La Creación de un Observatorio Ciudadano Anticorrupción en Chile

Ciudadano Inteligente y espacio público miden la implementación de las propuestas del Consejo Asesor presidencial contra Conflictos de Interés, Tráficos de influencias y Corrupción.

Autora Claire Launay Gama 31/03/2016

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción es una herramienta de seguimiento del cumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia de lucha contra la corrupción y de revisión y cualificación del trámite de proyectos legislativos y administrativos sobre conflicto de intereses, tráfico de influencias y corrupción en general. Creado en 2015 por la Fundación Ciudadano Inteligente y el centro de pensamiento Espacio Público, ha logrado visibilizar en la ciudadanía los principales avances y obstáculos en este aspecto, así como incidir en los textos de los proyectos de ley relacionados.

Tras los escándalos públicos generados, entre otros, por el llamado caso Caval (un préstamo millonario que dio el Banco de Chile a la empresa de la nueva presidenta chilena), la misma Michelle Bachelet instauró en marzo 2015 el Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

Creación, objetivos y composición del Consejo Asesor Presidencial

El Consejo tenía como propósito, por un lado, proponer un nuevo marco normativo, “que permita el cumplimiento efectivo de los principios éticos de integridad y transparencia en sus aspectos legales y administrativos” . Por otro, lograr un eficaz control del tráfico de influencias y prevenir la corrupción en “distintos ámbitos como los negocios, la política y los servicios públicos, así como en la relación entre estos”2.

Conformado por 16 miembros con trayectoria pública y privada, y distintas especialidades (abogados, académicos, profesores, representantes de organizaciones sociales). Además para la conformación del Consejo se contó con la asesoría del economista chileno Eduardo Engel, actualmente presidente del think tank Espacio Público.

A finales de abril de 2015, este grupo de expertos entregó un primer informe con más de 200 medidas repartidas en cinco capítulos/áreas temáticas: prevención de la corrupción; regulación de conflictos de interés; financiamiento de la política; confianza en los mercados e integridad, ética y derechos ciudadanos.

Considerando la importancia del tema, así como las numerosas propuestas de esta entidad, la sociedad civil decidió realizar un monitoreo de la implementación de estas medidas y de su cumplimiento. Por ende, en agosto de 2015, dos organizaciones sociales chilenas –Ciudadano Inteligente y Espacio Público– crearon el Observatorio Anticorrupción.

Ciudadano Inteligente busca fortalecer la democracia en Latinoamérica a través de la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información. Por su lado, Espacio Público es un centro de estudios independientes que contribuye al debate, diseño y ejecución de políticas públicas. Las dos organizaciones, complementarias en sus competencias, decidieron articular sus esfuerzos para lanzar un monitoreo ciudadano de las medidas públicas anticorrupción

Caracterización y metodología del observatorio anticorrupción

Como lo afirmó Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, “más que un canal de denuncia de casos de corrupción, el Observatorio es una herramienta de seguimiento de la tramitación legislativa y administrativa de ciertas propuestas que tienen por objeto combatir la corrupción”. De igual manera, Del Favero explicó que esta iniciativa surgió de la necesidad de tener una mirada comprensiva al desarrollo de un amplio número de reformas derivadas de los documentos del Consejo y al contexto en el cual fueron elaboradas. También se quería dar a conocer a la ciudadanía los avances del trabajo de esta nueva instancia.

Entre septiembre y octubre de 2015, las dos organizaciones construyeron la metodología del Observatorio. El punto de partida fue una iniciativa anterior de Ciudadano Inteligente, que emprendió un seguimiento de las promesas de los candidatos a las elecciones: “Del dicho al hecho”.

En noviembre de 2015, el observatorio se empezó a ejecutar. En general, se trató de hacer un estudio detallado de las promesas establecidas por el Consejo y una revisión del estado de cumplimiento legislativo y administrativo de las mismas. En particular, se observaron dos aspectos:

Primero, se midió el avance y el desarrollo de los proyectos de ley y medidas administrativas ligadas a las cinco áreas temáticas mencionadas, es decir en qué etapa de la tramitación legislativa estaban. En efecto, en cada momento, el proyecto era evaluado con un porcentaje de avance en la tramitación de las iniciativas, la cual tuvo por objeto recoger las propuestas mediante la siguiente escala: 0 %, no se conocen iniciativas; 33 %, iniciativa en primera etapa de tramitación; 66 %, iniciativa en segunda etapa de tramitación; 100 %, iniciativa con tramitación terminada.

En segundo lugar, se evaluaron, con una nota de calidad, los proyectos de ley en función de su idoneidad para satisfacer las propuestas del Consejo con las cuales se relacionan según la siguiente escala: 1, marginalmente; 3, parcialmente bajo; 5, parcialmente alto; 7, totalmente coherente con la propuesta del Consejo.

Se decidió realizar la definición de las notas, para lo cual se contó con la opinión de expertos. Cada experto calificó las propuestas dentro de uno de los temas y luego se estableció un promedio de las notas de cada uno de ellos. Luego, para cada tema, se ponderó la importancia relativa de la propuesta; así se consideró el impacto que su implementación a corto y mediano plazo tendría para el país. De esta forma el número que reflejaba el avance y calidad global de las iniciativas desarrolladas para recoger las propuestas del Consejo era el producto de una operación en la que se diferenciaba la importancia relativa de las medidas propuestas.

De forma simultánea, se montó una plataforma técnica para dar a conocer a la ciudadanía los primeros resultados del ejercicio. En la actualidad, en el sitio web de las dos organizaciones se puede acceder a todas las notas y alcances por área de interés.

En la actualidad, este observatorio está financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) para la parte de trabajo realizado por Espacio Público. Por su lado, Ciudadano Inteligente aporta recursos humanos: un investigador y dos programadores web. El equipo también estuvo apoyado por abogados e investigadores. La duración de la iniciativa es indefinida.

El equipo considera que dependerá de la fuerza que tomarán los temas en la agenda pública, y que debe ser un incentivo para impulsar el mantenimiento del proceso de reformas. “Uno de los objetivos de mantenerla activa es no permitir que se baje la guardia frente a los avances legislativos en materia de lucha contra la corrupción, sino que se llegue hasta el final. Para este año, tenemos la meta de lograr el 70 % del avance en la medición”, dijo Octavio del Favero.

A los seis meses de haber iniciado el Observatorio, el balance es bastante positivo. Las autoridades estatales, en particular el Gobierno y sectores de parlamentarios, han acogido muy bien la iniciativa y algunas de las propuestas del Consejo. Sin embargo, la recepción del parlamento/Congreso ha sido más complicada y heterogénea.

En efecto, según el coordinador de la iniciativa, se tramitaron dos proyectos sensibles para la clase política, uno sobre el financiamiento de los partidos políticos y otro sobre la organización interna de los partidos. Por esa razón, explicó Octavio, fue más difícil obtener información y acercarse a los diputados. Él agregó que la resistencia de la clase política y la magnitud del proceso de reforma hacía difícil el seguimiento efectivo de las propuestas, porque impiden que el ciudadano logre un rol participativo y propositivo en el proceso.

De igual manera, Ciudadano Inteligente, aún tiene una deuda a nivel de conexión entre el observatorio y la ciudadanía pues más que ser un espacio en el que se haga público el avance de las propuestas hechas por el Consejo, es un espacio que busca crear consciencia y empoderar al ciudadano de un rol participativo frente a la gestión pública. Sin embargo, los primeros logros se perciben como el impacto notorio en los medios de comunicación y la sinergia entre las organizaciones. En efecto, Ciudadano Inteligente tiene claro que hace falta conectar más la ciudadanía y que su ideal es lograr que otras organizaciones adopten la herramienta para hacerle seguimiento a los temas de su interés.

Por último, el Observatorio representa una herramienta tecnológica que facilita la articulación ciudadana para incidir efectivamente en los procesos políticos. Asimismo, la apuesta desde Ciudadano Inteligente es contribuir a una ciudadanía más efectiva y llegar cada vez a un mayor número de ciudadanos, así como difundir la herramienta tal como se hizo con “Del dicho al hecho”, que ha sido replicado en varios países de América.

Es importante subrayar, en primer lugar, el carácter novedoso tanto del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, como del seguimiento realizado por la sociedad civil. En efecto, por un lado una institución del Gobierno ofrece una experticia relevante sobre los temas ligados a la lucha contra la corrupción con la voluntad de fortalecer las políticas públicas en este ámbito. Por otro lado, el Observatorio Anticorrupción constituye en sí una herramienta de control ciudadano de las medidas y leyes en curso.

En segundo lugar, es pertinente resaltar el uso de las nuevas tecnologías para brindar un acceso público a los resultados del ejercicio de monitoreo y fortalecer los análisis y las investigaciones efectuadas por la prensa, las universidades, etc.

Por último, se observa la disposición y voluntad de esas organizaciones de la sociedad civil (Espacio Público y Ciudadano Inteligente) para fortalecer el vínculo con la ciudadanía a fin de que pueda ejercer una participación más activa en la vigilancia y lucha contra la corrupción.

DESCARGUE EL DOCUMENTO AQUI