Oportunidad inédita para avanzar en protección a denunciantes de corrupción

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

El 58% de las personas considera poco probable que las denuncias generen consecuencias, según el Barómetro Global de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional.
Hasta ahora, Colombia no cuenta con legislación que fortalezca los mecanismos de denuncia y medidas de protección a denunciantes.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Bogotá D.C., junio 4 de 2020. Transparencia por Colombia reitera el llamado al Estado colombiano para avanzar decididamente en la adopción de medidas efectivas de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción. En esta ocasión, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes tiene una oportunidad para dar un paso en esa vía si decide debatir el Proyecto de Ley 008 de 2019 “Pedro Pascasio Martínez”, antes de finalizar la actual legislatura.

La denuncia es una pieza fundamental de las estrategias exitosas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, depende de la existencia de condiciones favorables para realizarla, y en particular de medidas efectivas de protección contra las represalias que sufren quienes se atreven a reportar y denunciar irregularidades ante las autoridades competentes. Según el Barómetro Global de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, en Colombia 78% de las personas piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero el mismo porcentaje de personas indica que sufrirán represalias si denuncian. Aun más, 58% considera poco probable que las denuncias generen consecuencias.

“Durante años la lucha contra la corrupción en Colombia ha sido impulsada por ciudadanos, funcionarios, periodistas, empresarios y personas que se han atrevido a levantar la voz para rechazar la corrupción y denunciarla, en muchos casos pagando con su propia vida”, indicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia. “Incluso en medio de la pandemia se ha hecho un llamado aún más activo a denunciar, pero ya hay casos de amenazas a personas que reportan irregularidades en el manejo de recursos de la emergencia”, agregó Hernández haciendo referencia a datos generados por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción.

Proyecto “Pedro Pascasio Martínez”, ¿una oportunidad?

Colombia se ha comprometido a fortalecer mecanismos de denuncia y medidas de protección a denunciantes al adoptar distintas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Incluso la OCDE ha urgido al país adoptar una ley “que proteja de forma clara y amplia a los denunciantes contra las represalias en los sectores públicos y privados”. Sin embargo, a la fecha Colombia no cuenta con legislación en la materia.

Luego de la Consulta Anticorrupción se propusieron múltiples proyectos de ley que hacían mención al tema, pero ninguno tuvo trámite legislativo. El único que ha llegado a esta instancia, pero que estaría a punto de hundirse en caso de no pasar a debate en los próximos días en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, es el proyecto de ley 008 de 2019 “Pedro Pascasio Martínez”.

Desde su radicación en julio de 2019, el proyecto ha tenido avances significativos, entre ellos: contemplar definiciones claras sobre la denuncia, el reporte, las medidas de protección y acción retaliatoria, así como sobre el rol y alcance del denunciante, reportante y delator; contemplar la creación de canales específicos para denuncias en todas las entidades públicas, distintos a los sistemas de quejas y reclamos; fortalecer el rol y alcance de los jefes de control interno; contemplar medidas de protección a la integridad física del reportante, denunciante o delator y miembro de su familia; y considerar medidas de protección en el ámbito laboral, incluso para contratistas de entidades públicas.

No obstante, preocupa que el proyecto de ley obligue a que las denuncias no puedan ser anónimas, si se tiene en cuenta que el anonimato es considerado como un mecanismo de protección esencial según estándares internacionales. También preocupa que el texto asigne al denunciante una responsabilidad excesiva sobre el material probatorio que debería acompañar al presentar la denuncia, considerando que las autoridades competentes para adelantar investigaciones también deben aportar a ese propósito. Es necesario mantener una corresponsabilidad entre el denunciante y la autoridad competente en el tratamiento de la denuncia.

El pasado 1 de junio la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aplazó el debate del proyecto con el fin de conocer la opinión de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía sobre el mismo, a pesar que estas entidades ya habían participado en la audiencia pública convocada por la Comisión en septiembre de 2019. “Esperamos que estas entidades atiendan el llamado de la Comisión y que se proceda al debate del proyecto de ley antes de terminar la legislatura”, indicó Hernández.

Más información del Centro de Asesoría legal Anticorrupción ALAC aquí