Bogotá D.C., agosto 3 de 2018

Para Transparencia por Colombia es preocupante que ninguna de las anunciadas investigaciones por el presunto financiamiento ilegal por parte de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales del 2014 haya prosperado, como lo indica la reciente decisión de los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, de archivar la investigación en contra de la campaña de Juan Manuel Santos del 2014. La investigación contra la campaña de Oscar Iván Zuluaga fue igualmente archivada en octubre de 2017.

Los aportes a campañas presidenciales de empresas extranjeras están prohibidas por la ley 1475 de 2011 y generan el grave riesgo de obtener favores futuros, contratos o incidir indebidamente en la formulación de políticas y normas. Este tipo de situaciones seguirán ocurriendo y siendo un grave y silencioso factor de corrupción en Colombia, a menos de que se apliquen sanciones ejemplares.

Archivar estas investigaciones aumenta la frustración ciudadana y es una señal en contravía de los avances institucionales y normativos de la lucha anticorrupción logrados en años recientes. “Requerimos con urgencia una reforma política que frente a hechos como este garantice la transparencia y ponga límite a los excesos de la financiación de la política”, afirma Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Odebrecht debe resarcir el daño social causado

Sumado a lo anterior, se conoció esta semana que Odebrecht demandó en tribunales internacionales al Estado colombiano por 3.8 billones de pesos bajo el concepto de expropiación ilegal. Desde Transparencia por Colombia celebramos que la Procuraduría General de la Nación se haya pronunciado de manera rápida y oportuna sobre este hecho. Vencer esquemas que permitan que existan casos como el de Odebrecht solo será posible con una institucionalidad anticorrupción robusta y colaborativa, donde los órganos de control generen investigaciones y sanciones efectivas a los actores involucrados en hechos de corrupción, para que situaciones como estas no queden en la impunidad.

“Esperamos que la demanda no prospere y que la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional Jurídica del Estado y otras entidades competentes exploren además las medidas jurídicas que lleven a que Odebrecht pague por el daño social causado por hechos de corrupción en nuestro país”, afirma Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Reparar el daño social causado por hechos de corrupción como los provocados por Odebrecht en Colombia permitirá que quienes realicen estos actos, no solo sean sancionados con penas punitivas y con la recuperación de los activos sustraídos al Estado, sino que hagan un resarcimiento material e inmaterial del daño que esta ilegalidad causó en la sociedad.

Sobre Transparencia por Colombia:

La Corporación Transparencia por Colombia -TpC-, capítulo nacional de Transparency International, nace en 1998 como respuesta de la sociedad civil colombiana a un escenario político complejo, por la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública y en el debilitamiento de la democracia. Desde entonces, TpC ha liderado desde la sociedad civil la lucha contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia.

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