Por: Elisabeth Ungar
Directora Ejecutiva
Noviembre 24 de 2016
Los acuerdos de paz y la corrupción copan titulares de los medios de comunicación nacionales y regionales del país.
Esto no es casualidad, como tampoco lo es que el contralor general, el fiscal, el auditor y el recientemente elegido procurador hayan señalado la gravedad del problema y se hayan comprometido a darle prioridad a combatirla.
Esto no significa que la corrupción sea un fenómeno nuevo en el país. Quizá lo novedoso es que ésta se convirtió en un problema endémico, sistémico y estructural, que no solo tiene efectos económicos, sino que puede poner en riesgo la institucionalidad y la gobernabilidad.
Los corruptos han ido sofisticando sus actuaciones, incluso mimetizándolas en un marco de aparente legalidad, lo que dificulta su identificación e investigación. Por ejemplo, mediante sistemas de contratación que formalmente cumplen con todas las normas y disposiciones legales, pero que acaban favoreciendo a un solo contratista porque los pliegos licitatorios son hechos a la medida de éstos. O cuando se tramitan “ajustes” en los planes de ordenamiento territorial en los Concejos municipales o distritales cumpliendo las disposiciones establecidas para estos propósitos, pero los cambios de uso favorecen a quienes financiaron las campañas por ser propietarios de esos terrenos. O la creación de fundaciones, sociedades, o alianzas que frecuentemente tienen los mismos propietarios, para poder participar en diversas licitaciones, para pagar menos impuestos o para financiar a través de ellas campañas y por esta vía evadir la prohibición a los financiadores que hayan realizado aportes superiores al 2% del tope de gastos permitidos a campañas a la Presidencia, Gobernaciones, Alcaldías o al Congreso para contratar en el nivel administrativo del elegido (Art. 2, Ley 1474 de 2011).
La financiación de las campañas por personas naturales o jurídicas es una actividad legítima, reglamentada por la ley. Lo mismo sucede con los procesos de contratación. Sin embargo, con frecuencia se convierten en fuente de corrupción. Esta va desde conflictos de interés, soborno y potenciales favorecimientos a determinados contratistas, el ocultamiento de los propietarios reales de las empresas, pasando por la captura del Estado, hasta la reconfiguración cooptada del Estado. Esta última es una de la formas más perversas de corrupción, por cuanto implica “a agentes sociales legales o ilegales, que mediante prácticas ilegales o legales, pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las de las del juego social y de las políticas públicas” (Garay y Salcedo) .
Hechos como los señalados han sido denunciados por las cabezas de los órganos de control y de la Fiscalía, así como por La Silla Vacía y El Heraldo, para citar solo algunos medios. Esto debe prender todas las alarmas, sobre todo si queremos evitar que en las elecciones de 2018 los recursos provenientes de actividades ilegítimas —legales o ilegales— se conviertan en el principal motor de las campañas. Este sería el mayor obstáculo para cumplir con el objetivo de ampliar la participación política y fortalecer la ciudadanía.
