Comunicado de Prensa 028-2018

Los hechos conocidos por la opinión pública alrededor del caso Odebrecht y los incidentes alrededor de la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo, dejan en evidencia la urgente necesidad de lograr avances inmediatos y reales en tres instrumentos fundamentales para la lucha contra la corrupción en el país:

  1. El fortalecimiento de los mecanismos jurídicos y prácticos de protección a denunciantes y testigos de corrupción.
  2. El control a la “puerta giratoria” que se configura en el tránsito sin controles de profesionales y funcionarios entre los ámbitos público y privado.
  3. La gestión y trámite adecuado de conflictos de interés de altos dignatarios del Estado.

A la fecha, los proyectos de ley sometidos a consideración del Congreso de la República en el marco de la Consulta Anticorrupción no abordan estos tres temas de manera amplia y suficiente.

La opción de revelar información útil para destapar escándalos de corrupción ante los medios de comunicación, es necesaria como mecanismo de contrapeso cuando los canales institucionales no ofrecen las garantías suficientes y reales para proteger a quien posee datos significativos para develar redes y esquemas de corrupción. Este rol natural de los medios debe ser complementado con medidas institucionales y legales que permitan que los denunciantes y testigos, especialmente los involucrados en casos de gran corrupción, estén protegidos y sepan que las represalias por sus denuncias tendrán el menor impacto posible a nivel personal, familiar, laboral y profesional.

Es por esto que Transparencia por Colombia insiste en la urgencia de tramitar la ley única para la protección de denunciantes y testigos de corrupción. Una ley que también debe incluir incentivos para la denuncia y la protección para funcionarios encargados de los procesos de investigación. “Esperar a la muerte o a un arreglo con la justicia de Estados Unidos no pueden ser las únicas opciones de un denunciante o testigo de gran corrupción para revelar información. Urge la protección efectiva de estas personas para lograr la verdad”, afirmó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Así mismo, si bien desde el Estatuto Anticorrupción del 2011 se ha buscado limitar la práctica denominada como “puerta giratoria”, las medidas de control y seguimiento alrededor de la misma siguen siendo débiles, y aún más, con la rendición de cuentas ante la ciudadanía por parte de quienes han ocupado cargos públicos y privados, cuyos intereses pueden entrar en conflicto. El carácter público de las declaraciones de conflictos de interés y el control que se haga desde el Estado y la sociedad a las mismas, son un instrumento fundamental para avanzar en la prevención de riesgos y hechos de corrupción que se deriven de la “puerta giratoria”.

Aún está pendiente la discusión de proyectos de ley en esta materia en el Congreso, incluyendo las iniciativas que cuentan con mensaje de urgencia desde la Presidencia de la República. Por ello Transparencia por Colombia insiste en que es prioritario avanzar en esta discusión, enfocándose en tres elementos:

  1. Priorizar la divulgación de declaraciones de conflictos de interés de altos funcionarios del Estado.
  2. Establecer de manera clara una instancia estatal encargada de vigilar, analizar y controlar la elaboración y actualización de estas declaraciones, en articulación con mecanismos de control ciudadano a las mismas
  3. Asignar sanciones efectivas ante el incumplimiento de divulgar información que conlleve a la configuración de conflictos de interés de quienes detentan altos cargos público.

“Debemos avanzar firmemente hacia la implementación de estos mecanismos, en paralelo a la imprescindible investigación y resolución, por parte de las instancias judiciales, de los graves hechos que hemos conocido alrededor del caso Odebrecht”, afirmó Hernández.

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