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Transparency International – la organización de sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global –  y sus capítulos en América Latina hacen un llamado urgente a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), a priorizar la lucha contra la corrupción como eje principal en los planes de acción nacionales y subnacionales de la región.

La corrupción es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los habitantes de América Latina y una de las principales barreras para alcanzar el desarrollo sostenible. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción lanzado en 2017, la mayoría de los latinoamericanos considera que el nivel de corrupción aumentó en el último año. La indignación social que generó la investigación Lava Jato y la confesión de Odebrecht en muchos países, sumado a múltiples casos de gran corrupción que han venido haciéndose públicos en la región, reflejan esta realidad.

Este caso, junto a la difusión de los Papeles de Panamá, los Papeles de Paraíso y a escándalos nacionales, exponen las debilidades en aspectos cruciales como el financiamiento político, los sistemas de contrataciones públicas y la regulación del papel de intermediarios y facilitadores de la corrupción. También evidencian los desafíos que implica enfrentarse a la corrupción en un mundo en el cual los corruptos y sus prácticas están globalizados.

En este contexto los espacios regionales en general, y OGP en particular, no pueden ponerse de lado frente a la necesidad de frenar el flagelo de la corrupción en la región. A pesar de que desde su creación en el año 2011, OGP ha buscado que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la calidad de respuesta hacia los principales problemas que enfrentan sus habitantes, a la fecha solamente 4% de los 866 compromisos asumidos por los gobiernos latinoamericanos pueden catalogarse como parte de la lucha contra la corrupción. Esta proporción no considera la calidad de los mismos.

Por este motivo Transparency International y sus capítulos en la región piden a OGP que asuma mayor protagonismo en la lucha contra la corrupción exigiendo a sus Estados miembros la adopción y el efectivo cumplimiento de compromisos anticorrupción, ambiciosos, innovadores y medibles a nivel nacional y subnacional.

La madurez alcanzada por la plataforma y la experiencia de las organizaciones de sociedad civil luego de más de 6 años de trabajo demuestra que OGP ha llegado a un punto de inflexión a partir del cual debe dar un salto cualitativo y cuantitativo en esta dirección.

 

Fuente: Transparencia Internacional