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Uno de los mayores retos del Estado, y en general de la sociedad colombiana, en el proceso de construcción de paz, es recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Por esto, las decisiones adoptadas recientemente por la Corte Constitucional con relación al Proyecto de Equilibrio de Poderes no solo son un precedente preocupante para la justicia y para el país, sino para la implementación de los acuerdos de La Habana. Esta, y en particular la Corte Constitucional, están llamadas a jugar un rol protagónico en este proceso.

El equilibrio de poderes es uno de los pilares básicos de la democracia. Es un principio que pretende que las funciones de los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— estén balanceados y definidos de tal manera que ninguno pueda ejercer sobre los otros un control que afecte su independencia. Este se basa en un sistema de frenos y contrapesos, que busca evitar abusos de poder por parte de alguno de estos poderes en beneficio propio y que los otros puedan vigilarlos, investigarlos o incluso sancionarlos si éstos se extralimitan o incurren en actuaciones contrarias a la constitución o la ley.

Refrendar este principio fundamental fue lo que motivó la reforma de equilibrio de poderes que aprobó el Congreso a mediados del 2015. El propósito central fue restablecer el balance que según muchos sectores se había visto seriamente afectado por la aprobación de la reelección presidencial. El proyecto incluyó, entre otros temas, la reforma a la justicia, los procesos de elección de sus miembros y de los órganos de control y la redefinición de las instancias para investigarlos y sancionarlos. Para quienes impulsaron la propuesta, éste era el camino para ponerle freno a lo que muchos consideraban la politización de la justicia, alimentada en parte por “yo te nombro, tú me eliges” que se había convertido en un carrusel sin freno.

No obstante, dos de los ejes centrales de la reforma, el Tribunal de Aforados y el Consejo de Gobierno Judicial, que buscaban eliminar dos de las instituciones más cuestionadas del sector, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente, no alcanzaron a ver la luz. La Corte Constitucional las declaró inconstitucionales. Con estas decisiones se mantienen intactas instancias que han afectado la credibilidad y legitimidad de la justicia. Y de paso, se refuerza la idea de que ésta no parece estar dispuesta a reformarse, ni a reconocer que las ramas del poder tienen la facultad y la obligación de ejercer el mutuo control y de ser controladas.

No es un buen mensaje para un país que está a pocas semanas de votar si acepta o no los acuerdos de paz con las Farc, luego de que la misma Corte avalara el plebiscito como un mecanismo idóneo para hacerlo. La construcción de paz requiere de una justicia independiente, que genere confianza y les de garantías a todos los ciudadanos de transparencia e integridad.

 

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