noviembre 10, 2022

Cien días de Gustavo Petro: ¿en qué van las promesas anticorrupción?

Comunicado #18

El discurso anticorrupción que primó en la campaña electoral aún no ha sido correspondido con una visión y una estrategia anticorrupción igualmente visible.
Es necesario consolidar el liderazgo desde el Ejecutivo para la lucha contra la corrupción, y seguir fortaleciendo las capacidades institucionales para enfrentarla.
Se identifican debilidades y retos en la gestión del Ejecutivo ante el Congreso respecto al trámite de la reforma política y la reforma tributaria, así como la necesidad de reformar la designación de las cabezas de los órganos de control.
La lucha anticorrupción debe aportar al logro de las tres grandes prioridades del Plan Nacional de Desarrollo: justicia social, justicia ambiental y paz total.

Bogotá, noviembre 10 de 2022

El 14 de noviembre se cumplen 100 días del gobierno de Gustavo Petro, un periodo de tiempo que tradicionalmente ha servido como punto de partida para evaluar las medidas y acciones prioritarias que emprenden las administraciones. En ese sentido, desde Transparencia por Colombia se observa que la alta atención que tuvo la lucha contra la corrupción durante el periodo de campaña, y que contribuyó a movilizar a millones de personas a las urnas[1], aún no ha sido correspondida, en los primeros meses del gobierno, con una visión y una estrategia anticorrupción igualmente visible y que sea evidente para la ciudadanía.

Necesidad de mayor liderazgo y capacidades institucionales

Si bien, en los primeros 100 días de gestión, el Gobierno ha avanzado en la designación de un nuevo secretario de Transparencia, en la reorganización de su estructura en la Presidencia de la República y en la radicación de reformas legislativas ante el Congreso de la República, es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y en el liderazgo en el Ejecutivo para abanderar cambios de fondo en materia anticorrupción.

“Destacamos anuncios que se han realizado desde la Presidencia de la República, a través del secretario de Transparencia, respecto a impulsar temas prioritarios como una ley de protección a denunciantes, una mejora en el acceso a la información pública y un fortalecimiento de los mecanismos de control”, indicó Andrés Hernández, Director de Transparencia por Colombia. “Ahora bien, estas iniciativas deberían ser complementadas por compromisos explícitos desde los distintos Ministerios para prevenir y enfrentar la corrupción en sus sectores, y el seguimiento periódico del presidente Petro al logro de resultados concretos”, complementó Hernández.

Dudas sobre la gestión del Ejecutivo ante el Congreso de la República

En paralelo a lo anterior, en los primeros 100 días de gobierno se han detectado riesgos de retrocesos en transparencia, principalmente en la reforma política que se tramita en el Congreso y que ha contado con la participación del Gobierno nacional. Específicamente, preocupa la propuesta de eliminar el conflicto de intereses sobre las actuaciones de congresistas en asuntos relacionados con privados que hayan financiado sus campañas, y la posibilidad de permitir que los congresistas puedan hacer su tránsito inmediato a la rama Ejecutiva sin incurrir en inhabilidades.

Junto con lo anterior, llama la atención que la urgencia dada por el Gobierno nacional al trámite de la reforma tributaria no haya estado suficientemente acompañada por la consolidación de una visión y ruta de acción anticorrupción. Esto resulta fundamental para generar mayor confianza ante la ciudadanía respecto a la manera como el Poder Ejecutivo cerrará los riesgos de corrupción en la gestión pública, en un momento en que se pide un esfuerzo tributario muy importante a un sector amplio de personas y empresas en el país.

Durante este periodo, también se concluyó el proceso de nominación y elección del Contralor General de la República, que estuvo rodeado de múltiples incertidumbres incorporadas por parte de miembros del Congreso saliente y entrante, y recibió críticas sobre una presunta cercanía del Contralor General elegido con el Gobierno. Esta experiencia demuestra una vez más la necesidad de revisar a fondo el proceso de designación de las cabezas de los organismos de control, tal como lo propuso el presidente de la República durante el periodo de campaña.

El reto más importante: articulación con el Plan Nacional de Desarrollo

En particular, llama la atención que la lucha contra la corrupción no se haya articulado de manera suficiente con las prioridades que el gobierno ha anunciado para el Plan Nacional de Desarrollo en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total, a pesar de los graves efectos que la corrupción tiene sobre las mismas: afectaciones a millones de personas en condición de vulnerabilidad mediante desvío de recurso para la salud, la educación y la infraestructura; la persistencia de actos de corrupción y estructuras criminales que agravan la deforestación en el país, y los riesgos y hechos de corrupción que persisten en la implementación del Acuerdo de Paz.

“No se puede olvidar que la corrupción puede ser un obstáculo muy serio al logro de los grandes propósitos de justicia social, justicia ambiental y paz total”, indicó Andrés Hernández. “Sin duda, la lucha contra la corrupción debe ser un vehículo para aportar a esas prioridades, pero esto debe ser evidente en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de visión y estrategia más importante del Gobierno nacional”, complementó Hernández.

Para aportar a este propósito, Transparencia por Colombia enviará en los próximos días al Gobierno Nacional un documento de aporte a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que propone la elaboración y puesta en marcha de una Política Pública Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el fortalecimiento de la Arquitectura Institucional Anticorrupción, la incorporación de medidas en ámbitos prioritarios de la gestión pública, y la puesta en marcha de estrategias anticorrupción en sectores y sistemas prioritarios. Lo anterior, entendiendo que la corrupción es una problemática sistémica y compleja, que requiere de una política decidida e integral que debe ser recogida de forma amplia y suficiente en la hoja de ruta del Gobierno Nacional.

[1] Durante la contienda electoral, varias de las declaraciones del hoy Presidente Gustavo Petro y de la Vicepresidenta Francia Márquez apuntaban hacia medidas anticorrupción relevantes como el fortalecimiento del Estado para luchar contra las redes de corrupción, el aumento de la participación ciudadana y del acceso a la información pública, la meritocracia en el empleo público, las reformas a los órganos de control, las reformas al sistema electoral y político, la transparencia de los beneficiarios finales de las persona jurídicas, la protección al denunciante de los hechos de corrupción, entre otras.