• La renuncia de Ricardo Bonilla debe ser interpretada como un efecto de la responsabilidad política del gobierno, mientras la investigación judicial avanza.
• La Fiscalía y la Corte Suprema deben seguir garantizando un proceso imparcial y el Gobierno debe colaborar activamente con la investigación en curso.
• Hay una oportunidad para aumentar la transparencia y el acceso a la información frente a las negociaciones de los cupos indicativos.

Bogotá, diciembre 6 de 2024. Transparencia por Colombia reitera su preocupación por la gravedad de las denuncias que vinculan al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con presuntas irregularidades relacionadas con la compra de votos de congresistas mediante la asignación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por 92 mil millones de pesos. Las investigaciones apuntan a que se habrían ofrecido contratos a congresistas para garantizar su respaldo en la aprobación de créditos internacionales por 5 mil millones de dólares. Estos hechos, de comprobarse, constituyen un grave atentado contra la transparencia en la gestión pública y los principios democráticos.

La renuncia del ministro Bonilla es un paso importante que permite a las autoridades competentes adelantar las investigaciones sin interferencias que pudieran resultar de su permanencia en un cargo tan importante para el país. Esta acción debe ser interpretada como un efecto de responsabilidad política que recae en el poder ejecutivo, y no como el final del caso en el ámbito judicial. Es fundamental que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se sancione a quienes hayan incurrido en actos corruptos.

La gravedad de estas denuncias sigue exigiendo una respuesta clara, coherente y contundente por parte del Gobierno Nacional frente a estas situaciones de corrupción en altos niveles de decisión. Este escándalo ha impactado negativamente la credibilidad institucional, paralizando incluso procesos legislativos esenciales, como la aprobación de créditos para evitar un posible incumplimiento financiero del país.

El caso también genera un llamado de atención profundo al Congreso de la República. Aunque la ley permite que los congresistas busquen beneficiar a sus regiones por medio de acuerdos en la asignación de dineros en el Presupuesto General de la Nación, lo que se conoce como cupos indicativos, hoy en día estos acuerdos son opacos por la falta de transparencia en lo acordado con el poder ejecutivo.

Está situación puede ser una oportunidad para aumentar la transparencia en las relaciones y acuerdos entre los gobiernos nacionales y el Congreso sobre la asignación de presupuesto y el respaldo de los congresistas a proyectos. Una mayor transparencia y acceso a la información se podría lograr mediante un sistema de trazabilidad de los acuerdos y la utilización de recursos y disminuyendo las partidas globales y discrecionales en el Presupuesto General de la Nación.

Transparencia por Colombia hace un llamado a las autoridades judiciales, particularmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, para que sigan adelantando las investigaciones correspondientes y garanticen un proceso imparcial que permita identificar a todos los responsables. Asimismo, instamos al Congreso de la República a asegurar que las decisiones legislativas respondan al interés público y no a acuerdos particulares que agravan la desconfianza ciudadana.

La lucha contra la corrupción requiere acciones firmes y decididas. Este caso es una oportunidad para que el país reafirme su compromiso con la integridad en la gestión pública, fortaleciendo así la democracia y el Estado de derecho.