Comunicado #14
- En el balance de la acción pública anticorrupción del gobierno Duque se evidencian algunos avances, pero los resultados fueron limitados frente al desafío que representa la corrupción para el país.
- Aunque se destacan avances legislativos importantes, muchos cambios normativos quedan pendientes de reglamentación o implementación.
- No se presentaron avances significativos en temas estructurales, como la reforma a la contratación pública, al sistema político o a la arquitectura institucional anticorrupción.
- Para avanzar, el nuevo gobierno deberá tener en cuenta un liderazgo ético integral, el avance en reformas estructurales, la implementación de tareas pendientes, el acceso a la información y el respeto por la separación de poderes.
Bogotá, agosto 2 de 2022
A pocos días de culminar el periodo de Gobierno Nacional 2018-20222 en cabeza de Iván Duque, Transparencia por Colombia entrega el balance de la acción pública anticorrupción del gobierno saliente. Este informe evidencia algunos avances en la materia, sin embargo, plantea que los resultados alcanzados por el poder ejecutivo en los últimos cuatro años fueron limitados frente a la magnitud del desafío que representa la corrupción para el país.
El informe hace un análisis del contexto en el cual se han puesto en marcha esfuerzos anticorrupción durante los últimos cuatro años, y analiza cuatro ámbitos cruciales para enfrentar la corrupción: las medidas de prevención, identificación, sanción y reparación; el fortalecimiento de la transparencia y de la integridad en la gestión pública; las medidas tendientes a garantizar la equidad y la transparencia en el sistema político; y los esfuerzos para avanzar en la garantía de los derechos humanos que hacen viable la lucha contra la corrupción.
A nivel contexto, durante el periodo analizado se identificaron tres aspectos que hace más desafiante la lucha contra la corrupción: la creciente inequidad económica que incentiva a los grandes grupos de poder a utilizar prácticas corruptas para proteger sus privilegios; el deterioro de indicadores asociados a libertades democráticas -como la libertad de expresión- que derivan en un escenario de menores garantías para el control al poder político; y las afectaciones a la movilización ciudadana y a líderes sociales que evidencian las dificultades que enfrenta la sociedad para servir de contrapeso en situaciones de descontento ciudadano.
Estos elementos permiten analizar de manera más profunda el deterioro de distintos indicadores del país en materia de lucha contra la corrupción, durante los últimos años, incluyendo los siguientes:
- El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra estancamiento del país pues luego de 10 años de medición Colombia continúa con una calificación de 39/100 puntos sin mostrar cambios significativos en años recientes.
- La Encuesta de Cultura Política del DANE (2022) indica que el 73,2% de las personas encuestadas considera que la corrupción aumentó entre 2020 y 2021, lo que representan un incremento de 8.3 puntos porcentuales frente a la medición anterior.
- Según datos de Invamer, entre 2019 y 2022 la corrupción se mantuvo como uno de los problemas que más preocupan a los colombianos.
- Entre 2017 y 2021, Colombia cayó del puesto 83 a 101 en el indicador de ausencia de corrupción del Índice de Imperio de la Ley del World Justice Project.
¿Cuál es el balance de las medidas anticorrupción?
Los avances más significativos durante el periodo del presidente Iván Duque se concentran en medidas normativas para incrementar la sanción de la corrupción: se eliminó la figura de casa por cárcel para los corruptos; se fortaleció la inhabilidad para volver a contratar con el Estado de empresas sancionadas por hechos de corrupción; se aprobó la posibilidad de investigar a los beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción; entre otros aspectos. Asimismo, se destaca la creación de un Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción, a partir del cual se podrán iniciar procesos de reparación a los afectados directos por hechos de corrupción.
Los avances en sanción y reparación por hechos de corrupción, junto con la creación de instrumentos como la red Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), no eran centrales o no estaban contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Algunos de los instrumentos que ocupaban un rol preponderante en el Plan de Desarrollo solamente se desarrollaron al final del período, como el CONPES 4070 de Estado Abierto, y otros definitivamente no se tramitaron, como la reforma al Sistema Político.
En materia normativa, entre el 2018 -2022 se generaron en total doce leyes nuevas en la materia en lucha contra la corrupción, varias de las cuales contaron con el impulso del gobierno nacional, pero no se promovieron reformas que atacaran los problemas estructurales, en especial en empleo público y contratación, los cuales continuaron siendo dos focos de escándalos de corrupción durante este gobierno. A nivel de derechos humanos necesarios para la lucha contra la corrupción, durante los últimos cuatro años se presentaron constantes limitaciones al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión, que llevaron a restringir el control ciudadano de la gestión pública.
Las tareas pendientes para el nuevo gobierno
Además de ejercer un liderazgo ético integral y transversal a todas las acciones, Transparencia por Colombia reitera que el nuevo gobierno deberá considerar la necesidad de abordar problemáticas estructurales (como empleo público, contratación, sistema político, control interno, presupuestos públicos y descentralización), así como la reglamentación e implementación de varias de las normas y acciones realizadas por el gobierno saliente. Igualmente, será fundamental garantizar el derecho de acceso a la información pública, evitar la concentración del poder en la rama ejecutiva, y revisar la arquitectura institucional anticorrupción.
“La preocupación generalizada por la corrupción en los últimos años se enmarca en medio de la crisis económica, el incremento de las inequidades estructurales y la fragilidad en el contexto político y social. Así, luchar contra la corrupción no es solamente dar atención a situaciones de desvío de recursos, sino también recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer las libertades democráticas, y el respeto por la separación de poderes y las garantías para la movilización ciudadana”, indicó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
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Dayán Rodríguez | Comunicaciones Transparencia por Colombia
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