resultantes de esta globalización de la corrupción.

Casos como los llamados “Panamá Papers”, recientemente divulgados por una red internacional de periodistas de investigación sobre cuentas secretas en Panamá, las cuales en muchos casos se utilizaron para encubrir actividades criminales e ilícitas como lavar dinero o evadir impuestos; o la Operación Lava Jato, nombre con el que se conoce el escándalo de corrupción que involucra a empresarios y políticos brasileros por el pago de multimillonarios sobornos con dineros de la petrolera Petrobrás, son un claro ejemplo de que la corrupción trasciende fronteras.
Estos hechos de gran corrupción son objeto de un amplio cubrimiento mediático, sobre todo cuando involucran a personajes relevantes sus respectivos países. No obstante la dimensión y el alcance de estas acciones, no se debe minimizar ni desconocer el impacto de hechos de corrupción que se cometen en contextos locales y que afectan a ciudadanos del común, con frecuencia los más vulnerables. Algunos de los más sonados en los últimos meses en Colombia son los que tienen que ver con la alimentación de los niños en diferentes departamentos del país. Además de contratos millonarios y leoninos a empresas de papel, y del favorecimiento indebido a personas vinculadas con clanes políticos que manejan los principales negocios y contratos de sus regiones a cambio del financiamiento de campañas electorales, entre muchas otras actividades corruptas, lo más grave es cuando se entregan los alimentos en descomposición y en cantidades muy inferiores a las acordadas, afectando la salud y en muchos casos la vida de cientos de niños.
Otro ejemplo son los alumnos y profesores fantasmas o inexistentes. Es decir, los que están reportados en los sistemas de información, pero que al momento de verificar su existencia no aparecen. O como se informó hace unos días, la inversión de recursos destinados a la educación en discotecas en Medellín y Quibdó, como una forma de lavar dinero. Esto implica que se le está quitando la oportunidad de estudiar a otros cientos de niños y que se están desviando recursos públicos destinados a la educación para encubrir actividades ilegales. ¿Acaso esto no es gran corrupción?

Este tipo de hechos deben recibir la más alta prioridad por parte de las autoridades encargadas de investigar y de sancionar a los culpables. Esto no debería limitarse al ámbito legal, sino contemplar la sanción y la reparación social y económica a las víctimas de estos abusos. Recordemos que lo que más les duele a los corruptos es cuando se les afecta el bolsillo.

 

Elisabeth Ungar Bleier

Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, @eungar1