Opinión- Diciembre 2021
Por: Transparencia por Colombia
La pandemia del COVID-19 impuso retos sin precedentes para el país, especialmente para la administración pública en todos sus niveles. Los más evidentes han estado presentes en el campo de la salud y en la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos por medio de la contratación estatal.
Cuando en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como pandemia, muchos gobiernos en el planeta empezaron a tomar medidas principalmente encaminadas a detener la propagación del virus. Por eso, la primera decisión fue decretar cuarentenas y, en segundo lugar, realizar el testeo masivo y la adquisición de insumos médicos y tecnológicos para hacerle frente a las diferentes oleadas que llevaron a miles y miles de personas a enfermarse de manera grave y, por ende, a ser hospitalizadas; con lo cual la totalidad de los centros de salud de todas las ciudades estuvo casi al tope.
En Colombia, el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante el Decreto 417 del 2020. Dicho acto administrativo fue el sustento mediante el cual tanto el gobierno nacional, como los gobiernos locales pudieron invertir y reordenar prioridades en sus presupuestos, en función de la gestión de la pandemia. Por esto, se justificó la celebración de contratos de mayor cuantía bajo la modalidad de contratación directa -como la normatividad colombiana lo permite, en vista de la declaratoria de emergencia, pero siempre y cuando se mantuvieran los criterios de selección objetiva y el uso eficiente de los recursos.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en la toma de decisiones de carácter urgente y discrecional se incrementan los riesgos de corrupción, para Colombia esta situación representó una alerta aún más considerable, especialmente teniendo en cuenta que existen muchos territorios donde la presencia institucional es precaria y donde no hay suficientes garantías para los controles estatales y ciudadanos.
A raíz de este panorama, y de manera articulada con otras organizaciones en el marco de la alianza Ciudadanía Activa, Transparencia por Colombia ha realizado un seguimiento detallado y específico a la contratación realizada en marco de la emergencia del COVID-19 en todo el país. A partir de este seguimiento, recientemente se publicó el quinto informe en el que se encienden varias alertas y se presta atención de manera enfática a las actuaciones de los órganos de control. En dicho documento se analiza minuciosamente la actividad contractual de entidades nacionales, departamentales y locales desde abril del 2020 hasta agosto del 2021.
Ahora bien, pese a que Colombia cuenta con marcos normativos y herramientas importantes que deberían permitir que el control y la prevención de la corrupción fueran más efectivos y satisfactorios, esto no siempre sucede así. Sin embargo, aún en medio de dicha dificultad, en el informe referido se lograron identificar alertas y conclusiones respecto a la contratación pública realizada en marco del COVID-19, que el informe clasifica en tres grandes tipos:
- La opacidad de los datos y las cifras tanto en el número de contratos COVID-19, como en los montos presupuestales ejecutados.
- Los procesos y modalidades de contratación.
- La idoneidad ética, profesional y técnica de los contratistas.
Frente al primer grupo de alertas y conclusiones, “(…) no existe plena claridad sobre la inversión destinada durante la emergencia COVID-19, pues las cifras presentadas por el gobierno nacional han variado a lo largo de los meses de pandemia”, como se afirma en el informe en mención. En algunos registros de prensa y pronunciamientos oficiales, el gobierno habla de 117 billones de pesos, en contraposición a lo que dice la misma Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que habla de hasta 17 billones de pesos. No obstante lo anterior, Transparencia por Colombia constató que en SECOP I y II sólo se contabilizan gastos e inversión por 5 billones de pesos.
Esto quiere decir que algunas entidades estatales del país no están registrando y haciendo pública su información, lo cual evidencia que “uno de los grandes retos que enfrentan los ejercicios de control social a la contratación pública y que está relacionado con el derecho de acceso a la información, es la calidad de los datos que publican las entidades”.
También hay que destacar que hay discrepancias sobre el número real de contratos que se enmarcan dentro la emergencia decretada por el gobierno, no sólo porque las entidades públicas no están realizando el registro correspondiente de contratos suscritos a tiempo -o lo hacen de manera indebida-, sino también por errores a los que lleva el sistema de Colombia Compra Eficiente en los que, por ejemplo, a veces se contabiliza dos veces un mismo contrato.
Asimismo, partir del segundo grupo de alertas y conclusiones se pudo constatar que una vez analizados y depurados todos los datos e información disponible, se evidencia un uso mayoritario de la modalidad de contratación directa en todo el país. Alrededor del “61.9 % de los recursos invertidos para atender la pandemia fueron contratados a través de modalidad directa. Este mecanismo fue priorizado desde el inicio de la pandemia, tal como se evidenció en el seguimiento realizado en mayo del 2020, cuando se identificó que la modalidad directa ya representaba el 65.3 % del total de los contratos”; a su vez, las otras dos modalidades más usadas han sido el régimen especial y los convenios interadministrativos.
Contratar directamente no es un signo per se de corrupción, puesto que es una modalidad necesaria bajo ciertas circunstancias excepcionales, pero sí es necesario analizar detalladamente cuáles son los objetos contractuales y la idoneidad de los contratistas. De allí que Transparencia por Colombia ha podido determinar como un tercer grupo de alertas y conclusiones, que existen casos en los que se han celebrado contratos cuyo contratista no cumple con los requisitos necesarios para desarrollar las actividades y obligaciones escritas, situación a la que hay que agregarle importantes sobrecostos en los que incurren algunos contratos.
Por otro lado, en el informe mencionado se llama la atención sobre el rol que las autoridades de investigación, sanción y control han cumplido en estos casi dos años de pandemia, que en un principio se plantearon muy proactivas al haber anunciado “La Alianza Transparencia para la Emergencia”, iniciativa entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que tenía como objetivo adelantar en tiempo real un monitoreo conjunto a los recursos invertidos en contratación estatal, en la entrega de ayudas a población vulnerable, la compra de equipos de seguridad biosanitaria y la dotación de unidades de atención hospitalaria. Sin embargo, con el tiempo perdió el impulso y actualmente no es posible saber en qué etapa van los distintos procesos que cada una de esas autoridades ha adelantado en contra de agentes estatales presuntamente corruptos.
Bajo este panorama, el 2021 se consolidó como el año de la vacunación y del regreso de cierta normalidad, con lo cual hay una sensación de haber superado ya lo más duro de la pandemia e incluso pensar en su fin; todavía sigue muy presente otra pandemia, la de la corrupción, que perjudica a la ciudadanía en general, afectando los recursos públicos que literalmente pueden salvar vidas.
Para profundizar en todos estos detalles y conocer más sobre el seguimiento que Transparencia por Colombia ha hecho a la contratación y el gasto público en el marco del COVID-19, les invitamos a consultar el informe completo.
*Co-creación de TPC y Brian Alvarado Pino, Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Opinión Pública y Marketing Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, dedicado a la comunicación estratégica, el análisis político y de contexto y el relacionamiento estratégico de actores, grupos de interés y otros sectores sociales.
