Tres aspectos que marcan las campañas en Colombia: opacidad, altos costos y pocos controles al financiamiento

Por: Sergio Nicolás Rocha Camargo

Opinión- Mayo 2022

En las elecciones presidenciales de 2018, los 8 candidatos participantes registraron gastos superiores a los 91 mil millones de pesos, hoy, a falta de poco más de una semana para las elecciones, esa misma cantidad de contendientes apenas han reportado recursos cercanos a los 25 mil millones de pesos.

La realidad es que la opacidad y la falta de información sobre los recursos que se están destinando para el desarrollo de las actuales elecciones es altísima. Y es que, a pesar de los diferentes esfuerzos que desde organizaciones de la sociedad civil hacemos para revisar los ingresos y gastos de campaña, en Colombia no sabemos cuánto cuestan las campañas políticas.

De hecho, actualmente en el país no existe un estudio sobre los costos reales de la política. Por ejemplo, el tope electoral de 27 mil millones de pesos para la campaña presidencial de 2022 se estableció a partir de la variación en los índices de precios del consumidor de los últimos cuatro años[1]. ¿Pero cuál es el problema?

No existe información suficiente que nos permita conocer el costo real de una campaña electoral. En concreto, sabemos que las candidaturas necesitan de recursos para darse a conocer, es por eso que la mayor parte de los gastos electorales se destinan a vallas, pendones, propagandas en medios de comunicación y en redes sociales – entre otros.[2] También conocemos que dependiendo del tipo de elección y del lugar en el cual se están desarrollando las campañas electorales cambian. La destinación de recursos en servicios de transporte que un candidato debe hacer si está en Bogotá, Medellín o Cali no es igual a la que se debe gastar para llegar a la Amazonia, La Guajira, o zonas más retiradas del país.

Aspectos como estos no son tenidos en cuenta al momento de determinar los topes de campaña. Es por eso que desde Transparencia por Colombia se ha venido promoviendo el registro de proveedores de bienes y servicios[3] en el que las personas naturales y jurídicas, de manera pública, abierta y competitiva, puedan ofrecer los diferentes productos o artículos típicos de una campaña política. De esa manera, se esperaría que el proceso de financiación fuera más transparente y permitiera realizar un ejercicio de análisis de los costos reales de las campañas.

El segundo problema es que, de acuerdo con los análisis realizados al financiamiento de la política, el costo de las campañas electorales es muy alto. Si sumamos los gastos de las últimas cuatro elecciones – Congreso 2018, Presidencia 2018, Territoriales 2019 y Congreso 2022[4] – tenemos que en Colombia se ha gastado más de 1 billón de pesos para el desarrollo de las campañas políticas[5].

Para que el lector pueda comparar y darle la relevancia suficiente a este dato, quiero enfatizar que estos recursos son similares al nuevo contrato adjudicado por el gobierno a Unión Temporal ETB y Skynet para llevar la conexión de internet a 567 municipios de 15 departamentos del país – esto tras el escándalo de Centros Poblados y la pérdida de 70 mil millones de pesos-. [6]

Otro aspecto que se debe tener en cuenta al momento de analizar el desarrollo de nuestras campañas políticas, es la poca capacidad y -algunas veces- falta de voluntad política de los órganos de control por investigar irregularidades en el financiamiento de campañas. De hecho, durante el desarrollo de esta contienda electoral a la Presidencia, han salido noticias sobre posibles violaciones a los topes de propaganda electoral[7], que hasta el momento no han tenido ningún llamado de atención o indagación por parte de las autoridades competentes.

Ahora, invito al lector a que se pregunté: si en una contienda de ocho candidatos – como son las elecciones presidenciales- el análisis a la veracidad, origen y la destinación de los recursos de las campañas políticas es mínima, ¿Cómo será en elecciones que tienen más de 1.000 o 100.000 candidatos en competencia -como las elecciones legislativas y territoriales respectivamente-?

Es claro que sin investigaciones es imposible que las autoridades competentes sancionen, de ahí la importancia que la autoridad electoral, los órganos de control y los de justicia actúen de manera efectiva en la adopción de medidas preventivas, de monitoreo, control y sanción al financiamiento indebido de las campañas políticas.

Quisiera terminar reiterando que contar con la información del financiamiento de las campañas permite prevenir riesgos de corrupción, generar escenarios de confianza entre la ciudadanía y los gobernantes, y construir un voto informado. Es bajo este contexto – y a pesar de las dificultades mencionadas – que es vital que desde la ciudadanía sigamos promoviendo ejercicios de seguimiento al financiamiento de las campañas, continuemos denunciando las irregularidades encontradas en el proceso, y exijamos a nuestros candidatos claridad y veracidad en la información que reportan sobre sus campañas políticas. Es sólo así que podremos construir un sistema político más justo, transparente y equitativo.

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[1] Ver puntos 8, 9 y 10 de la resolución 1677 de 2021, disponible en: https://www.cne.gov.co/resoluciones-cne?download=8025:resolucion-n-1677-20-de-mayo-de-2021

[2] En promedio, cerca del 60% de los recursos de todas las campañas políticas se destinan para propaganda electoral.

[3] Para ver más sobre la propuesta: https://transparenciacolombia.org.co/2019/07/03/lineamientos-para-el-desarrollo-de-un-registro-de-proveedores-de-bienes-y-servicios-electorales/

[4] Los datos provienen de las rendiciones de cuentas finales reportadas por los candidatos en la plataforma Cuentas Claras. Para Congreso de 2018, 2383 candidatos registraron gastos por $257 mil millones de pesos. Presidencia los 8 candidatos fueron $112 mil millones de pesos. En territoriales 2019, los 107.501 candidatos registraron un total de $525 mil millones de pesos y finalmente las últimas elecciones legislativas de 2022, 2849 candidatos reportaron $176 mil millones de pesos.

[5] A esto le sumamos el subregistro existente en las elecciones, lo cual significaría que el valor es más alto.

[6] Ver más en: https://www.larepublica.co/economia/mintic-adjudico-nuevo-contrato-de-centros-digitales-a-union-temporal-etb-y-skynet-3365967

[7] Ver más en: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/asi-fico-viola-el-tope-de-vallas/