Ocho puntos para una conversación nacional sobre corrupción

Comunicado de Prensa 012-2019

Bogotá, noviembre 26 de 2019. Transparencia por Colombia hizo seguimiento a los principales compromisos de lucha contra la corrupción del Gobierno del Presidente Iván Duque luego de un año de gestión. Los resultados de este análisis coinciden con la amplia movilización social de los últimos días, que incluyó el rechazo a la corrupción que afecta el país.

En este análisis, Transparencia por Colombia identifica 8 puntos imprescindibles para la conversación nacional propuesta por el Presidente de la República sobre transparencia y lucha contra la corrupción, la cual representa una oportunidad para que desde diversos sectores se aporten lecturas y propuestas para atacar esta problemática. Los puntos priorizados por Transparencia por Colombia son:

  1. Reforma de fondo al sistema político electoral. Es necesario discutir de manera amplia y transparente una reforma política que incorpore aportes de sectores académicos y sociales, que no responda únicamente a los intereses de los partidos políticos tradicionales, y que aborde las recomendaciones derivadas de la Misión Electoral Especial creada en el marco del Acuerdo de Paz. En particular, Transparencia por Colombia llama la atención sobre la necesidad echarle llave a la puerta de entrada de la corrupción desde la financiación de campañas políticas, y de impulsar la implementación de la Política Criminal Electoral.
  1. Corrupción en la contratación pública. Se debe avanzar hacia la reducción de los regímenes especiales que facilitan la malversación de recursos públicos, así como limitar el abuso del mecanismo de contratación directa. También se debe avanzar en el fortalecimiento técnico y financiero de la Agencia Colombia Compra Eficiente.
  1. Meritocracia en el empleo público y prevención de conflictos de interés. En seguimiento al Pacto por la Ética y la Transparencia adoptado por el Presidente Iván Duque durante su campaña, es necesario fortalecer mecanismos de prevención de conflictos de interés en el alto gobierno, así como impulsar medidas para fortalecer la calidad e independencia del empleo público para evitar su manipulación por parte de intereses políticos y clientelistas.
  1. Participación ciudadana en presupuestos públicos. Se debe fortalecer la participación ciudadana en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de presupuestos públicos y proyectos de inversión, en especial cuando estén de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. Se requiere información clara, oportuna y veraz sobre el manejo presupuestal de las entidades con el fin de fortalecer el control ciudadano y la visibilidad de las decisiones sobre recursos los públicos.
  1. Fortalecer la institucionalidad responsable de la lucha contra la corrupción. Es necesario contar con una entidad rectora anticorrupción en el Poder Ejecutivo que lidere la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en esta materia, que cuente con capacidad técnica, presupuestaria, política y de decisión para coordinar acciones anticorrupción en todos los sectores de la administración pública, y que se articule adecuadamente con los órganos de control y el sistema judicial.
  1. Protección a denunciantes de corrupción. Se debe avanzar en la promulgación de normatividad sobre protección a reportantes y denunciantes de corrupción junto con una política pública integral en esta materia liderada por el Gobierno Nacional, que abarque la problemática de forma general y sistemática. La Cámara de Representantes cuenta en este momento con un proyecto de ley que incluye medidas de protección a reportantes y denunciantes, cuyo trámite debe impulsarse con el apoyo de todas las fuerzas políticas y las entidades públicas, académicas y sociales con conocimiento y experiencia en la materia.
  1. Sanción efectiva a la corrupción. Sigue siendo urgente que la justicia se fortalezca para blindarse de la corrupción y atacar la impunidad en casos de corrupción. Es necesario avanzar en la reforma a la justicia, fortalecer la capacidad de investigar y sancionar casos de gran corrupción, e impulsar legislación sobre responsabilidad penal de personas jurídicas.
  1. Derechos humanos en la lucha anticorrupción. Se deben consolidar mecanismos e instituciones favorables a los derechos de acceso a la información pública, de participación ciudadana y de libertad de expresión.

Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “varios de estos puntos hacen parte de los compromisos que el Presidente ha anunciado desde su campaña presidencial, de propuestas que hemos hecho organizaciones sociales y de temas contemplados en la Consulta Popular Anticorrupción. Los recogemos hoy para aportar a una conversación nacional que esperamos sea constructiva y permita fortalecer nuestra institucionalidad democrática”, añadió Hernández.

Mayor información | Ana María Córdoba | Cel. 311 880 9851 | comunicaciones@transparenciacolombia.org.co

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