• De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción –IPC– de Transparencia Internacional, Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, donde 0 es muy corrupto y 100, muy limpio.
• Esta percepción no va a cambiar si no se realizan acciones de fondo, en especial en lo relacionado con la justicia y sanción en casos de corrupción, y ampliarlo a criterios como el del impacto social, lo que estos tienen y su reparación.
• En países como Costa Rica y Brasil los gobiernos han adelantado algunas experiencias de cálculo y reparación del daño social, ahora puede ser el turno de Colombia.

Bogotá, diciembre 6 de 2018 – En Colombia, casos como los de Odebrecht, el Programa de Alimentación Escolar y el Carrusel de la contratación en Bogotá demuestran que la corrupción, como cualquier delito, deja víctimas. La desviación de los recursos públicos y la toma de decisiones que benefician únicamente intereses particulares, afectan la vida de las personas y disminuyen la confianza en el Estado.

Hasta el momento, el sistema judicial colombiano se ha limitado a sancionar penalmente los hechos de corrupción, dejando de lado la reparación del daño que estos hechos han causado en la sociedad; lo que ha causado que los niveles de corrupción no disminuyan, que no se recupere el dinero obtenido de manera ilícita, pero más grave aún: que las víctimas de la corrupción (individuales y colectivas) no sean reparadas de manera integral.

Con la corrupción no solo se pierde dinero, sino también vidas e institucionalidad, por lo que es fundamental reparar el daño social que ocasionan estos hechos. A pesar de que los grandes actos de corrupción hacen parte de la cotidianidad en el país, en Colombia muy poco se ha analizado sobre las consecuencias de dicho fenómeno sobre el bienestar social y la calidad de nuestra democracia.

¿Cuáles han sido los avances?

Transparencia por Colombia, en el marco del proyecto “El Daño Social en los Actos de Corrupción”*, con el apoyo de la Embajada de Suecia y la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, y la colaboración del Ministerio de Justicia y del Derecho, busca que en el país se reconozca que la corrupción genera un daño social que puede y debe ser reparado, de la misma manera que otros tipos de daños, si se utilizan las herramientas que ofrece la misma normatividad e institucionalidad colombiana.

Con el fin de medir efectivamente el daño social causado por hechos de corrupción en Colombia, se estableció un criterio para entender sus dimensiones, se identificaron experiencias internacionales y se exploraron posibles caminos jurídicos, judiciales y administrativos. El resultado es un esquema metodológico exploratorio para establecer un posible cálculo del daño, en aras de avanzar en la reparación integral a las víctimas, que no necesita grandes reformas al sistema judicial del país. Es decir, existe el diseño institucional y las normas para avanzar hacia una primera reparación por daño social de la corrupción en Colombia, que solo dependería del interés, voluntad y compromiso de las autoridades y operadores judiciales.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, afirma que “reparar el daño social causado por hechos de corrupción -como los provocados por Odebrecht en Colombia- permitirá que quienes realicen estos actos no sólo sean sancionados con penas punitivas y con la recuperación de los activos sustraídos al Estado, sino que hagan un resarcimiento material e inmaterial del daño que esta ilegalidad causó en la sociedad”.

Por su parte, Tommy Strömberg, embajador de Suecia en Colombia, manifestó: “por medio de esta iniciativa Suecia continúa apoyando el trabajo de anti-corrupción en Colombia. Queremos contribuir al desarrollo de herramientas que permitan luchar contra este fenómeno y visibilizarlo como un mal que aqueja no sólo el crecimiento económico y el desarrollo integral del país, sino también las posibilidades de cerrar las brechas sociales que impiden lograr mayores índices de equidad entre la población y que amenazan la paz naciente.”

En Colombia, el reconocimiento, la acreditación, la valoración, la tasación y la reparación integral del daño social son posibles gracias a la cultura jurídica del país, que permite abrir este espacio de innovación legal, en momentos en que se necesitan respuestas eficaces para sancionar a los responsables y reparar a la sociedad.

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