Contexto

En convenio con Transparencia por Colombia (TpC), adelantamos el seguimiento de la financiación a las campañas electorales de Congreso y presidencia para 2022. Durante los últimos 9 años hemos centrado nuestro trabajado en la lucha contra la corrupción con análisis en tiempo real y en retrospectiva, por lo que este ejercicio se convirtió en una tarea de largo aliento y un cambio de visión.

Para desarrollarlo, recibimos de TpC la inducción necesaria para tomar los datos del aplicativo Cuentas Claras y trasladarlos a la matriz de análisis, también proporcionada por ellos. La recolección de datos y su inclusión en la matriz fue una labor ejecutada por practicantes de la Universidad Libre Seccional Pereira.

Para realizar el ejercicio seleccionamos 26 de los 32 candidatos inscritos para aspirar a la Cámara de Representantes por Risaralda y ocho candidatos al senado de la República por el partido Centro Democrático.

Sorpresas del seguimiento

En el primer barrido del 7 de marzo encontramos que de los 26 candidatos solo 14 reportaron información en Cuentas Claras, a pesar de que debían haberlo hecho ocho días después de cerradas las inscripciones de candidatos, es decir, diciembre del año anterior.  

En la revisión de la última semana de abril, hallamos reportes de 22 candidatos, quedando pendientes tres reportes de Colombia Humana y una candidata de la Coalición Partido Político Mira y Partido Colombia Justa Libres: es decir, el 84,5% de los candidatos cumplió con llevar su información al aplicativo dentro del plazo establecido.

Sin embargo, en la revisión hecha la última semana de julio, cuatro meses después de las elecciones, encontramos que en la mayoría de los reportes de las campañas hubo incrementos en las sumas registradas a finales de marzo, haciendo visible que los candidatos no reportaron en tiempo real los ingresos y gastos que hicieron durante la campaña.

Pero la sorpresa más grande resultó de la comparación entre las cifras de marzo y julio en las campañas de Diego Patiño Amariles y Fusthel Antonio Manyoma Gil del Partido Liberal, y de Isabel Cristina Torres Ramírez del Partido de la U, pues hubo sumas que disminuyeron o fueron dejadas en cero, haciendo evidente que los anteriores reportes carecían de soporte o tuvieron que cambiarse para ajustar las cuentas finales de la campaña.

Por su parte, el candidato Oscar Cruz de Colombia Humana (sin datos en el aplicativo Cuentas Claras en el barrido de marzo), para julio 27 había reportado ingresos y gastos de su campaña por $9.966.620,00, mientras que otras dos candidatas del movimiento, Estella María Franco Bernal y Margarita Fajardo Tejeda, seguían sin reporte para esa fecha y fueron las únicas dos que no reportaron nunca gastos o ingresos. La candidata Juliana Ospina López, de la coalición Mira y Colombia Justa Libres, también apareció en julio y reportó ingresos por $75.000.000,00 y gastos por $74.999.172.

Al hacer la comparación entre las cifras reportadas por los candidatos y lo que era visible en trabajo de campo, notamos una diferencia alarmante entre los valores reportados y la magnitud real de los gastos de las campañas en promoción electoral, especialmente en actos públicos, publicidad puerta a puerta, otras formas de publicidad y otros gastos evidentes para incidir en las redes sociales. No obstante, la trazabilidad de esta diferencia no es sencilla de hacer, pues los receptores de pagos difícilmente revelan los valores reales. También pudimos encontrar que para eludir el control de los gastos en actos públicos muchos candidatos fueron supuestamente convocados y financiados por concejales que no eran necesariamente de su mismo partido, pero que les permitían hacer promoción de sus candidaturas en sus eventos.

Por otro lado, nos interesa señalar la relación entre la inversión de las campañas y los resultados obtenidos en las urnas. La mayor inversión en campaña la hizo el candidato por el Centro Democrático Gabriel Jaime Vallejo Chujfi con $536.636.100, pero no fue elegido. En segundo lugar encontramos a Diego Patiño Amariles, del Partido Liberal, quien invirtió $349.985.121 y fue elegido. De ahí en adelante se encuentra Sigifredo Salazar Osorio, del Partido Conservador ($225.789.549), tampoco elegido; Juan Carlos Reinales, del Partido Liberal ($210.389.001), quien perdió la curul; y María Irma Noreña, Partido de la U ($207.499.639), quien tampoco fue elegida.

También están Alejandro García Ríos $(163.816.649) y Carolina Giraldo Botero ($161.919.787) del Movimiento Alternativos, ambos sorprendieron al conseguir dos curules. Así, deducimos que una inversión alta no garantiza resultados favorables, pero es necesaria para obtener una curul por el departamento de Risaralda.

Sorpresas de la publicidad electoral

Muchas campañas sobrepasaron las reglas del juego democrático en relación con publicidad exterior visual, pero lograron hacer pasar de agache sus infracciones.

Por ejemplo, algunos candidatos eludieron el control de la inversión en publicidad exterior visual mediante el uso de vallas que habitualmente contienen publicidad de empresas comerciales. Por medio de una operación que no deja huella contable, el empresario dueño de la valla paga su alquiler con cargo a sus costos de publicidad, como lo hace regularmente, pero da instrucciones a la compañía que administra sus vallas para que suba la publicidad del candidato favorecido durante el periodo de campaña.

Aunque la alcaldía de Pereira ordenó mediante decreto sortear sitios para la instalación de 16 vallas de publicidad política para las elecciones de Congreso, en nuestro registro fotográfico aparecen 52; muchas ubicadas en sitios diferentes a los indicados en el decreto. Al preguntar a los responsables de las campañas por el incumplimiento de la norma, dijeron que esta no restringía la publicidad a los sitios asignados, interpretación que permitió el exceso de vallas de candidatos al Congreso, de las que solo 12 fueron desmontadas por orden de la Dirección de Control Físico de la Alcaldía de Pereira.

En principio, a Colombia Humana no se le asignaron espacios, según la administración municipal, por no presentarse al sorteo, pero al final le dieron algunos espacios que ocupó con vallas.

Por norma nacional, los candidatos a las consultas y primera vuelta tenían derecho a seis vallas cada uno, pero no hubo asignación de dichos espacios. Por tanto, una vez terminada la campaña al legislativo, las instalaron en los mismos sectores, e incluso en los mismos soportes, de las de los candidatos al Congreso.

Algunas vallas y avisos de prensa contenían publicidad negativa. Una de ellas, de tamaño mayor al usual, atacaba al candidato al senado Juan Pablo Gallo y al actual alcalde de Pereira, Carlos Maya, haciendo referencia de manera insultante al anuncio del pago del elevado valor de las facturas de impuesto predial.

Para la campaña de primera vuelta presidencial, se instaló un aviso de gran tamaño sobre el techo de una edificación bajo una línea de cable aéreo, elaboración que creemos tuvo un costo elevado.

Otras vallas y avisos de prensa dirigidas a atacar la campaña de Gustavo Petro eran instaladas y cambiadas a los pocos días y carecían de nombre de candidato o identificación de partido político.

Otras 12 vallas de precandidatos o candidatos a la presidencia fueron desmontadas por la Dirección de Control Físico, que nos dijo que no en todos los casos de excesos pudo proceder de esta manera porque los movimientos políticos o candidatos no registraron una sede local para notificaciones judiciales. Así, las diligencias tardaron más que la promoción de las campañas y la publicidad fue exhibida sin trabas hasta después de la primera vuelta, aprovechado las debilidades del control municipal. 

Sorpresas políticas

La elección a la cámara de dos candidatos con poca trayectoria política y del grupo Alternativos, sobre candidatos con mayores inversiones y recorrido, fue una sorpresa de la jornada electoral en Risaralda.

Una fue Carolina Giraldo, historiadora que solo había ocupado una curul en el Concejo Municipal de Pereira; con ella regresa al Congreso después de 21 años una mujer risaraldense. El otro fue Alejandro García, abogado que fue candidato a la Alcaldía en 2019. Ambos sustituirán en la Cámara de Representantes a Juan Carlos Reinales, del Partido Liberal, y a Juan Carlos Rivera, del Partido Conservador, de quien todos confiaban sería reelegido debido a su posición en la política de Santa Rosa de Cabal.

La campaña de Alejandro García merece destacarse por la cantidad de trabajo personal que acarreó, en especial por su presencia en semáforos pidiendo el voto a conductores y repartiendo mensajes impresos. Una vez elegido, regresó a los semáforos para agradecer, acción que elevó su imagen política. 

Otra sorpresa fue la elección de dos candidatos al Senado oriundos de Risaralda, debido a la cantidad de votos obtenidos y las regiones de los votantes. Juan Pablo Gallo fue elegido con 134.559 votos, la segunda mejor votación del Partido Liberal en el país, de los cuales 86.993 fueron depositados en Risaralda y el restante poco más del 40% en otros departamentos. Sorprende que un candidato, exalcalde de la ciudad y con una trayectoria política atada a Pereira, haya obtenido esa cantidad de votos en otras ciudades siendo poco conocido en el resto del país.

Pero detrás de este fenómeno hay una metodología multinivel para multiplicar votantes en la que se comprometen núcleos de personas, en especial contratistas de gobiernos locales, que deben referir un número determinado de nuevos votantes, con la consecuencia de posibles cancelaciones del contrato en caso de no cumplir con la tarea. Esto es administrado desde el software Kontacto, diseñado para ello.