Este tipo de corrupción corresponde a la reproducción de distorsiones en la etapa de la implementación y ejecución de leyes, reglas y regulaciones adoptadas a nivel institucional. Intervienen en este tipo de corrupción autoridades públicas, servidores públicos, proveedores del Estado, contratistas, gremios y ciudadanos del común interesados en alterar procesos administrativos para:

• Apropiarse de recursos públicos, sobre todo de recursos económicos a través de los procesos de contratación pública.
• Buscar favorecimientos particulares a través de decisiones públicas como exención de impuestos y cobros (valorizaciones, plusvalía urbana, etc.) o ser beneficiarios de programas sociales, sin cumplir los criterios de selección para los mismos.
• Vinculación de familiares y amigos a la burocracia estatal que no cumplen los requisitos de mérito y perfil.

La corrupción política es aquella que da cuenta de la violación de deberes posicionales para el beneficio personal, en donde por lo menos una de las partes involucradas ha de cumplir un cargo de carácter político o público. Puede ser un dirigente electo por voto popular o un funcionario, el responsable de un partido político, o un miembro de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, etc. Igualmente puede ser un agente corrupto el ciudadano que vende su voto a cambio de una compensación económica o de otro tipo”. En resumen, los actos de corrupción política son aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de una función de carácter político, con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza [1]

1] Malem, Seña Jorge F, La Corrupción Política. LAPORTA Francisco y Álvarez Silvina (Eds.) Alianza Editorial 1997

Se puede entender como los comportamientos desviados de los centros de poder y de decisión en las empresas en beneficio de los administradores, empleados o personas cercanas a ellos, en detrimento de los intereses privados y colectivos de la empresa y en contra de las reglas que amparan el sistema de libre competencia.[1]

[1] Valderrama y Rodríguez, 2015

Consiste en los comportamientos en los que un funcionario judicial decide, en el marco de un proceso, con violación del principio de imparcialidad (como equidistancia) en beneficio de una de las partes y/o de sí mismo. [1]

1] Fundación para el Debido Proceso Legal. 2007. Controles y descontroles de la corrupción judicial. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/24329.pdf