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Conflicto, derechos humanos y corrupción: la lucha de Colombia por el cambio

Por: Transparencia por Colombia.

El 31 de enero Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondientes al 2022, una medición en la que Colombia no ha visto avances y muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción. 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado anualmente por Transparencia Internacional desde 1995, es el indicador global de mayor cobertura sobre corrupción en el sector público. Este da una puntuación y clasifica a 180 países según encuestas y evaluaciones producidas por organismos internacionales, consultorías privadas de análisis de riesgos, y centros de pensamiento reconocidos a nivel mundial sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. 

El pasado 31 de enero, Transparencia por Colombia realizó el evento de presentación de los resultados de esta medición, con el fin de crear un espacio para analizar la puntuación obtenida por Colombia y compartir con los públicos de interés recomendaciones que fortalezcan la lucha contra la corrupción en el país. 

Colombia no mejora en el Índice de Percepción de Corrupción: ¿habrá cambios en los próximos años? 

Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, dio apertura al evento explicando cómo se mide el IPC, el cual da puntajes entre 0 y 100, donde 100 indica que el país se percibe como muy transparente, mientras que 0 indica que es percibido como muy corrupto. Una calificación por debajo de 50 indica que el país enfrenta serios problemas de corrupción.  

“El IPC aborda unas fuentes que miran distintas formas de corrupción, no solo en el uso de recursos públicos. También, se pone énfasis en la capacidad de sanción.” Enfatizó Hernández. 

Colombia mantuvo su puntaje de 39 sobre 100 por tercer año consecutivo y se ubica en el puesto 91 entre los 180 países evaluados. Esto, debido a que las formas de corrupción evaluadas por el IPC no han sido contrarrestadas de manera efectiva: 
• Soborno. 
• Desvío de recursos públicos. 
• Uso de cargos públicos para beneficio privado. 
• Nepotismo en el servicio civil. 
• Captura del Estado. 

A partir de estos resultados, se abordó la sanción judicial y mecanismo de integridad, el abuso de recursos públicos, los riegos de soborno o prácticas corruptas en negocios, la corrupción política, la implementación del Acuerdo de Paz, entre otros aspectos evaluados por el IPC que determinaron la calificación de Colombia.  

Luego de la presentación de panorama del país, se dio paso al panel “Conflicto, derechos humanos y corrupción: la lucha de Colombia por el cambio” con la senadora Angélica Lozano; Diana Guzmán, directora de Dejusticia; María Margarita la Paca Zuleta, Directora de la Escuela de Gobierno Uniandes; y Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. 

Los invitados conversaron, desde diferentes perspectivas, sobre los resultados obtenidos y analizaron los obstáculos que enfrenta el país en la lucha anticorrupción en temas de paz total, justicia social y justicia ambiental. “No bastan cambios normativos, no basta la buena voluntad, porque la hay, sino la complejidad que implican los cambios de comportamiento. Hacen falta sanciones ejemplares, pero no hay una varita mágica” Dijo Angélica Lozano, Senadora de la República. 

La carencia de objetividad, transparencia y eficiencias en los procesos contractuales y presupuestales de la implementación del Acuerdo de Paz, el uso de dinámicas político electorales para acceder al poder para desviar recursos, la captura del sistema de justicia y los vacíos normativos e institucionales fueron algunos de los puntos mencionados, que se consideran importantes para avanzar en la lucha contra la corrupción en el país. 

Se hizo un énfasis especial en la necesidad de entender cómo opera la corrupción en la dimensión jurídica, institucional y cultural para lograr una sociedad civil que promueva el cambio y sea motor para que suceda. También, se dialogó sobre la importancia de comprender los contextos en los cuales la corrupción se da para superarla más allá del diagnóstico, midiendo la efectividad de las estrategias planteadas y trabajando para que realmente se den.  

“Hay que pensar en lo que ha funcionado y pensarlo sistemáticamente. Tenemos que trabajar más en exigir transparencia en todos los procesos del Estado” Diana Guzmán, Directora de Dejustica. 

Finalmente, Transparencia por Colombia reiteró su invitación al Gobierno Nacional y al Congreso para articular un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual contribuiría decididamente a las tres prioridades: justicia social, justicia ambiental y paz total.  

“Necesitamos avanzar en una visión que debería estar articulada en el Plan Nacional de Desarrollo. Reiteramos el llamado al Gobierno y al Congreso: es hora de trabajar en estos temas” Andrés Hernández. 

 Conoce el análisis completo de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC): https://transparenciacolombia.org.co/site/ipc2022/ 

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