Bogotá D.C. - Noviembre 8 de 2018:
- El Proyecto de Ley aprobado en Cámara de Representantes sobre declaración de bienes y rentas es un proyecto obsoleto, que no cambia en nada la normatividad existente, la cual indica que solo los órganos de control pueden tener acceso a este tipo de información.
- Solo si la declaración de bienes y rentas es pública, se convierte en una herramienta anticorrupción.
- Discutir sobre el derecho a la intimidad en los debates del Proyecto distrae la atención de lo importante: la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso que debe tener el Estado.
En la Consulta Popular Anticorrupción la ciudadanía votó para que fuera pública la declaración de bienes y rentas de los servidores que son elegidos por voto popular. Atendiendo a lo expresado en las urnas, el Gobierno Nacional y el Congreso dieron inicio al debate del Proyecto de Acto Legislativo 081 de 2018, “por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política”. Aunque en su primer debate en Comisión Primera de Cámara se votó a favor de una declaración de bienes y rentas de carácter público, en plenaria de la Cámara se modificó el texto, reservando el acceso de las declaraciones de renta sólo a órganos de control. Dicho de otra forma, se está tramitando en el Congreso un proyecto que repite lo que ya está estipulado en la normatividad, siendo un trámite engañoso de cara a la ciudadanía.
Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia: “lo sucedido en la Cámara no solo desconoce el pronunciamiento de un número importante de ciudadanos en la consulta anticorrupción e incumple los pronunciamientos del Gobierno y representantes de partidos políticos, sino que además desvirtúa la finalidad de este instrumento en la prevención e identificación de hechos de corrupción y va en contravía de los avances en la materia a nivel nacional e internacional”.
¿Por qué la declaración de bienes y rentas de los servidores debe ser información pública?
La declaración de bienes y rentas tiene tres propósitos en términos de transparencia y anticorrupción:
- Prevención. Permite identificar conflicto de intereses de los servidores públicos, partiendo de un análisis financiero de su declaración de bienes y rentas.
- Investigación. La OCDE define que la declaración de bienes y rentas pueden atender tanto la detección del enriquecimiento ilícito como la prevención del abuso de funciones. Dicho de otra forma, permite generar alertas en relación a posibles casos de corrupción.
- Rendición de Cuentas. Es un instrumento de rendición de cuentas de los servidores públicos que han sido elegidos por la ciudadanía y tomadores de decisión clave en la definición de políticas públicas y gasto de los recursos públicos. Es en este tercer objetivo en el cual, la característica de información pública es relevante a la luz de una política de integridad del Estado Colombiano.
¿Cuál debe ser la discusión?
Los argumentos en contra hablan de la necesidad de proteger la intimidad de los servidores públicos. Pero es precisamente esta investidura la que hace necesaria mayor transparencia. Es por esta razón que la discusión debe avanzar y definir lo siguiente:
- Señalar cuáles son los servidores públicos con cargos de importancia en la toma de decisiones y el manejo de recursos públicos a declarar solo la información que señale la ley.
Señalar la información sensible que no deberá ser publicada, buscando la protección al derecho de la intimidad de los servidores públicos. - Señalar las entidades e instancias estatales encargados de verificar, analizar y hacer seguimiento a dichas declaraciones, siendo la labor fundamental que permitiría que las declaraciones sean un instrumento útil en materia de lucha contra la corrupción.
- Señalar los canales para su publicación y facilitar la consulta de estas declaraciones por parte de ciudadanos y autoridades. Reiterando que el principio de transparencia activa solo aplicará a la información pública de dicha declaración.
“Pedimos al Congreso de la República que enfoque la discusión sobre declaraciones de bienes y rentas en lo importante, que es el acceso a información para que el Estado y la ciudadanía puedan prevenir e identificar hechos de corrupción. Estas sugerencias deben ser retomadas en próximos debates y proyectos que incluyan la declaración de bienes y rentas, sin olvidar adicionalmente, su vínculo con la declaración de conflicto de intereses de los servidores públicos”. Concluye Andrés Hernández.
