En Colombia, casos como los de Odebrecht, el Programa de Alimentación Escolar y el Carrusel de la contratación en Bogotá demuestran que la corrupción, como cualquier delito, deja víctimas. La desviación de los recursos públicos y la toma de decisiones que benefician únicamente intereses particulares, afectan la vida de las personas y disminuyen la legitimidad y la confianza en el Estado.

Estamos frente a una corrupción cada vez más compleja, difícil de atacar y con actores más sofisticados.

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