Acceso a la información pública en Colombia

Transparencia por Colombia
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 

En Colombia, el derecho de acceso a la información pública tiene rango constitucional, además de leyes que lo reglamentan. La Constitución Política Colombiana, vigente desde 1991 y máximo referente normativo del país, declara en su artículo 23 el derecho a presentar peticiones a las autoridades y a recibir pronta resolución a las mismas 21. Esto abre espacio a la figura del derecho de petición, un mecanismo por el que las entidades deben responder solicitudes de la ciudadanía en un plazo máximo de quince (15) días 22.

Adicionalmente, el artículo 74 del mismo documento establece que: ―Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable‖. Asimismo, numerosos actos normativos decretados entre las décadas de 1990 y 2000 incluyen, de alguna forma y en algun a medida, directrices sobre la publicación de la información desde las entidades públicas. Se cuentan, además, las suscripciones de Colombia a la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción; ambas contenedoras de lineamientos sobre el acceso a la información 23. Buena parte de los instrumentos legales descritos cuentan con amplios desarrollos de la Corte Constitucional, tribunal que ha ampliado el alcance del derecho de acceso a la información pública aproximándole a estándares internacionales.

Ahora bien, el mayor desarrollo en reglamentación lo constituye la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional – Ley 1474 de 2014, que tiene como objeto ―”regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información”24. Esta ley de carácter estatutario describe los principios del derecho mencionado, establece
definiciones, plantea mecanismos que aportan a la garantía del mismo, presenta las excepciones en el acceso a la información, entre otros 25. El ámbito de esta Ley aplica para todas las entidades públicas de Colombia (de las tres ramas de poder); a las entidades estatales autónomas o independientes y de control; a partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos; a entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza pública; y a personas naturales o jurídicas que desempeñen función pública o autoridad pública.

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