Comunicado de Prensa 006-2020
- A pocos días de conmemorar el día internacional anticorrupción, Transparencia por Colombia publica el “Segundo Informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno Nacional en Materia Anticorrupción”.
- El informe destaca acciones técnicas asociadas a la sanción de nuevas normas y la puesta en marcha de nuevas herramientas de información, pero alerta sobre la falta de avance en temas estructurales como la transparencia del sistema político y la protección de derechos fundamentales para el control ciudadano.
- La corrupción sigue estando presente en los desafíos más importantes que enfrenta el país: desde la movilización ciudadana hasta la atención a la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
- Se propone retomar acciones clave para los dos años restantes de gobierno, incluyendo la divulgación de un nuevo Estatuto de Contratación Pública y la eliminación de restricciones al acceso a la información pública.
Diciembre 2 de 2020. Bogotá D.C. Como antesala a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción del próximo 9 de diciembre, Transparencia por Colombia presenta el segundo informe de seguimiento a las iniciativas anti corrupción lideradas por el Gobierno Nacional. Este informe analiza las acciones realizadas en esta materia entre agosto de 2019 y agosto de 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, así como algunas iniciativas complementarias realizadas en meses recientes.
El informe identificó y analizó 102 acciones del gobierno nacional realizadas durante este periodo. Dentro de ellas, se destacan avances importantes en medidas de carácter técnico, como la aprobación de nuevas leyes asociadas a temas de la Consulta Popular Anticorrupción del 2018*; la puesta en marcha de sistemas de divulgación de información para visibilizar los conflictos de interés de funcionarios públicos, así como para visibilizar la contratación pública realizada para atender la emergencia sanitaria*; y el avance en iniciativas como la Red Institucional Anticorrupción (RITA) orientada a coordinar la denuncia sobre posibles hechos de corrupción en distintas entidades públicas del país.
A pesar de estos avances asociados a la creación de nuevas normas e iniciativas institucionales, el informe alerta respecto al bajo nivel de avance en aspectos de carácter más estructural, en particular la ausencia de iniciativas de reforma política y de financiamiento de partidos y campañas electorales; y sobre las graves afectaciones al derecho a la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, que son condiciones fundamentales para ejercer control al ejercicio del poder en el país.
El informe llama la atención sobre el contexto del periodo analizado, marcado por la movilización ciudadana y la atención a la emergencia sanitaria, pues la corrupción ha sido un tema transversal: por un lado, la falta de avances luego de la Consulta Anticorrupción fue uno de los temas que motivó la movilización ciudadana del Paro Nacional de noviembre de 2019 y dio paso a la Conversación Nacional; y por otro, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo.
Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “el 2020 ha sido un año de enormes desafíos, agravados en muchos casos por hechos de corrupción. En este escenario, las medidas técnicas son importantes porque contribuyen mejorar las herramientas para enfrentar la corrupción, aunque no son suficientes”. “Resulta necesario abordar de manera más decidida reformas de fondo, varias de las cuales se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, y seguir fortaleciendo las capacidades del Ejecutivo para prevenir y actuar contra la corrupción, en pleno respeto de la independencia y separación de poderes”, agregó Hernández.
El informe indica que solo el 34% de las acciones analizadas corresponden a iniciativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. También alerta sobre la necesidad de lograr mayor articulación entre instancias del Poder Ejecutivo, pues las 102 acciones analizadas involucraron un alto número de dependencias*, pero no estuvieron acompañadas de mejoras sustanciales en los mecanismos de coordinación.
Tareas pendientes para los dos años de gobierno faltantes
Para dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados por el Gobierno Nacional en la materia, así como responder a desafíos de contexto generados por la constante presencia de la corrupción en el país, el informe indica que resulta prioritario avanzar en aspectos como:
- Retomar y revisar las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y culminar la elaboración de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacía un Estado Abierto.
- Retomar la iniciativa respecto a una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; y avanzar en la implementación de la Política Criminal Electoral.
- Presentar a la discusión pública el proyecto de nuevo Estatuto de la Contratación Pública anunciado en el marco de la Conversación Nacional, y reducir los regímenes especiales de contratación.
- Continuidad el fortalecimiento de la Agencia Nacional Contratación Colombia Compra Eficiente, y acelerar la consolidación de SECOP II.
- Continuar con el fortalecimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecer el control sobre los conflictos de interés en el empleo público.
- Iniciar una apuesta transversal de transparencia presupuestaria estatal, a partir de la publicación de la información clara y completa sobre los recursos para la atención de la Emergencia COVID-19.
- Eliminar las restricciones impuestas por el Decreto 491 de 2020 al derecho de acceso a la información pública, con el fin de garantizar los tiempos de respuesta a solicitudes de información establecidos en la Ley 1712 de 2014.
El informe destaca también el proyecto de ley 341 de 2020 recientemente radicado por el Gobierno Nacional y que reúne un conjunto de acciones innovadoras para la lucha contra la corrupción, en particular respecto a protección a denunciantes de corrupción, creación del registro de beneficiarios finales, y medidas para la reparación de daños causados por actos de corrupción. En los próximos días, Transparencia por Colombia publicará observaciones al proyecto de ley.
Más información a prensa:
comunicaciones@transparenciaporcolombia.org.co Cel. +57 301 206 75 10 | Maria Paula Rincón
*1 La Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 que prohíbe la casa por cárcel para los sancionados por corrupción, y reglamenta las inhabilidades para contratar con el Estado; la Ley 2013 de 2019, la cual hace obligatoria la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses de todos los funcionarios públicos; y la reglamentación de la Ley 2022 de 2020, la cual recoge la adopción de pliegos tipo para los procesos de contratación de obras públicas.
*2 El aplicativo Control Ciudadano COVID-19 y la creación del Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19.
*3 Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Secretaría de la Transparencia, nueve ministerios o
departamentos administrativos, y otras entidades y agencias adscritas.
