La Corporación REGIÓN para el Desarrollo y la Democracia es una organización de la sociedad civil creada en enero de 1990 con el propósito de trabajar por la promoción, garantía y exigibilidad de los derechos humanos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la equidad de género y la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz 1. Entendemos la democracia como una forma de organización del poder público en la sociedad y como un marco de relacionamiento de los sujetos y trabajamos para que la transparencia y la rendición de cuentas sean constitutivas de la gestión pública en el país y condición imprescindible para la garantía de derechos[1].
En un Estado Social de Derecho la financiación de las campañas electorales debería desarrollarse bajo los principios de la rendición de cuentas y la transparencia. Por ello Transparencia por Colombia nos invitó a hacer parte de la Alianza para el Control Ciudadano, iniciativa de Transparencia por Colombia junto con siete organizaciones del resto del país para hacer seguimiento a la financiación de las campañas electorales a la Cámara de Representantes en el departamento de Antioquia y de la Coalición Partido Político Mira y Partido Político Colombia Justa Libres al Senado, en 2022.
En las elecciones de 2022, 217 candidatos/as se lanzaron a la Cámara por Antioquia y 158 (73%) reportaron ingresos y gastos, lo que podría llevar a concluir que en Antioquia las elecciones se caracterizan por la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, ¿qué tan real es esta transparencia? ¿Cómo fue realmente este financiamiento de las campañas y su rendición de cuentas?
Seguimiento
Del total de candidatos, escogimos 34 para Cámara de Representantes y 6 al Senado según criterios acordados con Transparencia por Colombia: ser cabeza de lista; ser cabeza de lista y repitente; nuevos liderazgos de mujeres; candidatos repitentes en las listas que fueron elegidos en la campaña anterior a Cámara, énfasis en mujeres repitentes; candidatos que estuvieron en el Concejo o Asamblea del territorio y participan para elecciones a Cámara; candidatos cuestionados por investigaciones, notas de prensa; heredero; fórmula senado; cinco candidatos de las dos listas de partidos políticos que tuvieron una mayor votación en las elecciones legislativas de 2018; tres candidatos de las listas de los restantes partidos políticos, coaliciones o movimientos políticos inscritas para las elecciones de 2022.
Estas fueron las 40 candidaturas seleccionadas:
Para diciembre de 2021 registramos un avance parcial en el reporte de ingresos y gastos del total de candidatas/os a la Cámara de representantes en el departamento de Antioquia. El 10 de marzo de 2022, Antioquia era una de “las regiones en donde menos candidatos han cumplido con el registro periódico de ingresos y gastos para sus campañas a la Cámara de representantes (…) menos del 30% de las candidaturas han registrado información sobre su financiación de campaña” (TPC, 2022, p. 7).
El seguimiento se definió a partir de las fechas de corte en las que cada candidata/o debía registrar información en el aplicativo: 6, 18 de febrero y 7 de marzo. Cuentas Claras fue la herramienta más usada para hacer el seguimiento, pues facilita a las organizaciones políticas y candidatos la rendición de cuentas y el registro es obligatorio. Aun así, la herramienta es poco conocida y en principio puede ser confusa, porque para consultar los reportes de gastos exige llenar varios filtros y esto demanda conocimiento sobre procesos electorales, tipos de corporación, circunscripciones, entre otros, a quien quiera hacer la consulta. Además, la disposición de la información y el formato PDF fragmenta y dificulta la consolidación de los datos. Sin embargo, una vez familiarizados con la herramienta la búsqueda se hace sencilla y el aplicativo “amigable”.
Adicionalmente, recurrimos a una herramienta de Excel, diseñada desde TPC, para consolidar la información reportada de la revisión del aplicativo. El Excel permitía reportar o vaciar allí los datos de cada uno de los candidatos seleccionados para el seguimiento, según ingresos, gastos, fuentes de financiación y gastos de publicidad. También revisamos el sitio web construido por TPC, mediante el aplicativo power.bi, una herramienta de uso fácil que permite presentar y acceder de forma rápida a la información consolidada de los datos de financiación en la campaña electoral al Congreso en 2022.
También realizamos seguimiento en redes sociales, web y observación en campo a propaganda electoral, actos públicos y sedes de campaña y entrevistamos a un candidato a la Cámara sobre la financiación de su campaña y su opinión frente al aplicativo Cuentas Claras, y a una representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) Antioquia, para contrastar la información recolectada.
Hallazgos
Según género, el 56% de candidatos a la Cámara son hombres y el 43,7% son mujeres. Sobre el total de ingresos de las campañas electorales, el 77% (11.695.632.231 pesos) corresponde a hombres y el 23%, (3.590.142.416) a mujeres. Con relación al total de los gastos de las campañas electorales a la cámara por Antioquia, el 76% (11.536.261.186 pesos) corresponde a hombres y el 24% (3.567.102.518), a mujeres. Así, las campañas de los hombres son más costosas y triplican en ingresos y gastos los costos de las campañas de las mujeres.
En los 18 representantes elegidos a la Cámara por Antioquia, incluido el de Comunes, la representación de las mujeres es ligeramente mayor que en el período 2018-2022, pasando de 3 (16,7%) a 4 (23,5%), pero aún lejos de la paridad: el Centro Democrático mantiene la representación de una mujer, el partido Liberal gana una y el Pacto Histórico concentra la mayor representación con dos mujeres.
De los elegidos, solo cuatro repiten (23,5%): uno del partido Liberal, dos del Centro Democrático y uno de la coalición Cambio Radical– Colombia Justas Libres–Mira. Los 13 restantes (76,5%) llegan por primera vez a esta instancia y para varias/os es su primera vez en política.
Tabla 1: distribución de los representantes antioqueños, por partido/movimiento/coalición
Fuente: Elaboración propia.
La renovación de la Cámara es parcial. Si bien hubo nuevos/as representantes a la Cámara, e incluso algunos llegaron sin experiencia o trayectoria política —como es el caso de Susana Gómez Castaño del Pacto Histórico, joven música que se dio a conocer en el paro nacional del año 2021, o Luis Miguel López del Partido Conservador, respaldado por el también primíparo movimiento religioso Mariano Unión Familia—, algunos de los candidatos elegidos están vinculados con caciques políticos de sus regiones o municipios. Por ejemplo, los tres representantes electos por el partido Conservador llegan a la Cámara por primera vez, pero como fórmula de senadores con trayectoria y/o maquinarias electorales.
Con respecto al período legislativo 2018-2022, Antioquia perdió un representante. Los partidos y alianzas más afectados fueron los de centroderecha con la pérdida de cinco curules entre el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U. En cambio, los de centroizquierda, Pacto Histórico, Alianza Verde y Centro Esperanza, pasaron de una a seis curules, aunque el partido Dignidad perdió su representación. Los liberales y conservadores lograron mantener la misma representación y Cambio Radical obtuvo una curul, pero en alianza con Colombia Justas Libres y Mira.
De los 34 candidatos a Cámara a quienes hicimos seguimiento, once fueron elegidos y de los 6 candidatos al Senado a quienes hicimos seguimiento, tres obtuvieron una curul.
En la primera revisión de rendición de cuentas, solo 6 (17,6%) de los candidatos a la Cámara registraron información en la plataforma Cuentas Claras, en contraste con el 83% de candidatos al Senado que sí publicaron la información. Los reportes son de los aspirantes de los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, la Coalición Cambio Radical-Mira-Colombia Justa Libres. De los candidatos del Centro Democrático, La U, Comunes, Pacto Histórico y Centro Esperanza no se encontró reporte a la fecha. Así, el 17% de los 34 candidatos había registrado información en el aplicativo. Para la segunda revisión, todos los candidatos a quienes hicimos seguimiento[2] reportaron información en Cuentas Claras:
Tabla 2: Seguimiento rendición de cuentas
Fuente: Elaboración propia.
A pesar de que el 100% haya reportado información, los reportes no están correctamente diligenciados o están incompletos, sin firmas del candidato, del contador o gerente de campaña. Según el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia (2022) a la fecha de presentación del informe de gestión del mes de Marzo (TSGVE Antioquia – 0269- 2022), no tenían información registrada del total de candidatos a la Cámara por el departamento de Antioquia. Hasta el 31 de marzo de 2022, 17 candidatos continuaban sin reportar información o con reportes incompletos (Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia, 2022, p. 51-52).
Tabla 3: Ingresos reportados en Senado y Cámara, según seguimiento a 40 Candidatos en Antioquia
Fuente: Elaboración propia, con información de Cuentas Claras.
Se puede concluir que la mayor fuente de ingresos proviene de contribuciones, donaciones o créditos hechos por particulares. Para la campaña al Senado esta fuente alcanza el 82% del total de los ingresos, mientras que en Cámara resaltan también los aportes propios y/o de familiares con 38,8%. En cambio, acudir a un crédito con entidades financieras no es usual ni para las campañas al Senado ni a la Cámara.
Los partidos o movimientos no han incursionado en el diseño de estrategias o actividades lucrativas, pues ninguna reporta ingresos de esta fuente, pero tampoco se financian con recursos estatales. Llama la atención el bajo nivel de transferencia de recursos de los mismos partidos, que solo alcanzó un 4,5% del total, y solo los Partidos de la U y el Centro Democrático aportaron a tres de sus campañas a Cámara.
También es importante señalar que el 22.5% de las campañas (8 candidatos en Cámara y un candidato en Senado) superan los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Este dato es interesante porque, según el artículo 25 de la ley 1475 de 2011, las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a 200 salarios mínimos legales mensuales originados en fuentes de financiación privada deben tener sus libros de ingresos y gastos de campaña, un gerente de campaña, un contador y una cuenta única bancaria. Según el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Antioquia (2022) 20 candidatos pasaron los 200 SMMLV y 102 candidatos no sobrepasaron este monto.
El gasto de las campañas.
El mayor gasto de las campañas fue en propaganda electoral (siendo este un poco mayor en el Senado), seguido de administración, porcentaje más alto en las campañas a Cámara que en la del Senado.
Todas las campañas invierten dinero en actos públicos y en logística (servicios de transporte y correo) en porcentajes muy cercanos y ninguna campaña reporta gastos de capacitación e investigación política o de rendición de cuentas, judiciales. Tampoco reporta haber superado las sumas fijadas por el Consejo Nacional Electoral.
Tabla 4: Gastos reportados en Senado y Cámara, según seguimiento a 40 Candidatos en Antioquia
Fuente: Elaboración propia, con información de Cuentas Claras.
¿Los que más gastaron fueron los que quedaron elegidos? Aunque hay candidatos de recursos limitados que quedaron elegidos, contar con más recursos aumenta la probabilidad de ser elegido. Todos los candidatos no elegidos a quienes hicimos seguimiento reportan gastos por menos de 200 millones de pesos.
Tres candidatos elegidos, dos de ellos repitentes, estuvieron en el rango de gastos de entre 400 y 500 millones de pesos: María Eugenia Lopera, Mauricio Parodi (Coalición Cambio Radical-Colombia Justa Libres-MIRA) y Oscar Darío Pérez Centro Democrático). Mientras que Luis Carlos Ochoa Tobón (Liberal), Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático), Elkin Rodolfo Ospina (Alianza Verde) y Daniel Carvalho (Centro Esperanza), reportaron gastos entre 100 y 300 millones; con menos de 100 millones en gastos, aparecen Susana Gómez Castaño y Luz María Múnera, ambas del Pacto Histórico.
Los siete candidatos a la Cámara por Antioquia con mayores gastos resultaron elegidos. La campaña más costosa fue la de David Alejandro Toro, con 757.592.967 pesos; seguida de Daniel Restrepo, con 730.905.294, y Andrés Felipe Jiménez, con 651.450.000. En cuarto lugar, Mauricio Parodi, con 638.655.250, y quinto Julián Peinado, con 622.814.373. Finalmente, Oscar Darío Pérez, con 538.370.729, y María Eugenia Lopera, con 530.287.872.
En una mirada global por partidos, los cinco candidatos del Partido Liberal fueron de lejos los menos austeros, seguidos por el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Finalmente, hay gran diferencia con los partidos que menos ingresos y gastos reportaron y que no obtuvieron representación en la Cámara: Comunes (2,66% y 1,14% en relación con los ingresos y gastos de 5 candidatos del partido liberal, respectivamente) y Salvación Nacional (6,26% y 3,90% con igual referencia).
Tabla 5: Ingresos y gastos agrupados según partidos
Fuente: Elaboración propia, con información de Cuentas Claras.
Se debe señalar que el 50% de los 34 candidatos a quienes hicimos seguimiento reportan aportes propios, mientras que el 35% no reporta origen de sus ingresos y el restante 15% identifica aportes en especie o crédito de cónyuge. Adicionalmente, el mayor porcentaje de los aportes proviene de personas particulares con montos entre 500.000 y 50.000.000 pesos. Solo se encuentran ocho empresas entre los tres principales aportantes de cada campaña con montos entre 3.000.000 y 80.000.000, con excepción de una donación/crédito a la campaña de David Alejandro Toro por valor de 600.000.000 pesos, por parte de BRANDS AD BUSINESS S.A.S. Esta es donación más alta de todas las campañas, aunque no sobrepasa topes definidos por el CNE.
Aprendizajes
Queda la sensación de que no todo el dinero que ingresa a las campañas se reporta, pero es difícil comprobarlo. Además, fue una contienda desnivelada para las mujeres, hay una gran diferencia entre los ingresos y gastos de hombres y mujeres. Esto da cuenta de que nuestro sistema electoral requiere una reforma que lo haga más equitativo, que facilite la redistribución de recursos con mayor equidad y que garantice condiciones para una mayor participación de las mujeres en la política.
Como aprendizaje queda el hecho de que este es un ejercicio que toma en cuenta nuestro acumulado y que nos ha permitido abrir nuevos campos de investigación, reflexión y articulación, en particular, para realizar el seguimiento a la financiación de campañas en alianza con otras organizaciones, lo cual consideramos que es mucho más potente y productivo.
Como organización valoramos las acciones de seguimiento impulsadas por TPC y la Alianza para el control social, la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas en el sistema democrático. Esto, porque a pesar de que la ley exige a los candidatos reportar sus ingresos y gastos en campaña y de que existe un marco normativo con uno de los regímenes de financiación política más restrictivos de Latinoamérica (MOE, 2016), no hay eficacia en el cumplimiento de las normas. Según la Moe (2016), “este es el momento en el que no se encuentra una fórmula reglamentaria idónea para garantizar la transparencia de recursos que se mueven en las campañas electorales” (MOE, 2016, p. 5).
Lo anterior, debido a falta de control y de capacidad de las instituciones para hacer efectivas las disposiciones en materia de financiamiento político, lo complejo que puede resultar el reporte al Consejo Nacional Electoral por parte de los candidatos y lo confuso que puede resultar para la ciudadanía la consulta de información en los mecanismos dispuestos para esto, entre otras causas.
No basta con rendir cuentas, es necesario que la información sea pública, completa, veraz y de fácil acceso para la ciudadanía. Estos factores inclinan la cancha y desnivelan la competencia electoral, haciendo que, en palabras de Henry George, “el gobierno popular se[a] un fraude mientras las elecciones se ganen utilizando el dinero y no puedan ganarse sin él” (Garton, 2015).
Referencias:
[1] Un recorrido por dichos espacios, nos muestra como entidad fundadora (1996) en compañía de otras organizaciones, de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín y de la que actualmente somos codirectores con la Federación Antioqueña de ONG; hacemos parte de los fundadores y del consejo de la Veeduría Todos por Medellín, creada en el 2020 con el propósito de promover la participación ciudadana y vigilar la gestión del conglomerado público[1] del Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el corto, mediano y largo plazo; por último, hicimos parte de ONG por la Transparencia (embrión del Movimiento Ciudadano Anticorrupción) y hasta el 2021 y durante cinco (5) años, participamos de la plataforma SEPA (Alianza para el Seguimiento a la Participación Política en Antioquia).
[2] Inicialmente se definió el seguimiento a 40 candidatos; sin embargo, no se encontraron reportes de una candidata a la Cámara, la cual estaba inscrita por el Partido Alianza Verde, y que tampoco fue posible consultar su información en la plataforma Cuentas Claras ya que no aparece.