
Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción – 2025
Este informe destaca avances clave, retos pendientes y casos de éxito en transparencia empresarial.
Autor: Transparencia por Colombia
Fecha: febrero de 2024
Como parte de los diseños formales, a partir de la expedición de la Ley 2195 de 2022, las entidades sin ánimo de lucro (ESALES) hacen parte de las entidades privadas obligadas a contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Bajo este mandato Transparencia por Colombia, busca contribuir con rechazo a la corrupción a partir de la elaboración de herramientas que les permitan a las ESALES contrarrestar las dinámicas de las situaciones poco éticas que se puedan presentar dentro de las organizaciones, razón por la cual diseñamos esta guía con el fin de aportar al cumplimiento de la norma por parte de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Este informe destaca avances clave, retos pendientes y casos de éxito en transparencia empresarial.
Transparencia por Colombia, en asocio con Global Financial Integrity, busca contribuir a la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en Colombia, en el marco de la lucha contra la corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otros. Este documento tiene por objetivo abordar los principales desafíos y proponer recomendaciones técnicas que permitan al Estado colombiano fortalecer el RUB, y contribuir a los fines con los que se proyectó.
La transparencia sobre los beneficiarios finales se configura como una herramienta útil y necesaria, pues permite identificar quiénes son las personas naturales que están detrás de personas jurídicas que participan en procesos de contratación, con el fin de facilitar la detección de posibles conflictos de interés, reducir el riesgo de colusión y promover una competencia más justa y equitativa.
Este documento tiene como objetivo sugerir soluciones, respaldadas por casos y ejemplos de mejores prácticas, en respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia en materia del fortalecimiento de la integridad de los procesos de contratación pública.