Hace unas semanas TraCapturansparencia por Colombia le propuso al Presidente de la República los miembros del alto gobierno publiquen sus declaraciones de bienes y rentas.  El objetivo de esta propuesta es que con esta acción, que por ahora es voluntaria,  los ministros,  el vicepresidente y el presidente traduzcan en acciones concretas su compromiso con la transparencia.  A la fecha, seis ministros los han hecho y merecen un reconocimiento.

Para algunos, estas acciones no pasan de ser inocuas y un “saludo a la bandera”, afirmando incluso que de nada sirven si de todas maneras los funcionarios les traspasan a sus familiares sus bienes.  Opiniones como ésta parten del supuesto de que todos son corruptos, lo cual en nada contribuye a solucionar el problema.  Son precisamente este tipo de actuaciones, que de comprobarse, deben investigar las autoridades.  Para esto sirve que la información sea pública y rastreable.

Otros, consideran que la corrupción no se va a acabar con medidas como esta.  Sería ingenuo pensar que sí lo harían.  Pero claramente la opacidad es un aliado de los corruptos e impide que los ciudadanos y los medios de comunicación puedan hacerle seguimiento a la información.

Si bien este tipo de medidas no son la panacea,   cada vez más países, por ejemplo Chile y más recientemente México, instituciones internacionales como la OCDE, además de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción que ha suscrito Colombia, han promovido normas en esta dirección.  En muchos casos abarcan a todos los funcionarios públicos, estableciendo su obligatoriedad.  Y no se quedan ahí.  Incluyen medidas como la publicación periódica de conflictos de interés, reconociendo  que son herramientas muy útiles para incrementar la transparencia en la gestión pública, identificar potenciales riesgos de corrupción, asi como hechos que pueden ser tipicados como tales y que hasta ahora no lo son. Esto no es un tema menor. Para mencionar un solo ejemplo, se puede comenzar a rastrear el origen de los recursos sobre la financiación que los candidatos reportan en sus campañas y la veracidad de la información entregada.

Cada vez más actividades que tradicionalmente no han sido consideradas corruptas son incorporadas por la comunidad internacional al mapa de actuaciones que pueden constituirse en hechos corrupción.  La evasión de impuestos, la cartelizacion y el ocultamiento de los beneficiarios finales de las empresas son algunos de ellos. Pero también la captura del Estado por intereses particulares para utilizarlo en beneficio personal.

A partir de ahora los ciudadanos y los medios de comunicación van a poder solicitarle al presidente, al vicepresidente y a sus ministros que publiquen su declaración de bienes y rentas (http://transparenciacolombia.org.co/gabinete- transparente).  Un paso más para alcanzar un país más transparente y combatir la corrupción. Y para que los servidores públicos den el ejemplo y contrinuyan a recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado.

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