Comunicado de prensa 007-2021
- Transparencia por Colombia presenta resultados preliminares del seguimiento y visita en campo a las obras de reconstrucción del archipiélago.
- 1.2 billones de pesos fue el monto total establecido en el Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción de la isla.
- 11.396 personas fueron damnificadas, 5.725 en Providencia y 5.671 en San Andrés.
- Presentamos recomendaciones para gestionar riesgos de corrupción.
Bogotá, noviembre 12 de 2021
El seguimiento realizado por Transparencia por Colombia a la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020, muestra vacíos importantes en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación de la comunidad local. Esto se concluye luego de realizar una completa búsqueda de información sobre los avances del Plan de Acción Específico (PAE) que definió el gobierno nacional para la reconstrucción del archipiélago, y a un año del paso de los huracanes ETA e IOTA.
Este análisis incluyó hasta el momento solicitudes de información sobre el avance de la reconstrucción a las 50 entidades que tienen responsabilidades en este proceso. También, se han realizado entrevistas con pobladores, líderes raizales y autoridades locales, que fueron complementadas con una visita al archipiélago para verificar los avances en terreno.
¿Qué se ha encontrado hasta el momento?
- Ausencia y deficiencia en la información.
Las entidades líderes en la reconstrucción – Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), la Gobernación del Archipiélago de San Andrés y la Alcaldía de Providencia- no cuentan con suficiente información en línea sobre el avance de los proyectos, ejecución de recursos públicos, donaciones, ni apoyo de cooperación internacional.
La información suministrada por las entidades nacionales y locales ha sido deficiente y no ha permitido determinar un porcentaje claro de avance de la reconstrucción. De 50 entidades comprometidas, tan sólo 30 respondieron los derechos de petición radicados, mientras que la UNGRD y la Alcaldía de Providencia no han dado respuesta pasados tres meses de solicitud de información. En consecuencia, de las 369 acciones que contiene el plan de acción de la reconstrucción, solo se tiene información de 215, es decir, tan sólo se conocen avances del 58% de todos los compromisos asumidos.
- Falta de transparencia y rendición de cuentas.
A un año del paso de los huracanes ETA e IOTA no hay suficiente información publicada sobre recursos, fuentes, donaciones y preocupa que gran parte de los contratos celebrados para la reconstrucción no hayan sido publicados en la plataforma del SECOP. Aunque la Ley 1523 de 2012 (Política para la Gestión del Riesgo) permite adoptar medidas excepcionales orientadas a responder a la emergencia, rehabilitar y reconstruir los daños ocasionados por desastres, habilitando incluso la facultad de contratar por urgencia manifiesta, la aplicación de estas medidas no exime a las entidades de aplicar los máximos criterios de transparencia.
Además de los riesgos que implican la aplicación de las medidas excepcionales, principalmente la contratación por urgencia manifiesta, se encuentran otros riesgos como la escasa experiencia en la ejecución de contratos de obra en territorio insular, generando incentivos en la especulación de precios, sobrecostos en materiales y transporte marítimo.
- Débiles espacios de diálogo entre las entidades del Gobierno Nacional y la población
Se hace evidente la falta de articulación entre los responsables de la reconstrucción (entidades del gobierno nacional, gobierno local y contratistas) con los pobladores, especialmente con los líderes raizales. Si bien inicialmente se desarrollaron espacios de diálogo y concertación, estos no tuvieron la incidencia esperada por la comunidad. La condición insular y la cultura raizal son características fundamentales que debieron y deben ser tenidas en cuenta en cada una de las etapas del proceso. Los líderes afirman que los retrasos y dificultades se deben en gran medida a que sus tradiciones, opiniones y prioridades no han sido tenidas en cuenta para la definición y la ejecución de las obras.
Adicionalmente, cada vez se reducen más los espacios de interacción con la comunidad, por lo cual gran parte de la población desconoce el porqué de las modificaciones a los acuerdos iniciales y los retrasos de los compromisos asumidos. Tampoco hay claridad sobre los indicadores de avance de las obras, ni sobre los procesos que se desarrollarán para continuar la reconstrucción.
- Retrasos y modificaciones en los planes y presupuestos iniciales de la reconstrucción.
Tras realizar el trabajo de campo, resultan evidentes los retrasos en la ejecución del PAE, principalmente en lo relacionado con las obras que aseguran el cumplimiento de derechos básicos como la salud y la vivienda. Con relación a las viviendas, además de las demoras en las obras, la comunidad manifiesta su malestar por la falta de claridad en los criterios de priorización para la reparación y construcción.
Asimismo, la construcción del hospital de segundo nivel en Providencia es la obra de mayor prioridad para los pobladores, más aún cuando se han incrementado los casos de COVID en los últimos días. Sin embargo, el proyecto del nuevo hospital ni siquiera ha arrancado, dejando la atención en salud en un hospital de campaña.
Una preocupación identificada en el seguimiento es la falta de información y divulgación de las modificaciones que se han venido realizado en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el Registro Único de Damnificados (RUD) y el Plan de Acción Específico (PAE). Los cambios en las metas de viviendas reparadas y nuevas han generado desconfianza en la comunidad e impide el control social a los recursos públicos ejecutados.
¿Cómo resolver estos vacíos?
Transparencia por Colombia hace un llamado al Gobierno Nacional a agilizar la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aplicando los mecanismos de transparencia, apertura, acceso efectivo a la información pública y rendición de cuentas, que además permitan prevenir riesgos de corrupción. En particular, se recomienda:
- Priorizar las obras que garanticen el acceso a derechos fundamentales, entre estas, el hospital, los colegios y las viviendas, teniendo como base la consulta a las comunidades y el reconocimiento de su experiencia. Debe prestarse especial atención al proyecto de la ampliación de la base naval.
- Asegurar el principio de máxima publicidad. Publicar en la plataforma SECOP y las páginas web de las entidades públicas la información relacionada con la contratación pública de la reconstrucción.
- Generar espacios permanentes de diálogo con las comunidades, garantizando su incidencia en la identificación de necesidades y preservando la cultura raizal.
- Generar espacios de rendición de cuentas, para que haya una veeduría sobre la forma en que se han ejecutado los recursos y brindar claridad sobre las responsabilidades de las instituciones encargadas de la reconstrucción.
- Articular las iniciativas del Gobierno Nacional con el accionar de la Alcaldía de Providencia, la Gobernación departamental y las autoridades raizales, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1523 del 2021.
Garantizar la participación de los raizales se convierte en una condición fundamental para cumplir con los compromisos de la reconstrucción. Según Sandra Martínez, Directora Programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, “sin duda alguna nos encontramos atravesando una situación que hace urgente que la reconstrucción adopte un modelo de gobernanza basado en la transparencia, rendición de cuentas e innovación, como vía para el fortalecimiento de la democracia y la garantía de los derechos fundamentales de sus habitantes.”
Diana Carolina Franco
Comunicaciones Transparencia por Colombia
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