Comunicado #16
- Transparencia Internacional presenta los resultados del informe Exporting Corruption 2022, que evalúa los esfuerzos de 47 países en combatir el soborno transnacional.
- Colombia se mantiene entre los países con nivel de implementación limitada, lo cual implica que aún tiene debilidades en su legislación y que debe procesar de manera más activa los presuntos casos de soborno en el extranjero.
- Entre 2018 y 2022, en Colombia se abrieron únicamente tres investigaciones por casos de soborno transnacional.
- La falta de legislación para proteger denunciantes en el sector público y privado, y la falta de acceso público al registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, son algunas de las debilidades que aún mantiene Colombia.
Bogotá, octubre 11 de 2022
Transparencia Internacional (TI) presenta hoy los resultados del informe Exporting Corruption 2022, que evalúa los esfuerzos que adelantaron 47 economías, entre 2018 y 2022, para procesar y enjuiciar a empresas responsables de sobornar a funcionarios de otros países. El reporte también revisa el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El informe de este año indica que el cumplimiento de medidas contra el soborno transnacional ha caído a su nivel más bajo desde 2009, año en que Transparencia Internacional empezó a hacer esta evaluación.
En la mayoría de países revisados, se encontró un marco legal insuficiente para combatir el soborno transnacional y para proteger a los denunciantes. Además, falta transparencia en los datos sobre investigaciones y hay pocos ejemplos de compensación efectiva a las víctimas de soborno transnacional.
Para evaluar a los países, TI tiene cuatro categorías de implementación: activa, moderada, limitada y escasa o nula implementación. La revisión se hace con base en los reportes de la OCDE y otras fuentes de información, como el monitoreo a medios de comunicación.
Hallazgos para Colombia
Desde enero de 2013, Colombia hace parte de la Convención Anticohecho de la OCDE, de modo que tiene el compromiso de tomar medidas para combatir el soborno transnacional.
Para el informe de este año, el país se mantiene en la categoría de implementación limitada, la misma que obtuvo en 2020. En esta misma categoría se encuentran 17 países más signatarios de la Convención, dentro de los cuales se encuentran Italia, España, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Costa Rica, entre otros. Solo Estados Unidos y Suiza son considerados como países con nivel de implementación activa.
El reporte señala que, de 2018 a 2022, en Colombia se abrieron tan solo tres investigaciones sobre soborno transnacional, de las cuales una terminó en sanción administrativa, y todavía no se emiten decisiones judiciales sobre casos de este tipo.
Entre las dificultades para avanzar en los casos, TI detectó seis debilidades en el marco legal colombiano:
- Falta de acceso público al registro de beneficiarios finales.
- Falta de legislación para proteger a los denunciantes.
- Canales de denuncia insuficientemente adecuados y poco conocimiento sobre los mismos.
- Falta de legislación sobre la responsabilidad penal de las empresas.
- La discrecionalidad del Fiscal General para usar el principio de oportunidad en cualquier investigación.
- El riesgo de politización en la elección de Fiscal General.
Sin embargo, se han encontrado avances, como la Ley 2195 de 2022, expedida a principios de este año, que fortalece el marco legal para combatir el soborno transnacional, así como sanciones para delitos de falsedad contable, entre otros aspectos.
El informe también destaca la multa que la Supersociedades confirmó contra una compañía de seguros por presuntamente sobornar a funcionarios de Ecuador para asegurar negocios en ese país.
Lo que falta por avanzar en Colombia
Desde 2019 se han radicado dos proyectos de ley para proteger a denunciantes, pero se han hundido en el Congreso, y aunque el Conpes 4070 estableció recomendaciones para protegerlos, aún no se resuelve el vacío legal.
Además, pese que la ley 2195 de 2022 ordenó crear un fondo para reparar a “los afectados por actos de corrupción”, administrado por la Procuraduría y financiado con las multas que imponga un juez contra los responsables, todavía no se sabe cómo funcionará el fondo ni hay claridades sobre cómo se interpretará lo de “afectados por actos de corrupción”.
Ante este panorama, Transparencia Internacional hace siete recomendaciones:
- Mejorar la disponibilidad de datos sobre soborno transnacional y de cooperación internacional.
- Promulgar leyes para proteger a denunciantes tanto en el ámbito público como el privado.
- Seguir capacitando a fiscales y jueces en casos complejos de soborno transnacional.
- Asegurar que el sector privado, contadores y auditores entiendan e implementen las regulaciones nuevas de la ley 2195 de 2022.
- Mejorar la colaboración entre autoridades, involucrando en una mayor medida a la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
- Brindar mayor claridad sobre los criterios que usa la Fiscalía General para aplicar el principio de oportunidad en casos de soborno transnacional, y hacer un seguimiento caso por caso.
- Seguir promoviendo la concientización sobre riesgos de soborno transnacional en el sector privado.
Más información:
Gustavo Gómez | Comunicaciones Transparencia por Colombia
gustavo.gomez@transparenciacolombia.org.co | Celular: 316.876.58.91
