- La iniciativa Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19 presenta su segundo reporte de análisis de contratación pública. El número de contratos identificados para la atención de la emergencia ascendió a 11.676 por un monto aproximado de 2 billones de pesos. Cerca de la mitad de estos contratos fueron asignados de manera directa argumentando urgencia manifiesta.
- Los recursos se están destinando prioritariamente a gastos de alimentación y ayudas para población en condición de vulnerabilidad. Los contratos de adquisición de bienes y servicios para salud representan una proporción menor.
- Presentamos los datos de la contratación realizada en todo el país, y hacemos énfasis en siete territorios del país que concentran casi la tercera parte del valor total del gasto en contratación hasta el 25 de mayo.
Junio 12 de 2020. La Alianza ‘Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, en la que participan siete organizaciones de la sociedad civil[1] de distintas regiones del país, continúa avanzando en su objetivo de promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en la ejecución de recursos públicos por emergencia Covid-19.
El segundo análisis de la Alianza abarca la contratación pública realizada a nivel nacional, y hace énfasis en el gasto público ejecutado en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C. El análisis tuvo en cuenta contratos celebrados entre el 16 de marzo (fecha en que se decretó por primera vez el estado de emergencia) y el 25 de mayo de 2020; es decir, un periodo de 11 días más en comparación con el primer reporte de la Alianza, lo cual explica que se hayan encontrado más contratos y más recursos ejecutados.
Patrones de la contratación realizada en todo el país
- El monto total de contratos identificados asciende a cerca de 2 billones de pesos. En el periodo señalado se han celebrado 11.676 contratos por cerca de 2 billones de pesos[2] para atender la emergencia Covid-19 en todo el territorio nacional, un monto similar al presupuesto de Familias en Acción para el año 2020.
- La mayor parte de la contratación (53%) se hizo en las primeras cuatro semanas de la emergencia. En este periodo se celebraron contratos por más de un billón de pesos. A partir de la quinta semana, el ritmo de contratación descendió significativamente.
- Sigue predominando la contratación directa justificada en la urgencia manifiesta. 46% de los contratos se han justificado bajo la causal de urgencia manifiesta, por un monto superior a 1,2 billones de pesos[3]. En los siete territorios analizados, los gobiernos locales han publicado su acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta, de acuerdo al principio de máxima publicidad de la información de la ley 1712.
- El mayor gasto en todo el país ha sido la compra de alimentos. Según la clasificación de contratos usada por SECOP I y II, la principal categoría de gastos de contratación ha sido la de alimentos, por una suma mayor a 155 mil millones de pesos. La segunda categoría que agrupa mayor gasto es “servicios políticos y asuntos cívicos”, la cual comprende gastos logísticos, de promoción de políticas de aislamiento, atención especial para adultos mayores, entregas de kits, entre otros, por un valor de 109 mil millones. En tercer lugar, se encuentran gastos administrativos, por un monto de 103 mil millones de pesos. En cuarto lugar, se identifican contratos de adecuación y de infraestructura, por 97 mil millones. Sólo hasta el quinto lugar aparece la categoría de “servicios de salud” por un monto de 91 mil millones de pesos, y en sexto lugar la categoría de “equipo médico, accesorios y suministros” también por un valor de 91 mil millones de pesos.
- Se incrementa el número de financiadores de campañas que reciben contratos de emergencia. Se identifican 117 financiadores de campañas territoriales de 2019 que han sido contratados en el marco de la emergencia de COVID-19. Si bien esta relación no representa automáticamente una inhabilidad o incompatibilidad, la Alianza alerta sobre esta situación. El monto de las contribuciones hechas a campañas por estos contratistas es superior a 4,7 mil millones de pesos, mientras que el valor de los contratos que reciben es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a 12,5 mil millones de pesos.
Análisis de contratación en siete territorios del país
Las organizaciones sociales que hacen parte de la Alianza analizaron la contratación de los territorios donde se encuentran ubicadas: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C. El informe completo detalla la situación identificada en cada territorio, cuyos comportamientos generales incluyen los siguientes patrones:
- Estos siete territorios concentran la tercera parte del valor total de la contratación por COVID-19 del país. Se revisaron 2.995 contratos registrados en estos lugares, por un valor que asciende a 592 mil millones de pesos.
- En todos los territorios evaluados, la mayor parte de los contratos se han firmado bajo modalidad directa (2.279), principalmente bajo las causales de urgencia manifiesta (1375) y contratos interadministrativos[4] (88).
- La mayor concentración de recursos está en “servicios políticos y de asuntos cívicos”. Esta categoría incluye la contratación de ayudas humanitarias, adecuación de infraestructura física de coliseos y adquisición de dotación biomédica. La única excepción en este patrón se encuentra en el Valle del Cauca donde el contrato más alto tiene por objeto el suministro de respiradores para el tratamiento de los pacientes afectados por el COVID-19 en el departamento. Los contratos asociados a equipos médicos es la segunda categoría más importante de toda la contratación de los siete territorios, y la categoría de servicios de salud está en quinto lugar del gasto.
- Tendencia de sobre costos y de falta de claridad en la idoneidad de los contratistas. En los territorios analizados, se presentaron alertas sobre diferencias de precios entre los insumos contratados y los precios en el mercado de estos elementos. Otro aspecto identificado en la revisión detallada en estos territorios es la falta de claridad o coherencia entre el objeto contratado y la razón social del contratista.
En complemento a este análisis, la Alianza destaca que la ciudadanía y los medios de comunicación han realizado un importante trabajo en la denuncia de estos posibles hechos de corrupción. Sólo a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC de Transparencia por Colombia, ya se está asesorando 22 posibles casos de corrupción en temas de contratación pública con recursos para atender la emergencia por Covid-19.
Para Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “este ejercicio nos muestra que más allá de la emergencia sanitaria, los recursos públicos están atendiendo problemas de fondo causados por la inequidad, la exclusión y la falta de oportunidades. Sabemos que esta situación hace que la crisis sea aún más aguda. Es necesario mantener los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas tanto para la emergencia como para la solución de estos problemas estructurales”.
Catalina Montoya Montoya, Directora Ejecutiva de la Unidad de Acción Vallecaucana, afirmó que “este segundo informe es el resultado del trabajo articulado de la ciudadanía, que participa activamente en el control social de las decisiones que están tomando los gobernantes en todo el país, para que los recursos públicos no terminen en las arcas de los corruptos. La mirada desde las regiones nos ha permitido determinar patrones en la contratación, con los que se alerta a las autoridades competentes para contrarrestar posibles fraudes que se estén ocasionando”.
[1]Alianza por una Cali más Transparente y Participativa, Comité Transparencia por Santander, Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Corporación VIGÍA Cívica, Pereira, FUNCICAR y Transparencia por Colombia.
[2] Valor exacto: $ 1.929.972.244.379
[3] Valor exacto de $ 1.257.157.755.122
[4] Los contratos interadministrativos se hacen entre dos o más entidades para cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado, estos pueden incluir la transferencia de recursos entre entidades.
