Por: Stefany Guevara Cifuentes.
Sin lugar a dudas, el surgimiento del Covid-19 configuró un reto sin precedentes en la historia del país, que conllevó a que las instituciones públicas respondieran de forma imperiosa para atender la situación que se configuraba a causa del virus. De ahí que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, amparado en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, buscó la apropiación de nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación para afrontar de manera oportuna la situación.
El Gobierno informó, en 2020, que la inversión destinada para contener la pandemia ocasionada por el Covid-19 y salvaguardar la vida de los colombianos era de 117 billones de pesos, el equivalente a más del 11 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, de esta cifra se encuentra que: i) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reportó en 2021 recursos por $44,3 billones, es decir, se presenta una diferencia de $72,7 billones entre la inversión anunciada y el reporte del Ministerio, la cual radica en que los gastos anunciados corresponden a proyecciones de la inversión y no necesariamente representan el dinero que se haya ejecutado en la emergencia. ii) También se identifican diferencias entre el presupuesto anunciado y los contratos reportados, pues de los $117 billones de inversión, en las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y Tienda Virtual se reportan únicamente contratos por un monto de $5,5 billones.
Por otra parte, la declaratoria de emergencia, sustentada a su vez por medio de la Urgencia Manifiesta, permitió modificaciones a los procedimientos ordinarios de contratación estatal contenidos en la Ley 80 de 1993, facilitando que los contratos de mayor cuantía pudieran celebrarse también bajo la modalidad directa, siempre y cuando se mantuvieran los criterios de selección objetiva y uso eficiente de los recursos públicos.
El uso legítimo de la declaratoria de emergencia para la adquisición de bienes y servicios necesarios para atender la pandemia ocasionada por el Covid-19 conllevó a que se presentaran alertas sobre posibles riesgos de corrupción relacionados a la contratación pública, a saber: i) contratación bajo derecho privado; ii) falta de idoneidad de los contratistas; iii) sobre costos en la adquisición de bienes y servicios y iv) uso indebido de la excepcionalidad contractual para adjudicar procesos, sin relación con la atención de la emergencia.
Ahora bien, bajo este contexto y teniendo en cuenta que Colombia es un país que por sus condiciones geográficas no está exento de que se presenten sismos, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, inundaciones, deslizamientos, entre otros, preocupa que de configurarse alguna emergencia causada por estos eventos -o por una nueva pandemia- el país y en concreto el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres no se encuentre preparado para afrontar un escenario de esta índole. Concretamente, en lo que se refiere al manejo de los recursos y, por ende, de la contratación pública para atender las emergencias.
Por ello, se hace indispensable que, para futuras emergencias, se reporte de manera clara, unificada, accesible y actualizada periódicamente el total de recursos dispuestos por el Estado para hacer frente a la emergencia, fortaleciendo el derecho de acceso a la información pública y la transparencia presupuestal. Asimismo, que el Ministerio Público le exija a todas las entidades y sociedades de economía mixta que ejecuten recursos para la atención de las emergencias, que publiquen toda la información contractual de los bienes y servicios adquiridos en el SECOP; para así mitigar riesgos de corrupción asociados a la opacidad contractual.
Para conocer más detalles alrededor del monitoreo a la contratación pública destinada para atender la pandemia del Covid-19 que Transparencia por Colombia realizó, les invitamos a consultar el informe completo en este enlace.
