La transparencia en la emergencia por Coronavirus ayuda a salvar vidas

Comunicado de Prensa 003-2020

Bogotá D.C., marzo 26 de 2020. La atención urgente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19 es la mayor prioridad que enfrenta nuestra sociedad actualmente. La declaración del Estado de Emergencia facilita la acción de las autoridades, dotándolas de mecanismos para responder de manera contundente a la emergencia, incluyendo el uso ágil de recursos públicos. En este contexto, la transparencia en la toma de decisiones de los gobiernos es esencial para asegurar que esos recursos se orienten de manera efectiva para aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y en las economías locales, y al mismo tiempo contrarrestar riesgos de abuso del poder.

El análisis «Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y contrataciones públicas”, dado a conocer hoy por grupo de trabajo integrado por Transparencia por Colombia y 12 capítulos latinoamericanos más de Transparencia Internacional, identifica cinco líneas estratégicas con relación al uso de recursos públicos para afrontar la emergencia por Coronavirus: (1) máxima apertura en la información de las contrataciones públicas; (2) activación de mecanismos pro-competencia; (3) fiscalización en tiempo real; (4) identificación plena de los recursos utilizados y los responsables de su ejecución; y (5) amplia rendición de cuentas pública sobre los recursos utilizados y su destino.

“La pandemia nos exige acciones sin precedentes. Las acciones que se implementen alrededor de estas cinco líneas pueden contribuir a un uso más eficiente de los recursos, y a evitar riesgos de corrupción que afecten la atención a la emergencia; que van desde la administración desigual de las ayudas destinadas a las poblaciones más vulnerables, hasta riesgos de captura de beneficios y recursos por parte de algunos actores con intereses propios”, indicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Algunas acciones recomendadas a nivel nacional

“El seguimiento a los dineros destinados para la emergencia económica no se deben ver como barreras para su ejecución, se trata en gran medida de aplicar los mecanismos que ya tiene la institucionalidad y cuidar lo que nos preocupa a todos”, agregó Hernández.

El punto de partida de las medidas de transparencia es el acceso a la información pública, que les permita a las autoridades y a la ciudadanía tomar decisiones de salud pública de manera oportuna y fundamentada en datos confiables. Esto es relevante para la prestación directa de servicios de salud, como para el uso de recursos públicos en proceso de compras y contrataciones públicas.

Es necesario fortalecer el uso de herramientas como SECOP II que contribuye a ampliar la publicidad de la contratación en todos los niveles de gobierno, y a aumentar la agilidad en las transacciones de compras de las entidades públicas. Es indispensable que no se genere un abuso de la urgencia manifiesta para la contratación directa. También, las autoridades deben controlar a tiempo riesgos de manipulación de precios y colusión.

Los entes de control deben avanzar en un monitoreo en tiempo real que promueva que el dinero vaya a donde debe invertirse para superar la crisis, en particular en la atención a poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. De forma paralela, deben mantenerse y fortalecerse los mecanismos de denuncia ciudadana sobre posibles usos indebidos de la atención prioritaria y de recursos públicos.

En particular, resulta fundamental lograr plena transparencia y claridad sobre el presupuesto público que se requiere para atender la pandemia. Una posible solución es concentrar en una sola plataforma toda la información relevante sobre los recursos utilizados en el marco de la emergencia: montos, fuentes, afectaciones presupuestales, entidades responsables, distribución sectorial y geográfica, etc. Esta es una opción que el Gobierno Nacional, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y la Gerencia de la crisis deben considerar urgentemente.

El grupo de trabajo de capítulos de Transparencia Internacional concluyó: “Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción”.