Por: Transparencia por Colombia.
Transparencia por Colombia, durante los últimos años, se ha comprometido en profundizar la comprensión de la relación entre el acceso a recursos para la actividad político electoral y la corrupción política. Por eso, ha hecho seguimiento a la información registrada sobre el origen, monto y destinación de los recursos para el financiamiento de la política, el comportamiento de la criminalidad electoral en el país y las barreras que afectan la participación efectiva de las mujeres en política.
Con el fin de promover la discusión entre actores que hacen parte del sistema político electoral y tienen responsabilidades en la toma de decisión que le permiten al país avanzar en la integridad política, el pasado 1 de junio se llevó a cabo el evento “Evento multisectorial: reformas prioritarias para la integridad política”, un espacio de diálogo en el que se presentaron los resultados obtenidos tras el análisis de los certámenes electorales, la identificación de los retos que se han enfrentado a lo largo de más de una década de análisis del sistema político electoral y los resultados de las discusiones vigentes en Congreso.
La primera expositora fue Yolima Carrillo, Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado, quien destacó la importancia de la articulación y generación de consensos frente a la financiación política entre las entidades, actores públicos y partidos políticos, así como otros actores intermedios regidos por regulaciones especiales, éticas y morales.
En su intervención, resaltó que la financiación privada de las campañas es una forma legítima de participación electoral, sin embargo, puede convertirse en un obstáculo, cuando no se respetan los límites fijados por la normativa colombiana, lo que genera una distorsión en las garantías, y la equidad para acceder al poder. “En Colombia faltan herramientas para hacer seguimiento a la financiación política en tiempo real. Teniendo en cuenta las complejidades en las elecciones territoriales, esto puede generar riesgos que favorecen la comisión de delitos de corrupción electoral” Resaltó.
La segunda intervención, la realizó Aura Helena Peñas, Directora del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), quien se centró los delitos e irregularidades electorales. Para ello, realizó una exposición pedagógica con el fin de caracterizar el mundo de la criminalidad electoral a través del daño que causa a la democracia y al sistema político y social.
Los delitos electorales afectan el debate público al alterar los liderazgos democráticos y la representación política, así como el reconocimiento de las identidades culturales, diversidades políticas, ideológicas y sociales.
La tercera intervención, a cargo del equipo de Transparencia por Colombia, tuvo como propósito acercarse a las reformas prioritarias para la integridad política. Este espacio inició con la exposición de Sandra Martínez, Directora Programática de Iniciativas Sistema Político y Estado, quien dio a conocer los riesgos existentes en la financiación de la política, cómo las irregularidades en el origen, monto y la destinación de los recursos que puede llevar a la corrupción en la gestión administrativa y la captura de la designación de los recursos públicos, la aprobación de leyes y el funcionamiento de las instituciones.
Posteriormente, Juan David Hincapié, Coordinador Línea Sistema Político, presentó un análisis sobre la Política Criminal Electoral y los retos existentes para su implementación: avanzar en el cumplimiento del reporte en tiempo real de la información de ingresos y gastos de campañas como lo estipuló la resolución 8586 de 2021 del CNE y mayor coordinación y fortalecimiento de capacidades de prevención, monitoreo, control y sanción
Diana Romero, Coordinadora Agenda Legislativa Anticorrupción, realizó una intervención recopilando cómo se ha dado la discusión sobre reformas que impacten el sistema político electoral en el Congreso. El principal hallazgo identificado en el trámite legislativo de iniciativas que pueden tener un impacto en la integridad política, es que los proyectos propuestos no impactan a las debilidades del sistema, los proyectos novedosos no cuentan con apoyo para finalizar el trámite, no existen espacios de diálogo para revisar iniciativas presentadas lo que genera que se presenten los mismos textos en cada legislatura sin consultar con otros congresistas o actores relevantes para fortalecerlo y aumentar la probabilidad de que sea aprobado.
Finalmente, la jornada culminó con tres mesas de trabajo en la que los actores construyeron una matriz para identificar: posibles soluciones, actores involucrados, plazos, condiciones y barreras para la adopción de estrategias enfocadas atender dos problemas asociados a la financiación de campañas. Esto, teniendo en cuenta las barreras de acceso que han experimentado candidatos, candidatas y organizaciones para acceder a los anticipos de recursos públicos, así como las intervenciones realizadas en la jornada.
