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RETOS / AGENDA LEGISLATIVA ANTICORRUPCIÓN

Protección a Denunciantes de Hechos de Corrupción

Importancia de avanzar en este tema:

Tanto la OCDE (2022) como la sociedad civil (Transparencia por Colombia, 2021) le han solicitado al país una ley de protección a denunciantes y reportantes de hechos de corrupción, que proteja a los mismos de represalias físicas, económicas, sociales y psicológicas. Esta permanece como una deuda del Congreso que finaliza su periodo, en tanto que los distintos proyectos de ley en la materia no culminaron el proceso legislativo.

De qué se trata

Adoptar una normativa específica para unificar y clarificar el marco jurídico acerca de la denuncia y la protección al denunciante de corrupción, que amplíe la definición de denunciantes, considere su diversidad, y facilite el acceso a programas de protección de represalias físicas, económicas y sociales y psicológicas

Cuáles son las reformas legislativas urgentes:

  • Se requiere la adopción de una normativa específica para proteger a los reportantes y denunciantes de corrupción de represalias físicas, económicas y sociales que posibiliten las denuncias anónimas y generen canales seguros.

  • Se deben crear mecanismos de denuncia sobre actos de corrupción que se enmarquen en los ámbitos penal, fiscal, disciplinario y administrativo sancionatorio, además de incluir el ámbito electoral a través de los delitos establecidos en la Ley 1864 de 2017.

  • Se deben establecer medidas claras de protección a los quejosos como la reserva de la identidad de los denunciantes y su protección laboral.

  • Se propone un proyecto de ley ordinaria que unifique y clarifique el marco jurídico acerca de la denuncia y la protección al denunciante de corrupción.

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