Opinión- 26 de noviembre de 2021
Por: Gerardo Andrés Hernández Montes, Director Ejecutivo
El reciente escándalo por el plagio de la tesis de maestría de la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, vuelve a despertar la indignación de la ciudadanía en Colombia sobre el alcance de las conductas poco éticas de nuestro actual liderazgo público. En este contexto, vale la pena preguntarse si estamos condenados a la trampa, es decir, si se trata de un problema del cual no nos lograremos librar. ¡La respuesta debe ser un rotundo no!
Debemos preguntarnos sobre el alcance que la trampa ha logrado en nuestra sociedad como manera de resolver problemas y lograr ventajas por encima de los demás. Por mucho tiempo hemos vivido bajo el yugo de la “cultura del vivo”, muy bien explicada por el ex rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango. Aún más, desde distintas orillas académicas y sociales se ha planteado que hacemos parte de una “cultura mafiosa”, en gran medida como legado del flagelo del narcotráfico y su efecto perverso en nuestros valores individuales y colectivos.
Es evidente que los entornos colectivos y sociales tienen un fuerte efecto sobre nuestros comportamientos y decisiones, especialmente cuando enfrentamos dilemas éticos. En un entorno perverso, esos dilemas tienen a resolverse de manera tramposa: saltarse una fila porque mis necesidades son más apremiantes que las de los demás, un pequeño soborno que no le hace daño a nadie, una comisión por debajo de la mesa para quien me ayudó a cerrar el negocio o un pago a quien me consiguió trabajo… así sucesivamente, llegamos hasta quien se atreve a robarse el dinero de la comida de niñas y niños en los colegios públicos, a quienes crean carteles para defraudar al estado, a quienes venden y compran votos para atornillarse en el poder, etc.
En este entorno, ¿un plagio en una tesis de maestría podría ser algo normal o menor? ¡De ninguna manera! Ni el plagio, ni nada de lo anterior es normal ni es menor. Mucho menos para alguien elegida popularmente y quien representa una dignidad pública. La manera como podemos y debemos hacer frente como sociedad a estas situaciones es con un rotundo rechazo social. Sumado a esto, necesitamos una reflexión profunda sobre la manera cómo estas prácticas podrían estar justificando la corrupción que nos roba billones de pesos cada año y vulnera gravemente derechos humanos. Resulta apremiante avanzar hacia un cambio decidido y sincero en nuestras actuaciones cotidianas para que no estén mediadas por maneras tramposas, avivatas, mafiosas.
Junto a esto, sin duda, requerimos de un liderazgo ético público realmente genuino. De nada nos servirán las mejores normas ni las mejores técnicas de prevención ni las capacidades más sofisticadas de investigación de corrupción, sin un liderazgo público que defienda el bien común y que no justifique su debilidad ética en el tradicional “todo el mundo lo hace”. Para esto, es fundamental que como ciudadanas y ciudadanos elijamos gobernantes con solvencia ética, no solo con buenos títulos y menos con ríos de dinero bajo su campaña. Igualmente, requerimos gobernantes con una firme integridad pública que asuman la rendición de cuentas como una convicción y no como un favor.
Ojalá logremos que la sanción social al fraude, a la trampa y a la corrupción sea más contundente. Así, mientras que la Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación del plagio de la Representante Arias -y la Fiscalía con la de su compañera de tesis-, el mejor acto que podría hacer la Presidenta de la Cámara de Representantes ante la indignación de la sociedad es dar un paso al costado, y asumir su responsabilidad política y social por fuera de la dignidad que la ciudadanía le otorgó.
