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Una búsqueda realizada hace unos días en Google de las palabras “corrupción colombia” arrojó en 5 segundos más de un millón de notas relacionadas.  Si bien esto no es un indicador científico, es una aproximación ilustrativa de la importancia del tema. Por otro lado, estudios rigurosos sobre la corrupción en Colombia muestran que la ciudadanía considera que éste es uno de los problemas más graves del país.

Todo esto debe ser motivo de indignación y preocupación.   Pero también puede ser una oportunidad para que todos tomemos cartas en el asunto y comencemos a actuar.  El sector privado no puede sustraerse a sus responsabilidades.  Prácticas como la evasión de impuestos, el pago de sobornos para ganar licitaciones, obtener licencias u obtener contratos, la financiación de campañas a cambio de favores, las exportaciones ficticias, son solo unos ejemplos.  Los empresarios deben comenzar a tomar medidas mucho más drásticas para prevenirlas, aun a riesgo de que esto implique perder negocios.  Las políticas de integridad, ética empresarial y gobierno corporativo son muy importantes, pero deben ir acompañadas de compromisos públicos de denunciar los hechos de corrupción en sus empresas y en su entorno de negocios y de  apoyar a las autoridades en sus investigaciones.

De igual manera, con frecuencia los ciudadanos incurrimos en la vida cotidiana en hechos de corrupción, que no por pequeños y aparentemente inocuos, dejan de serlo.  Pagarle a un policía para que no nos ponga una multa, falsificar un documento de identidad para ingresar a un establecimiento nocturno, elogiar al “vivo” porque fue capaz de colarse en una fila, comprar un examen, darle una “propina” a un tramitador para agilizar un trámite, son comportamientos corruptos.

Y en cuanto al sector público, se debe blindar de intentos de captura y cooptación a la institucionalidad estatal encargada de prevenir, investigar y sancionar a los corruptos,  asegurar que cuente con los recursos financieros y humanos necesarios, y  que las políticas y programas anticorrupción no estén sujetos a los vaivenes electorales o a las conveniencias del funcionario de turno.  Especial atención debe prestarse a los departamentos y municipios, donde las instituciones y la presencia del estado son débiles y la corrupción encuentra un escenario propicio para reproducirse.

En una entrevista concedida hace unos días a la Revista Semana, José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional, señalaba que la corrupción no es solamente un problema económico y moral, sino que afecta los derechos humanos, genera pobreza y es causante de la muerte de muchas personas en todo el mundo.   Además, su relación con la violencia es cada día más evidente.

Por eso, a pocos días de haber nombrado a los ministros del llamado Gabinete para la Paz, el Presidente Santos tiene una gran oportunidad para decirle al país que sin transparencia y con corrupción la paz no es viable. Un primer paso es que los altos funcionarios del Ejecutivo hagan públicas sus declaraciones de bienes y rentas.