Por: Alejandra Muñoz Restrepo
Coordinadora línea Activismo Cívico
Opinión – 31 de octubre
La democracia se viene deteriorando en el mundo. En el 2024, en 60 países se redujeron los derechos políticos y las libertades civiles; solo en 34 hubo mejoras[1]. En buena parte del planeta, las condiciones para opinar, organizarnos y participar en las decisiones públicas se están debilitando. El espacio cívico, es decir, el entorno que permite a las personas expresarse, asociarse y participar en la vida pública se reduce, poniendo en riesgo la base misma de nuestras sociedades democráticas.
Esta tendencia global refleja una profunda crisis de confianza en la democracia, causada, en parte, por la desconfianza ciudadana frente a las instituciones debido a la corrupción. Cada vez más personas son indiferentes a si su gobierno es democrático o autoritario, siempre que “resuelva lo urgente”: seguridad, empleo, servicios básicos. La democracia, percibida como un sistema lento y distante, parece haber perdido su vínculo con el bienestar y la transformación social. Pero esa indiferencia abre la puerta a opciones autoritarias que, aunque lleguen al poder por la vía democrática, terminan debilitando derechos y libertades en nombre de la eficacia.
Frente a este panorama, en Transparencia por Colombia creemos que la respuesta no está en abandonar la democracia, sino en revitalizarla desde lo local. Porque allí reconocemos a una ciudadanía organizada en torno a agendas territoriales propias, muchas veces alternativas a los modelos de desarrollo tradicional, con trayectorias consolidadas, propuestas concretas y logros históricos en avances normativos o compromisos con las autoridades públicas.
A través de nuestra estrategia regional, en 2024 nos aliamos con 40 organizaciones de la sociedad civil en 44 municipios de 19 departamentos[2], con el propósito de impulsar un activismo cívico anticorrupción con enfoque territorial. Esta estrategia acompaña a organizaciones locales para que, desde sus propias agendas, exploren formas nuevas e innovadoras de incidir y de cuidar lo público. Porque desde las transformaciones locales la ciudadanía organizada también puede resistir las tendencias globales que amenazan la democracia.
No obstante, en un contexto global y local que cambia todo el tiempo, reconocemos que la democracia no se vive igual en todas partes. Hay territorios donde las instituciones públicas reconocen agendas sociales diversas, promueven el debate plural y garantizan la participación ciudadana. En otros, la exclusión, la desconfianza, la continuidad del conflicto y la multiplicación de actores armados ilegales cierran el espacio cívico y restringen la acción de la sociedad civil. Surge entonces una pregunta clave: ¿cómo puede actuar la sociedad civil en contextos de cierre o de mayor apertura del espacio cívico?[3]
En contextos de cierre, las agendas ciudadanas y las gubernamentales suelen chocar. Las organizaciones enfrentan mayores riesgos y menos oportunidades para incidir. Aun así, su papel es crucial: son voces críticas que vigilan, alertan y defienden lo público frente a intentos de restringirlo o cooptarlo. En estos escenarios, la sociedad civil cumple una función esencial de contrapeso democrático. Desde TPC acompañamos a quienes asumen esta tarea con valentía, como en Medellín[4] o Cartagena[5], donde ciertas agendas sociales enfrentan la estigmatización o la exclusión de los espacios de diálogo y participación.
Por otro lado, en contextos de apertura se amplían las posibilidades de incidencia ciudadana. Cuando los gobiernos reconocen el valor de la participación y están dispuestos a escuchar, las organizaciones sociales pueden traducir sus agendas en políticas, programas y proyectos concretos. Desde Transparencia por Colombia, hemos concentrado nuestros esfuerzos en acompañar y fortalecer procesos de seguimiento a la implementación de proyectos y políticas, convencidos de que la democracia se revitaliza cuando produce cambios tangibles en la vida de las personas. Así ocurre en Nariño, donde la agenda agroecológica —impulsada por la sociedad civil— logró avances normativos nacionales y departamentales en 2024, y ahora busca implementarse efectivamente para fortalecer esta forma de producción y de defensa del territorio[6]. O en Barranquilla, donde jóvenes participan activamente en la formulación a la actualización de la política pública de juventud, una reivindicación largamente esperada por este sector, y hacen veeduría a la transparencia e inclusividad del proceso [7].
La apertura del espacio cívico varía según el territorio y las agendas, pero hay algo que permanece constante: la capacidad de acción e innovación de la ciudadanía. Aun en escenarios adversos, la sociedad civil encuentra nuevas formas de participar, deliberar y transformar. Nuestra labor nos ha convencido de la necesidad de actuar e innovar juntos. Por eso seguimos apostando a la consolidación del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, integrado por 20 organizaciones de diferentes regiones del país. En septiembre de 2025, el movimiento ratificó su compromiso con la acción colectiva y con continuar aportando, hacía el 2026 y desde las regiones, a medidas institucionales para la protección de denunciantes de corrupción, fortalecer la transparencia electoral y posicionar la agenda anticorrupción en el debate público y electoral[8].
Revitalizar la democracia no es tarea de unos pocos: es una causa común entre quienes creemos en lo público y trabajamos por transformarlo — sociedad civil, gobiernos, empresas, medios y academia—. Solo cuando estos sectores se encuentran, la democracia cobra nueva vida. Conoce más de estas iniciativas, del Movimiento Ciudadano Anticorrupción y ¡únete![9]
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[1] Freedom House. Freedom in the world 2025. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2025-02/FITW_World_2025_Feb.2025.pdf
[2] Transparencia por Colombia, Informe anual 2024. https://transparenciacolombia.org.co/informe-anual-2024/#mapa
[3] Para conocer más sobre nuestro análisis de contexto regional visita: https://transparenciacolombia.org.co/democracia-en-disputa-gobernanza-local/
[4] En Medellín organizaciones sociales trabajan juntas para hacer control ciudadano a la gestión administrativa y política de los gobiernos de Medellín y el departamento de Antioquia, promoviendo una visión de democracia más participativa, inclusiva y centrada en los derechos humanos, ante amenazas por medidas regresivas en materia de derechos, enfoques securitistas y modelos de desarrollo de la ciudad que generan exclusión.
[5] En Cartagena, veedurías, organizaciones sociales y medios de comunicación que realizan ejercicios del control social han alertado sobre el modelo de contratación y gestión que ha adoptado la alcaldía, que, según algunos medios y organizaciones, imitaría el modelo de contratación de Barranquilla replicando también los riesgos de corrupción, la opacidad en la información y los obstáculos para el control. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/con-dumek-y-yamilito-llega-el-modelo-de-contratacion-char-a-cartagena/
[6] Decreto 780 de 2024 por el cual se establece el proceso de constitución, reconocimiento y formalización
de Territorios Campesinos Agroalimentarios -TECAM. Resolución 331 de 2024 por la cual se adopta la política pública nacional de Agroecología. Ordenanza 30 de 2024, que establece el Plan Agroecológico de Nariño, PAN 2025-2036 como Política Pública de Agroecología.
[7] https://www.instagram.com/reel/DOJ71w7iaU9/?igsh=MXRsdjFnYTVqNjYwMQ%3D%3D
[8] Movimiento Ciudadano Anticorrupción. Boletín 04 – octubre 2025. https://transparenciacolombia.org.co/boletin-04-ojo-ciudadano/
[9] https://transparenciacolombia.org.co/movimiento-ciudadano-anticorrupcion/
