Preocupación por la afectación que ha generado en la garantía del derecho de acceso a la información pública la extensión en los tiempos de respuesta que impuso el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 a los derechos de petición.
Atendiendo la invitación de la Corte Constitucional a conceptuar sobre la relación entre corrupción y afectación a los derechos de los NNA indígenas de La Guajira, este memorial está dividido en tres partes.
Desde Transparencia por Colombia y Dejusticia rechazamos categóricamente los hechos intimidatorios, y hacemos un llamado urgente a la institucionalidad estatal a proteger a los líderes sociales de la isla, quienes representan los intereses de la comunidad raizal, y a emprender acciones para que las autoridades nacionales propendan por la protección de la vida de estos ciudadanos.
Consideramos que la transgresión del derecho fundamental de acceso a la información pública es un nicho generador de corrupción. Por este motivo, promovemos su respeto en todos los ámbitos de la administración pública y privada. Así, remitimos a la Honorable Corte Constitucional nuestra intervención a manera de amicus curiae en relación con el expediente T-8298253, con base en el seguimiento institucional y las investigaciones adelantadas por Transparencia por Colombia.
El seguimiento realizado por Transparencia por Colombia a la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020, muestra vacíos importantes en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación de la comunidad local
