La financiación irregular de campañas es la puerta de entrada a la corrupción

  • Después de un año electoral y de la elección de magistrados del CNE, se evidencia la necesidad de cambios profundos para el sistema político. Estas modificaciones deberían quedar listas antes de las elecciones territoriales del 2019.
  • En la financiación política en Colombia falta equidad y transparencia, es necesaria más independencia de recursos privados y fortalecer controles y sanciones. De allí que sólo un 6,18% de los ingresos reportados para elecciones legislativas fueron anticipos y un 21,40% se reportaron para presidenciales en primera vuelta.
  • En medio de esta coyuntura, Transparencia Internacional y sus capítulos en las Américas, se reúnen en Bogotá con el objetivo de seguir fortaleciendo los acuerdos regionales frente a estos riesgos de corrupción.

Comunicado de Prensa 023 – septiembre 5 de 2018

Transparencia Internacional y sus Capítulos Nacionales en las Américas se reúnen el 5 y 6 de septiembre en Bogotá para discutir y dar seguimiento a los acuerdos sobre financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, derivados de la VIII Cumbre de las Américas. En el marco de esta reunión, Transparencia por Colombia hablará de los temas críticos que debemos tener en cuenta ante esta oleada de reformas anticorrupción que incluyen temas de financiación política.

La probabilidad de llegar al poder es directamente proporcional a la inversión en la campaña, y no es sólo la necesidad  de recursos sino la forma en que se obtienen. Es ahí donde entran en consideración aspectos como la equidad y transparencia, temas que no son tenidos en cuenta en el proyecto de reforma política que el gobierno ha presentado al Congreso como parte de su paquete de medidas anticorrupción.

El Proyecto de Acto Legislativo 09 de 2018 retoma lo que ya está estipulado en el artículo 262 de la Constitución Política sobre “financiación preponderantemente estatal de las campañas”. La oportunidad política dada por 11,6 millones de ciudadanos debería ser aprovechada para abordar de manera menos tímida este problema, en especial cuando el financiamiento de campañas en Colombia se ha caracterizado por la falta de transparencia, por ser una fuente de corrupción, un factor de inequidad y restricción del derecho a ser elegido y en general, una limitante para el ejercicio de la política y su renovación.

¿Qué tener en cuenta?

  1. Alto costo de las campañas políticas en Colombia
    En elecciones de Congreso 2018 en tan solo 4 meses de campañas se reportaron gastos por un total cercano a los 252 mil millones de pesos. Esta cifra es el doble del presupuesto destinado para la totalidad del Programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias de la ART, el cual incluye desarrollo de vías terciarias y proyectos sociales en educación, deporte y salud. Esta cifra es suficiente para prestar atención al flujo de los recursos para campañas políticas.
  2. Poca efectividad de financiación estatal y alta dependencia de recursos privados
    Financiar con fuentes preponderantemente públicas es un principio constitucional que a la fecha no ha podido materializarse. La inmensa mayoría de los recursos para hacer campañas políticas en Colombia (a excepción de presidenciales) provienen de recursos propios de los candidatos o de sus familiares y de los aportes de personas naturales  y jurídicas. Por ejemplo, para las elecciones legislativas de 2018 estas dos fuentes representaron el 82.2% del total de los ingresos, los anticipos ascendieron a solo el 6.18%. Estos recursos en su mayoría se destinaron para apoyar campañas al Senado y en una proporción inferior, a la Cámara de Representantes.
    Estas cifras muestran la poca efectividad que tiene la financiación estatal si no se cambian los procedimientos para que las campañas accedan a los recursos estatales oportunamente, asegurando criterios de equidad en la distribución de los mismos.
     
  3. Fortalecer controles y sanciones
    Es urgente mejorar el proceso de la aplicación oportuna y efectiva de las sanciones por la financiación irregular de las campañas o por el incumplimiento con la rendición de cuentas. Sobre esto último, un 90,6% de los candidatos inscritos en senado rindieron cuentas y un 91,3% en cámara, cuando debería hacerse en tiempo real y aplica a todos los candidatos, así no hayan sido elegidos. Es prioritario fortalecer los mecanismos de investigación y sanción del CNE para que cumpla con su misión, asegurando la independencia de sus magistrados frente a los congresistas y organizaciones políticas.
    El Proyecto de Acto Legislativo solo se concentra en asegurar la independencia administrativa, financiera y técnica de esta entidad, pero no plantea lo fundamental y es afectar la forma de nominación y elección de los magistrados. Lo que se incluye en esta propuesta de reforma es mínimo y no resolverá realmente los problemas para que el CNE cumpla con el mandato constitucional.
    Otras entidades también deben ejercer y apoyar estas funciones electorales, como la DIAN en la revisión de las declaraciones de renta, la UIAF en la investigación sobre recursos ilícitos y lavado de activos y la Fiscalía en los procesos de investigación y sanciones penales por delitos en la financiación, deben trabajar de manera conjunta para mejorar el proceso de revisión y control de la financiación de las campañas.

“El proyecto de ley es tímido frente a la gran necesidad de transparencia en la financiación política, esta es la oportunidad para fortalecer decididamente a la autoridad electoral y cerrar el vacío normativo que genera riesgos de corrupción entre los actores del sistema político”. Afirma Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, y propone que “en la ley debe quedar claro que la entrega de los fondos sea equitativa, oportuna, que los anticipos se entreguen y lo más importante asegurar que los candidatos reporten cuentas en tiempo real para hacer seguimiento de dónde vienen los recursos y si hay o no violación de topes, así le cerraremos la puerta cada vez más a la corrupción.

 

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