Por: Ángela Zarama
Opinión- 29 de noviembre de 2024
Hace un par de meses nos encontrábamos sintonizando los Juegos Olímpicos 2024, en los que vimos cómo deportistas altamente preparados batían récords mundiales. Este es el caso del sueco Armand Duplantis, que subió la vara a 6.25 metros en la categoría de salto con garrota. Mientras tanto, en Colombia, acabamos de presenciar una situación similar tras la decisión de la Corte Constitucional frente a la Ley 2273 de 2022, a través de la cual se ratifica el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo busca fomentar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pero, ¿qué tanto nos hemos estado preparando para esta nueva vara en Colombia?
Es bien sabido que el Acuerdo de Escazú ha recorrido un largo camino institucional. Este fue adoptado por 25 países el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica; fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019; y fue presentado al Congreso de la República el 20 de julio de 2020. Allí transitó el proceso de debate legislativo hasta su aprobación el 10 de octubre de 2022 y fue sancionado por Presidencia el 5 de noviembre del mismo año. Desde entonces, entró en revisión por parte de la Corte Constitucional, proceso que culminó el 28 de agosto de 2024. Después de seis años desde su adopción, la ratificación del Acuerdo de Escazú coincidió con la conmemoración del décimo aniversario de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, normativa que —para continuar con la analogía olímpica— ha venido marcando la vara frente a los estándares de garantía de este derecho.
El derecho de acceso a la información, que tanto el Acuerdo de Escazú como la Ley 1712 de 2014 buscan proteger, es un derecho “llave” o “puente” que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es por esto que desde Transparencia por Colombia —y en el marco del Programa Juntos por la Transparencia de USAID—, realizamos un balance sobre el acceso a la información en el sector ambiental en Colombia, que está próximo a salir. Este ejercicio buscó identificar los principales avances y debilidades del sector en este tema, enfocándonos en la normativa y los avances institucionales de ocho entidades priorizadas. Encontramos que permanecen varios retos a nivel institucional para la materialización efectiva de la Ley 1712 de 2014, así como un vasto desarrollo normativo en relación al acceso a la información ambiental. Entonces, ¿qué trae Escazú para avanzar en la garantía del acceso a la información en el país?
- El Acuerdo de Escazú incluye la definición de información ambiental en el marco normativo colombiano y cobija todo tipo de información asociada con el medio ambiente. Esto supone un avance importante frente a tratados previos como el Acuerdo de París de 2015 o la Convención de Río de Janeiro de 1992, que se enfocaban en una temática específica.
- Incluye la necesidad de desarrollar mecanismos para la entrega de información ambiental a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, considerando las diversas lenguas usadas en el país. Esto implica un gran reto para la institucionalidad, ya que tenemos una gran diversidad lingüística de alrededor de 70 lenguas en Colombia. Sin embargo, es menester avanzar en esta línea pues ello podría fortalecer la participación de grupos étnicos en asuntos ambientales.
- Busca generar mecanismos que faciliten la consulta de la normativa nacional e internacional sobre el medio ambiente, la cual resulta ser bastante dispersa en el país. Al menos, 22 normas nacionales y 23 acuerdos y tratados internacionales adoptados por Colombia se encuentran relacionados con el acceso a la información en el sector ambiental, por lo que el seguimiento ciudadano al cumplimiento de la misma es bastante dispendioso y complejo.
- Promueve la elaboración de informes sobre el estado del medio ambiente y el conocimiento público de dichos informes. Sin embargo, una de las lecciones aprendidas con la implementación de la Convención de Aarthus —la antecesora de Escazú en la Unión Europea— es la necesidad de respaldar esto con un apoyo presupuestal suficiente para su difusión, para así lograr su cometido.
- Incentiva la creación de medidas para garantizar el acceso a la información de interés público generada por actores privados. Valga la pena resaltar que el sector privado juega un papel fundamental tanto para la producción de datos sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, como para la lucha contra la corrupción en el país.
Ahora bien, ¿estamos listos para esta nueva vara? El gobierno nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 la creación de una Comisión Interinstitucional para la implementación de Escazú. Sin embargo, llegó la hora de cumplir con este compromiso. Para ello, la implementación debe tener en cuenta, como mínimo, un enfoque territorial que favorezca la adopción de los nuevos requisitos por parte de las entidades públicas que tienen capacidades limitadas a nivel local. Además, debe desarrollar una estrategia nacional que facilite la divulgación de la información ambiental en formatos alternativos y en diversas lenguas.
Esto constituye un gran reto para el país, teniendo en cuenta la inmensa variedad de dialectos y las barreras estructurales que persisten, como el analfabetismo y el escaso acceso a servicios de internet en regiones altamente biodiversas. Además, no se pueden dejar de mencionar los retos para la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, considerando que nos posicionamos por segundo año consecutivo como el país con el mayor número de líderes ambientales asesinados.
Tal y como sucede con los atletas olímpicos, superar nuevos retos requiere de preparación y apoyo. El Acuerdo de Escazú generó nuevos estándares cuyo cumplimiento nos exige unir esfuerzos desde distintas orillas. Esto no será posible sin un liderazgo que garantice que el apoyo político se traduzca en medidas concretas de respaldo presupuestal y de coordinación interinstitucional. En materia de acceso a la información se debe elaborar un plan que reúna, como mínimo, al gobierno nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la sociedad civil y al sector privado. Asimismo, el país podría apoyarse en la experiencia de algunos países de la región, así como en la implementación del Convenio de Aarthus en la Unión Europea, para generar acuerdos que nos permitan esbozar una ruta clara de implementación.
Sin lugar a duda nos subieron la vara, ahora el reto consiste en consolidar los primeros pasos para materializar el Acuerdo de Escazú y esto requiere de un compromiso que va más allá de un gobierno.
