“La dignidad tiene un precio muy alto y los dignos no aceptamos rebajas”

Providencia, a un año del huracán

Hace un año, entre la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16 de noviembre, el huracán IOTA afectó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, arrasando con más del 90% de la infraestructura de Providencia.

Ante la calamidad, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan de reconstrucción, en el que se buscaba lograr la mayor transformación de viviendas e infraestructura de la isla en 100 días. Sin embargo, los atrasos han sido evidentes y prendieron las alertas de la Contraloría, quien advirtió sobre la importancia de avanzar en el cumplimiento de metas antes de la llegada de la temporada de huracanes y ciclones tropicales al país.

Transparencia por Colombia realiza un seguimiento a la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de identificar los riesgos de corrupción asociados al proceso de reconstrucción y fortalecer los ejercicios de control social de la población isleña, especialmente la comunidad raizal.

Esto es lo que hemos encontrado:

Ausencia y falta de información

La poca información disponible sobre el avance de los proyectos, ejecución de recursos públicos, donaciones y apoyo de cooperación internacional, no ha permitido tener un balance real y objetivo de la reconstrucción.

De las 369 acciones que contiene el Plan de Acción Específico – PAE de la reconstrucción, se tiene información de únicamente 215, es decir el 58% de todos los compromisos asumidos.

El presidente me dijo: “mija, no llore, que los de la tercera edad tienen prioridad y más si están al lado de la carretera”, pero a un año del huracán, a mi mamá, que es de la tercera edad, no le han reconstruido la casa y vive al lado de la carretera. Y los del monte ya tienen casa, pero ellos no sufrieron el huracán”.

Falta de transparencia y rendición de cuentas

Preocupa que aunque la reconstrucción se desarrolla bajo medidas excepcionales y bajo la figura de urgencia manifiesta para la contratación, la mayor parte de los contratos no son publicados en la página del SECOP y es poca la información que se encuentra sobre los contratistas, fuentes y demás datos relevantes en toda contratación pública.

Más aún cuando el presupuesto establecido en el PAE asciende a 1,2 billones de pesos, razón de peso para que las entidades brinden información sobre la reconstrucción.

Falta de diálogo con la población

La condición insular y la cultura raizal son características fundamentales que deben ser tenidas en cuenta para la reconstrucción. La comunidad y las autoridades raizales manifiestan que sus posiciones y planteamientos no han sido tenidos en cuenta para la definición y la ejecución de los proyectos y obras que se desarrollan en la isla.

Para los pobladores resulta fundamental que sus opiniones y sugerencias sobre la reconstrucción sean tenidas en cuenta para que preserve la cultura raizal. Adicionalmente, consideran que gran parte de los retrasos y dificultades vividas en el proceso de reconstrucción son el resultado de no haber escuchado sus voces que intentaron transmitir los retos propios del contexto.

Retrasos y modificaciones en los planes y presupuestos

Se han priorizado obras que nos son vitales para la población (ludoteca y biblioteca), y se ha dilatado la construcción de obras tan necesarias como el hospital de segundo nivel; una situación crítica debido al nuevo pico de contagios de Covid-19 durante los últimos días en esta zona.

Los retrasos en la entrega y reconstrucción de viviendas también representan un problema para la continuidad de la vida en el territorio, especialmente para la población más vulnerable como adultos mayores o niños, obligándolos a migrar a otras zonas del país.

A esto se le suman las grandes dudas de la población sobre la calidad de los materiales empleados, pues parte de las viviendas entregadas presentan fisuras y señales de hundimiento.

“No es nada fácil reconstruir las viviendas porque se dificulta mucho por la adquisición de los materiales, la gran mayoría hay que traerlos de San Andrés o de Barranquilla (…)”.

“Además, por los sistemas constructivos que el Gobierno ha aplicado en la reconstrucción de las viviendas: viviendas  que son prefabricadas  con estructuras metálicas, que sabemos que aquí en estos ambientes agresivos son vulnerables a la salinidad y a la oxidación, por tanto, esas casas no garantizan máximo 10 años de durabilidad y con gran mantenimiento. Tengo entendido, incluso, que dos de esas casas ya han cedido en sus zapatas”. Jaime Torres, maestro de obra.

Fuente: RCN Radio

Reducir los riesgos de corrupción durante la reconstrucción del territorio es fundamental, así como garantizar las condiciones de subsistencia, salud, trabajo y educación para una población afectada, dado que el huracán impactó gravemente en las condiciones de vida de la población por casi un año.

Las recientes emergencias causadas por el Covid y por el paso de los huracanes ETA Y IOTA por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, confirman que la corrupción puede afectar la garantía del acceso a derechos fundamentales e incluso atentar contra nuestras vidas

Transparencia por Colombia hace un llamado al Gobierno Nacional a agilizar la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aplicando los mecanismos de transparencia, apertura, acceso efectivo a la información pública y rendición de cuentas, que además permitan prevenir riesgos de corrupción.

“En general es una reconstrucción que está a medias, que le falta mucho, que más adelante entre 4, 5, 6 años, se verá un deterioro de todas esas casas”.