Ante la profundización de la crisis económica y social en Venezuela, Transparency International, la organización global anticorrupción, manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el gobierno ataque a aquellos que se animan a hablar sobre la crisis política u otros problemas nacionales, incluyendo a los activistas que luchan contra la corrupción.

“En tiempos duros es muy común que quienes le hablan al poder con honestidad sean perseguidos y amenazados. La situación extrema en Venezuela, en donde la población está sufriendo por las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pantalla para atacar y oprimir a la sociedad civil”, dijó José Ugaz, presidente de Transparency International.

“El espacio para la sociedad civil debe protegerse. Muchas de las organizaciones que trabajan para que los venezolanos tengan una vida libre de corrupción, inseguridad y pobreza, son parte de una red internacional de organizaciones de la sociedad civil. Esto no debe utilizarse para atacar su trabajo.”

El presidente Maduro declaró el estado de emergencia por 60 días el 13 de mayo centralizando el poder. El ejecutivo pidió la suspensión de las organizaciones que reciben fondos del exterior. Él argumenta que la crisis económica, que ha llevado a la escasez de alimentos y medicinas, es producto de la oposición interna e internacional a su gobierno. En este momento hay una petición para llamar a referendum que cada día gana más fuerza en el país. 

“La sociedad civil en Venezuela no debería ser la vía de escape ni la excusa por el dolor que sufren  los venezolanos” dijó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, capítulo de Transparency International en el país. “La sociedad civil debe poder exigir al gobierno que le rinda cuentas a la población, especialmente en momentos de crisis devastadoras que dañan la vida de todas las personas.”

Cuando los pesos and contrapesos en el gobierno no están en el lugar que deben se corre un gran riesgo de que la concentración de poder derive en abusos. Incluso antes del decreto de emergencia, el estado venezolano había atacado a la sociedad civil que se manifestaba en contra de sus políticas.

Transparency Internacional está muy preocupada ante la posibilidad de que estos ataques se intensifiquen y que Transparencia Venezuela y su personal se conviertan en un blanco. La comunidad internacional debe aunar esfuerzos para proteger a la sociedad civil venezolana.

Información tomada de de http://www.transparency.org